«La mujer debe ocupar el puesto que le corresponde»

La mujer rural quiere ser protagonista de los cambios, por eso, reclama nuevas políticas con perspectiva de género «más allá de los discursos»

Dolores Martín en su explotación de vacuno extensivo en Fuentespreades (Zamora).-E.M.

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M.C.
Valladolid

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Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en la economía, cada vez son más las iniciativas de emprendimiento femenino, aunque persiste también un trabajo invisibilizado. La presencia de este colectivo es «clave» para el asentamiento de población en los pueblos, sin embargo, la realidad es que la ausencia de mujeres en las edades jóvenes y centrales «dificulta la sostenibilidad social y demográfico de las áreas rurales», de cara a la formación de nuevos hogares, como constata el informe del CES nacional sobre ‘El medio rural y su vertebración social y territorial’.

Las mujeres rurales españolas suponen un colectivo de casi seis millones de personas, según datos de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR). A pesar de ello, insisten, «su representación en los órganos de decisión es escasa, cuando no testimonial».

Según sus datos, la representación femenina en los Consejos Rectores de las cooperativas no supera el 5%, mientras que las titulares de explotaciones agrarias alcanzan apenas el 27% en Castilla y León, y las perceptoras de la PAC se sitúan en el 29%, por debajo del 37% del total nacional.

Si bien una de cada cuatro incorporaciones al sector en la Comunidad corresponde a mujeres, a tenor de los datos de la Junta, no es menos cierto también que se mantienen las «dificultades añadidas» que tiene este colectivo para acceder a distintos servicios, lo que impide romper la sensación de «aislamiento», como apuntan desde ASAJA.

Maite Resina es la responsable de AMFAR en Ávila y alcaldesa de Santo Domingo de las Posadas. Esta mujer rural, ejemplo testimonial de representatividad en el ámbito político de un pequeño municipio, tiene claro que «la mujer tiene que ocupar el puesto que le corresponde». Es decir, «decidir su futuro».

Resina pone en valor la resiliencia de un colectivo cada vez más formado, con una gran potencial creativo e innovador. Por eso, reclama nuevas políticas que favorezcan la incorporación de mujeres al sector agrario, el acceso a las nuevas tecnologías, Internet, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como que se garanticen los servicios sociales en este entorno más desfavorecido.

El medio rural es estratégico en términos económicos, de riqueza patrimonial, y especialmente de abastecimiento de alimentos seguros y de calidad. Nadie duda de que la presencia de mujeres garantiza la supervivencia y futuro de los pueblos, por eso, este colectivo reclama un papel protagonista que hasta ahora se «obvia», incluso en la nueva PAC.

Así lo denuncia la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), cuyos representantes lamentan que Bruselas se quede solo en los discursos y «no pase a los hechos», con políticas que aborden la perspectiva de género. Desde esta Federación constatan la masculinización del medio rural, así como el «grave» problema de envejecimiento de la población de los municipios más pequeños. Una amenaza que creen puede convertirse, por otra parte, en una «oportunidad laboral» para los pueblos, a través de la formación y el cooperativismo. Unos proyectos que se están imponiendo en muchas zonas rurales con las mujeres como principales protagonistas, y que necesitan del «apoyo de las administraciones» para impulsar estas iniciativas.

la voz de la mujer

Mónica Panera es responsable de FADEMUR en León, además de agricultora y ganadera a título principal de Saelices del Payuelo. Esta emprendedora de 45 años pone de manifiesto los cambios que se están produciendo en la sociedad actual. Cambios a todos los niveles que afectan también a la mujer rural.

Un contexto que, a su juicio, exige una reflexión. «Hoy la mujer con formación está donde quiere», afirma convencida de que «con palabras y discursos no se soluciona nada». Mónica denuncia, en este caso, una realidad es la que «no se ha escuchado a la mujer rural». Por eso, reivindica «oír su voz».

Esta agricultora y ganadera asegura que «la mujer quiere ser protagonista del cambio», aunque para ello requiera del apoyo de la administración, que no siempre llega. No entiende, por ejemplo, que un expediente de mejora iniciado en 2012 no se haya cerrado hasta este año, y que las ayudas aún no se hayan cobrado, como ha ocurrido en su caso. Una tramitación que no exime al solicitante de tener que acometer una inversión con la incertidumbre agrícola a la que se enfrenta cada campaña.

Esta joven subraya que «ahora se vive mucho más estresados» que en la época de sus padres». Por eso, recomienda pararse y pensar «qué es lo que queremos». El agricultor es un empresario más, sujeto a los niveles de competencia y profesionalidad de cualquier otro emprendedor, lo que aumenta la exigencia en un contexto complicado, por ejemplo, para el sector del ovino al que se dedica esta profesional. La potencialidad del medio rural es innegable, más allá de la agricultura, lo que invita, según Mónica, a explorar ese capital.

TITULARIDAD COMPARTIDA

El trabajo de la mujer ha permanecido mucho tiempo invisibilizado. La Ley de Titularidad Compartida pretende precisamente revertir esta situación para que este colectivo acceda en igualdad a los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones.

El sector valora este impulso, aunque la titularidad compartida «ha tenido un resultado muy escaso», según recoge el informe del CES a nivel nacional. Un análisis en el que se alude a dos motivos principales. Por un lado, se confirma la «escasa incidencia de las ventajas sobre las mujeres que supone la cotización a la seguridad social», debido a que esta cotización, añade, se limita a cinco años y sobre todo «porque se trata de mujeres con una edad media en torno a los 50 años, lo que reduce la probabilidad de acceso a pensiones propias. Por otro lado, se insiste en la «falta de información» sobre las ventajas y efectos de acogerse a esta modalidad.

Hay que señalar, a pesar del resultado escaso, que Castilla y León lidera el registro de titularidad compartida con 164 mujeres dadas de alta, de un total de 447 a nivel nacional. Desde AMFAR valoran esta Ley como un instrumento «básico» para «garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el sector agrario», pero piden mejoras» para lograr una mayor incorporación de mujeres.

Desde el CES se considera la consecución de la igualdad de género como «una condición indispensable» para disminuir la masculinización del medio rural, a través de una aplicación efectiva de medidas en favor de este colectivo, además de los jóvenes.

Dolores Martín es ganadera de extensivo de Fuentespreadas (Zamora), y otro ejemplo de mujer rural en nuestra Comunidad. Esta profesional de 53 años reivindica el papel de este colectivo, y pide que se pongan en marcha «otras políticas» para que la gente se quede en los pueblos.

Tiene claro, eso sí, que es necesario una «mayor implicación» por parte de las administraciones. En este sentido, denuncia la falta de servicios esenciales, además de otros sinsabores que preocupan y ocupan la labor agraria diaria. Y se refiere, de esta forma, a los problemas derivados de la fauna salvaje, como los ataques del lobo. Dolores lamenta también los problemas de los jóvenes para incorporarse a un medio que ansía relevo generacional.

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Por su parte, Rosa Arranz, presidenta de Iniciativa Social de Mujeres Rurales (ISMUR) insiste en la aplicación de otras políticas, al tiempo que destaca el carácter emprendedor de las mujeres. «El protagonismo de éstas pasa por la implicación de todos los agentes implicados», afirma.