El Obispado de Segovia echa a un cura condenado por fraude en Colombia
El sacerdote colombiano ha sido reclamado por la Justicia de su país que le inhabilitó por cinco años
César Franco, obispo de Segovia.-ICAL
Anibal Olaya Ospina, hasta ahora párroco de Coca y otros cuatro pueblos segovianos, ha dejado de ser sacerdote de la Diócesis de Segovia, que le ha pedido que regresara «con carácter inmediato» a su país natal, Colombia, para esclarecer una situación judicial en la que se le acusa de falsificación documental y apropiación indebida.
El ya ex párroco de Coca, Villeguillo, Villagonzalo de Coca, Ciruelos de Coca y Fuente de Santa Cruz, ha sido reclamado por la Justicia de su país y la Diócesis colombiana de la que procedía, Mocoa Subundoy.
«El Obispado de Segovia no conoce los hechos pero ha cesado en sus funciones al sacerdote, invitándole a regresar a su país como exige su propia Diócesis y anulando la prórroga de su contrato», explicó ayer el portavoz del Obispado a El MUNDO.
Según las mismas fuentes, el ex párroco de Coca regresó a su país, donde había recurrido la sentencia, el pasado 22 de noviembre, «pocos días después de recibirse en el Obispado la notificación desde Colombia».
«Sorprendidos por los hechos que no habíamos sabido, le invitamos a marcharse a su país», afirmaba ayer Juan Cruz, portavoz episcopal. «Tendrá que aclarar su situación con la Justicia de Colombia. Nosotros, aquí, no habíamos recibido queja alguna del sacerdote», subrayó.
Anibal Olaya Ospina ha estado contratado por el Obispado para los oficios religiosos en la provincia de Segovia durante 3 años de contrato original y siete meses de prórroga.
El religioso hispanoamericano cobraba el sueldo medio de los sacerdotes segovianos en ejercicio, que oscila «dependiendo del número de pueblos que lleven, entre los 800 y los 1.000 euros», según fuentes del Obispado.
Los hechos por los que fue juzgado y condenado en su país natal se remontan a 2004. Según el periódico colombiano La Nación, que se ha ocupado de contar lo sucedido, en aquella época, siendo el alcalde de Aipe, Hugo Hernán Garzón, el religioso fue nombrado secretario de gobierno y de servicios sociales del municipio de Aipe, donde celebró su primera misa, según él mismo relata en su Facebook,que incluye fotografía del acto religioso.
En 2011, la fiscalía de su país inició una investigación sobre la gestión de ambos, político y religioso de Aipe, por una supuesta irregularidad cometida en el cobro de un contrato que nunca se ejecutó, por valor de 1,98 millones de pesos.
En julio de 2014, el sacerdote fue acusado formalmente de «falsedad ideológica en documento público».
Tres años más tarde, en julio de 2017, fue condenado por dicho delito a tres años y diez meses de prisión y a cinco años de inhabilitación.
El sacerdote recurrió el fallo, en el cual se decía que «el documento para la contratación de unos servicios sociales destinados a unos ancianos de dos fundaciones no llegó nunca a firmarse pero, además, tampoco se ejecutó ni se abonó».
El sacerdote «como funcionario de la administración municipal de Aipe, obró con pleno conocimiento de que estaba certificando un hecho contrario a la realidad», señala el auto judicial de aquel país, recogido por La Nación.
El cheque fue «endosado y cobrado en un banco usando firmas espurias».
En el proceso se acusa al religioso de falsificar la rúbrica de una empresa contratista, que niega haber suscrito ninguna certificación ni percibido dinero alguno.
Anibal Olaya Ospina, de 50 años, llegó al Obispado de Segovia, según ha explicado a EL MUNDO su portavoz, Juan Cruz, a través de un convenio firmado entre la Diócesis de Mocoa Subundoy y la de Segovia, poco después de emitirse la sentencia que el inhabilitaba por espacio de 60 meses.
«Llegó desde Colombia de la misma manera que han llegado otros sacerdotes extranjeros con cuyas diócesis de origen el Obispado de Segovia firma convenios para satisfacer los servicios religiosos en las parroquias de la provincia», explicaba ayer a esta redacción, Juan Cruz.
En el caso del ya ex párroco de Coca, el convenio se firmó inicialmente por tres años y se había prorrogado por petición expresa de Olaya Ospina que, tras conocerse los hechos y ser reclamado por la Justicia y la diócesis de su país solo ha visto cumplidos siete meses de la prórroga.
El Obispado de Segovia cuenta actualmente, según los datos facilitados, con 152 sacerdotes, muchos de ellos jubilados sin cargos pastorales (22). En 34 casos tienen más de 75 años (10 capellanes y 24 jubilados que siguen ejerciendo de párrocos). Hay además tres sacerdotes residiendo fuera de la Diócesis; 12 con tareas pastorales pertenecientes a alguna congregación y 53 sacerdotes nativos, frente a 22 extranjeros.