«El Consejo tiene un afán mediador más interesante que el de resolución de conflictos»

El Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente, órgano consultivo formado por ocho miembros –un presidente y siete vocales–, se encarga de defender los derechos y las garantías que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria de la Comunidad. El pasado 19 de diciembre se nombró a Alejandro Menéndez Moreno como presidente.

Pregunta.-¿Qué es el Consejo regional para la Defensa del Contribuyente?

Respuesta.-Es un órgano de carácter consultivo que trata de encaucar las quejas y las sugerencias de los ciudadanos de la Comunidad a los órganos de gobierno de la Junta de Castilla y León, en concreto a la consejería de Economía y Hacienda.

P.-¿Qué funcionamiento tiene este órgano? ¿Se llevan a cabo reuniones, plenos...?

R.-Se desarrollan reuniones periódicas en las que se atienden las quejas y sugerencias de la sociedad. Somos un doble filtro porque antes de acudir a este órgano, el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a la Administración pública a través de las consultas y cuando la respuesta de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Junta no satisface, ya interviene este Consejo.

P.-¿Cuál es su objetivo?

R.-El objetivo principal es el de trasladar esas preocupaciones respecto de la aplicación de los tributos, en la mayoría de las ocasiones, y oficializar las quejas cuando el Consejo entiende que son atendibles.

P.-¿Conoce la mayoría de la sociedad este órgano?

R.-El sistema tributario de las comunidades autónomas es un sistema que no tiene la dimensión que tiene en el Estado. Hay dos impuestos más generalizados para los ciudadanos que son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; ambos son importantes y se aplican con una cierta frecuencia, pero tampoco hay una sucesión o una donación todos los días. Por otro lado están los impuestos propios o el Impuesto sobre Actividades Económicas, que afectan a grandes empresas. Estas empresas conocen los órganos y lo conocen más que los ciudadanos que, seguramente, son los que tendrían que tener más constancia de la posibilidad de acudir a este Consejo.

P.-¿Es efectivo este órgano?

R.-Yo acabo de llegar y entiendo que, sobre todo, tiene un afán mediador que, a mi juicio, es más interesante que el de resolución de conflictos, función que tienen los ámbitos jurisdiccionales. Esta es la razón de ser y la efectividad. Además, desde ese punto de vista, es un procedimiento más barato para el ciudadano. Cuando la naturaleza de la controversia no es meramente de una queja o solicitud, ya hay que recurrir a los órganos que tienen capacidad ejecutiva para resolverlas.

P.-¿Cuál es la estructura o composición del Consejo?

R.-Somos ocho miembros, y lo preside aquella persona a quien se ha elegido. Además está formado por siete vocales, de los cuales algunos representan a la Administración de la comunidad autónoma y otros cuatro a sectores profesionales y universitarios relacionados con el ámbito tributario.

P.-¿Es un cargo honorífico?

R.- Sí. Se reciben unas dietas por reuniones, que suelen ser cuatro al año.

P.-¿Cómo se financia? ¿Recibe aportaciones de la Junta?

R.- El órgano está incrustado en la Dirección General de Tributos y depende orgánicamente, que no funcionalmente, de dicho instrumento.

P.-¿Va a seguir con una política continuista o busca hacer cambios respecto a su antecesor a la hora de trabajar?

R.-El único precedente es el de José Manuel Tejerizo López, una persona con una solvencia profesional muy reconocida y, por lo tanto, es un modelo a seguir. También es una persona independiente, catedrático y abogado. En este sentido no tengo más que palabras de reconocimiento.

P.-¿Qué objetivos se marca en esta nueva etapa como Defensor del Contribuyente?

R.-Lo iremos viendo. Creo que hay una labor que es la que demandan las normas. Además, es cierto que da una proximidad a los órganos decisores en materia jurídica tributaria que también resulta de interés. Así, el contacto con la consejería me puede permitir el hacer off the record y oficialmente las sugerencias que estime oportunas; tanto del ordenamiento de la comunicad autónoma como cursar o proponer para el ordenamiento estatal.

P.-¿Dentro de qué ámbito se engloban la mayoría de las quejas o sugerencias que se reciben?

R.-La mayor parte están relacionadas con aspectos de tipo formal como la facilidad para hacer las declaraciones, para el conocimiento del contenido de las normas, para el acceso a la Administración. También otras se vinculan con conocer de forma directa el criterio de la Administración pública y determinadas formas de comportamiento de esta sobre la que el ciudadano no está de acuerdo.

P.-La memoria anual del pasado curso 2018 recoge que se emitieron 41 quejas y cinco sugerencias. ¿Considera que es un número escaso?

R.- Es una cifra pequeña, pero tiene su relevancia. Además, hay que tener en cuenta que este órgano es una segunda instancia, ya que primero está la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.

P.-Con la inminente aprobación de los presupuestos por parte de la Junta, ¿recomendaría la subida o la rebaja del tramo autonómico del IRPF?

R.-No modificaría la tarifa del IRPF. Primero porque la recaudación no iba a ser muy superior y segundo porque si se va a hacer pagar más a la gente aquí que en Madrid, que es nuestra gran competidora, lo que se va a aumentar de recaudación no va a compensar el atractivo de marcharse. Por lo que adoptaría una postura de una cierta neutralidad y lo dejaría como está porque subirlo puede parecer muy bonito, pero a medio plazo no sé si va a resultar positivo.