La justicia dicta protección para cuatro víctimas de violencia de género al día
Castilla y León es la séptima autonomía con una menor prevalencia de casos sobre su población
-E. M.
Víctimas de violencia de género hay muchas más de las que aparecen o aparecerán nunca en las estadísticas. Se calcula que un 30% ni siquiera llega a denunciar. Sin embargo, un medidor de cómo evoluciona esta lacra en Castilla y León son los datos, que ofrece el INE, sobre víctimas que obtienen al año una orden de protección que les aleje de su agresor. Son los casos más graves, los que requieren medidas. Son historias con nombres y apellidos de mujeres cuya seguridad corre riesgo.
Cada día cuatro castellanas y leonesas consiguen que un juez dicte una orden de protección o una medida cautelar que les defienda de su presunto agresor. A lo largo del pasado año fueron 1.452 las mujeres en la Comunidad que lograron algún tipo de amparo judicial. Aunque el dato es elevado, representa exclusivamente un aumento contenido del 1,7% más sobre el año anterior. En términos absolutos supone que 16 mujeres más obtuvieron esa salvaguarda que en 2017.
El porcentaje es seis puntos inferior al anotado a a nivel nacional, donde las víctimas de violencia de género crecieron un 7,9% hasta alcanzar la cifra global de 31.286 inscritas en el registro central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género.
Castilla y León, según esta estadística, se situaría a la cola de las Comunidades al registrar menores incrementos. Exclusivamente Asturias y Andalucía contabilizan una subida menor. Extremadura, por su parte, fue la única autonomía de España que concluyó el año con un descenso en su número de víctimas con protección.
Con este registro, Castilla y León aparece como la séptima autonomía con una menor prevalencia de casos en función de su población. Se registraron 1,3 casos de violencia de género por cada mil mujeres de más de 14 años; dos décimas menos que a nivel nacional.
Lejos de lanzar un mensaje triunfalista, la directora general de la Mujer en funciones, Esperanza Vázquez, afirma que éste es simplemente un indicador. «No existe un diagnóstico de la situación», lamenta, mientras recalca que esta estadística, o cualquier otra, «no contabiliza a todas las víctimas de violencia de género que hay en Castilla y León». Lo único que le permite confirmar es que «la violencia de género evoluciona de forma estable en la Comunidad» y constata que es «necesario seguir trabajando, «como se viene haciendo con el modelo Objetivo Violencia Cero».
La misma lectura extrae Cristina Alcalde, coordinadora de la Asociación Adavas de Valladolid, quien incide en que esto «es solo la punta del iceberg de una violencia que está sumergida». No en vano, sostiene que «la gran mayoría de más víctimas no se atreve a denunciar porque se cuestionan ¿y después qué?».
El 58% de aquellas que dan el paso y un juez determina que corren peligro tiene entre 25 y 44 años, si bien es en el grupo de mujeres entre 45 y 64 años donde se percibió el pasado año un mayor repunte de casos con órdenes de protección en Castilla y León, con un 6%. La situación, al menos estadística, contrasta con la vivida en España, donde las cifras alertan de un mayor crecimiento de la violencia machista entre los hombres y mujeres jóvenes, los que tienen entre 18 a 24 años. Y se percibe, además, una subida de la violencia entre novios, del 20% en un año.
Detrás de cada mujer con orden de protección o medida cautelar había 1.450 hombres denunciados por ejercer un acto de violencia física o psicológica (incluidas agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad) contra una mujer que haya sido su cónyuge o haya estado ligada a ella en una relación similar de afectividad, tal y como define el INE la violencia de género.
Algo más de la mitad de los denunciados lo había sido por infligir lesiones a sus parejas o ex parejas, pero también, en un 17%, por haber practicado algún tipo de tortura, y otro 15%, amenazas. Los quebrantamientos representan el 9,4% de las infracciones penales imputadas al denunciado.
Contra ellos se dictaron hasta un total de 4.473 órdenes de protección o medidas cautelares, a razón de tres por cada denunciado. El aumento en relación al pasado año fue prácticamente insignificante -un 0,8%-.
La medida cautelar más utilizada por los jueces fue la de prohibir al agresor aproximarse a su víctima. Lo determinó en un millar de ocasiones, muy similar a la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación. En 852 casos decretó libertad provisional a la espera de sentencia.
CONDENAS EN FIRME
A lo largo del pasado año, 1.046 hombres resultaron condenados en firme. Al igual que en el resto de indicadores, la Comunidad aparecía en los últimos puestos nacionales. La cifra evidencia una situación prácticamente idéntica a la del año anterior e inferior a la observada a nivel nacional.
Disminuía un 0,4% el número de condenados, mientras que crecía un 1% el volumen de absueltos. Esto significa que un 23% de las sentencias emitidas por un juez determinaba que el acusado resultara absuelto de un delito o falta por violencia de género. En España, en cambio, solo el 15% resultó absuelto.
Los 1.046 condenados con sentencia firme se repartieron 5.467 penas y medidas, lo que supone cinco por cada uno de ellos. Las más comunes, la prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicarse con ella (un millar cada una de ellas). No muy lejos, la privación del derecho de tenencia de armas.
Según los datos del INE, las penas de prisión o privativas de libertad experimentaron aumentos de alrededor del 4%. Acabaron en la carcel el año pasado un total de 628 maltratadores, mientras que sobre 732 los jueces decretaron algún tipo de pena privativa de libertad. En 702 casos la sentencia acabó con el condenado realizando trabajos en beneficio de la comunidad.