Diario de Valladolid

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QUERIDA Beatriz:

Acabo de leer las 17 páginas que el Procurador del Común ha escrito para denunciar las irregularidades cometidas por la Consejería de Fomento al echarte a ti y a tus tres hijos menores de un piso vacío de la Junta en el barrio de Huerta del Rey de Valladolid. Impresionado por el cúmulo de arbitrariedades que revela la resolución de Javier Amoedo, te escribo consciente de que la falta de sensibilidad del ya exconsejero Antonio Silván, «vulnerando» tu derecho constitucional a la vivienda, habrá tenido ya consecuencias personales irreparables que no me atrevo ni a imaginar.

El primer objetivo de esta carta eres tú y tus hijos, a quienes, como dice el Procurador, la Junta os ha colocado en una situación «de grave riesgo», con un efecto «desestructurador» y «perjudicando» la educación de los tres menores. Y digo que sois el primer objetivo por si el actual consejero Suárez-Quiñones, que a su vez es juez, puede aún resolver parte de los perjuicios y engaños incurridos por esta Administración autonómica.

Y digo engaños, porque Fomento mintió -eso es lo que sugiere el Procurador- al dirigirte al Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Pública a sabiendas de que desde 2013 no había pisos para ti y tus hijos, a pesar de la situación de desamparo en la que te encontrabas tras haber dejado de percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Pocas dudas me caben, Beatriz, de que ni hubo ponderación en este caso, ni soluciones alternativas, ni la mínima atención a un caso tan grave. Y menos mal que la dignidad de quienes han sacado a la luz este desaguisado permitirá, espero, un trato diferente a otros en un futuro.

El segundo objetivo de esta carta es llamar la atención a quienes son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Si la resolución del Procurador no puede ya resolver tu caso, al menos que estos políticos de aspecto amable, que a veces incurren en actuaciones presuntamente delictivas, no se vayan de rositas y atiendan las sugerencias, decretos y leyes que les obligan a evitar desahucios y sufrimientos precisamente a los más vulnerables de la crisis.

Beatriz, escudarse en una supuesta ocupación ilegal para ordenar el desalojo de la vivienda pública, máxime estando vacía, supone ver la paja en tus ojos y no la viga en los suyos. ¿O no es más grave que una administración viole el derecho a una vivienda digna y lance a la calle a una mujer y a sus niños en situación de exclusión social que cobijarse en un piso que no es tuyo cuando el Estado no te da otra alternativa?

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