La prioridad, proteger a los menores

UN CERTIFICADO DE penales, eso es lo que tendrán que presentar desde ya todas las personas que trabajen con niños en cualquiera de las actividades de ocio y tiempo libre que desarrolle la Junta de Castilla y León.

Una medida que desde el Ejecutivo autonómico se adopta después de que la legislación prohíba que los condenados por delitos sexuales puedan participar en este tipo de iniciativas.

Con ella no se trata de prejuzgar a nadie, ni de poner en entredicho el trabajo que pudiera o no llegar a desempeñar. Ni siquiera se pone en duda el derecho a la reinserción social que le asiste a todo condenado. Es una medida de protección de los menores, que debe de ser una prioridad y está por encima de todo.

Desde la Junta, su director general de Juventud, Eduardo Carazo, precisa que lo que se busca es dar una «mayor seguridad» a los padres. Bienvenida sea esta seguridad, pero la base de todo pasa por la protección de los más pequeños. Lo que se busca, y con buen criterio, es dejar constancia de que las múltiples actividades que se ofrecen aportan todas y cada una de las garantías necesarias para su perfecto desarrollo.

Es, en definitiva, una medida más, quizás la de mayor importancia y relevancia, a aplicar en el momento de confeccionar y poner en marcha las actividades de ocio y tiempo libre que se realizan desde el Ejecutivo autonómico.

Una garantía, la de la seguridad, que se redobla ahora con este certificado de penales, que hasta el momento no existía como requisito y sencillamente no se reclamaba. Conviene valorar como se merece el que se aplique para el desempeño de los trabajos de ocio en los que estén presentes menores.

Si algo hay que proteger y cuidar, incluso más allá de los límites meramente razonables, es a aquellos que son más vulnerables, los niños. Aquellos que, por su condición de menores, se encuentran más desvalidos ante cualquier inseguridad que se les pueda presentar.

Salvaguardar su protección no es que sea un derecho, que lo es, es una obligación de todas las administraciones y en todos los ámbitos de sus actuaciones.

Esta garantía de seguridad es vital para que los padres sepan que sus hijos van a estar protegidos y vigilados, en todo momento, por personal altamente preparado y cualificado, capaz de responder ante cualquier eventualidad que se le puedan presentar.

Ese es el camino por el que deben transitar no solo las instituciones, sino todos los organismos públicos que en algún momento desarrollen trabajos con menores. Y todo con una prioridad máxima, la de su protección.