La investigación sobre las cajas de ahorro se queda en «agua de borrajas»

La investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro desarrollada en las Cortes por una comisión creada al efecto ha quedado en «agua de borrajas». El término, utilizado por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, para advertir de lo que seguirá ocurriendo en las comisiones de investigación si no se cambia el Reglamento de las Cortes, es definitorio del resultado de los trabajos iniciados en el Legislativo en junio de 2017.

Tras el paso de 60 comparecientes, es presumible que el resultado final que se presente en el pleno quede más que descafeinado, ya que las interpretaciones de los distintos grupos son muy diferentes cuando no enfrentadas. En todo caso, puede darse por seguro que no se hablará de responsabilidades políticas y, mucho menos, penales.

Solo Podemos es partidario de llevar las conclusiones a la Fiscalía, aunque sean las del propio grupo, si bien su portavoz reconoció ayer que los posibles hechos delictivos habrían prescrito. Así lo entiende el representante de Ciudadanos y presidente de la comisión, Manuel Mitadiel, para quien si algo puede contener actos punibles es el «regalo de 400 millones de euros de Banco Ceiss a Unicaja». No obstante, reconoció en rueda de prensa que no dispone de «elementos firmes» para acudir al fiscal, sino de «meras especulaciones», ya que no ha podido acceder a documentación protegida por el secreto bancario. Para Mitadiel, la exigencia de responsabilidades «más eficaz» será la que pidan los ciudadanos en las urnas».

El procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, recordó por su parte que su formación está personada tanto en la investigación judicial sobre los créditos al ex presidente de Caja España Santos Llamas, tanto por esta entidad como por Caja Duero, al igual que en dos procedimientos por delitos de administración desleal en Caja Segovia.

La comisión de investigación, que la pasada semana cerró su actividad después de trece meses, tenía por objeto examinar la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro con domicilio social en Castilla y León: Caja España, Caja Duero, las cajas de Ávila, Segovia y Burgos, y Caja Círculo.

PÉRDIDAS

Todas ellas fueron absorbidas en un momento u otro del proceso de fusiones por cajas o bancos de fuera de la Comunidad. Esta situación llevó a Mitadiel y a Fernández a concluir que Castilla y León ha quedado «al albur» de lo que decidan las entidades que incorporaron a las cajas, en palabras del segundo, y a la pérdida de 5.000 millones de euros (Podemos eleva la cifra a 7.000) y de la Obra Social, como destacó el portavoz de Cs. También el Grupo Socialista apunta a esto último como «una de las consecuencias más dolorosas» de la desaparición de estas instituciones.

El presidente de la comisión de investigación espera que el dictamen definitivo esté listo antes del 31 de diciembre, aunque no descarta ampliar la negociación a enero se existe la posibilidad de llegar a conclusiones comunes. Tal eventualidad parece inviable para el líder de Podemos, quien denunció ante los medios de comunicación que la comisión «nació lastrada por el pacto de la vergüenza» entre PP y PSOE, «que impidió el desarrollo de los trabajos y ahora va a distorsionar las conclusiones».

Lo cierto es que bastaría con que el documento que llegue a pleno estuviera avalado por PP y PSOE para salir adelante, con lo que al resto de los grupos solo les quedaría la opción de presentar votos particulares. Aún así, Podemos instó a los socialistas a «reflexionar», dejar de pactar con el PP, «soltar lastre» y exigir responsabilidades políticas entre los suyos. Se refirió en concreto a José Francisco Martín, que formó parte del consejo de administración de Caja España y ahora preside el Grupo Socialista.

Este grupo, representado por Óscar Álvarez, se limita a indicar que «alguno de los miembros de los consejos de administración pudo utilizar su posición en beneficio propio», pero entiende que no se puede generalizar «teniendo en cuenta que, incluso, en otros casos, la responsabilidad ha sido descartada ya en los tribunales».

Los socialistas afirman que todas las organizaciones, instituciones y organismos que participaron «de forma directa o indirecta» en el devenir de las cajas de ahorro «debieron estar más alerta de los excesos que se cometieron a la sombra de la burbuja inmobiliaria, y haber actuado con mayor prudencia y anticipación».

Sin embargo, este grupo no menciona en ningún momento a la Junta, ni al Banco de España ni a la CNMV. Se limita a exponer que los organismos de supervisión «actuaron de forma pasiva y cómplice» y atribuye el «fallo de los mecanismos de control» a que las cajas, tal y como estaban estructuradas, «constituían un modelo operativo inadecuado para poder competir en un mercado globalizado».

Como no podía ser de otro modo, el PP, representado en la comisión por Isabel Blanco, no solo no encuentra responsabilidades en la Junta, sino que afirma que «cumplió con sus funciones de control de las cajas de ahorro». Según el grupo que sustenta al Gobierno regional, la supervisión bancaria correspondía al Banco de España, «que fue el que realmente falló». En el caso de las preferentes, «la responsabilidad correspondía a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)», añade.

En lo que todos los grupos coinciden, al margen de quién fuera responsable, es en que las preferentes y la deuda subordinada no debieran haber sido comercializadas a particulares.

En el polo opuesto al PP, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dirigió sus dardos contra el Gobierno regional, hasta el punto de exigir la dimisión de su presidente, Juan Vicente Herrera. A su juicio, la Comunidad fue «expoliada» con la complacencia de la Junta, que no hizo nada por evitarlo». Según dijo, la Junta «incumplió su deber de vigilancia y supervisión de las cajas, así como su obligación de comunicar al Banco de España la situación de estas entidades «por la mala praxis de los órganos de gobernanza».

También Mitadiel incidió en este aspecto. «La Junta fue la gran ausente en el control de la solvencia y gestión», e incumplió su obligación de protección a los consumidores, mientras «dio cobertura a la politización de los órganos de control». No obstante, para el procurador de Cs, del proceso de desaparición de las cajas «no se salva nadie».

POLITIZACIÓN

Sobre la politización, el PSOE obvia todo comentario en sus conclusiones, mientras que el Grupo Popular considera esta afirmación «cuando menos cuestionable», ya que «los políticos que pudieran formar parte de estas instituciones no alcanzaban el 50% y, en cualquier caso eran profesionales, cada uno en su ámbito», asegura.

«Que el PP tenga el atrevimiento de decir que las cajas no estaban politizadas es un insulto para la ciudadanía, tomarlos como idiotas», replicó el portavoz de Podemos. Según Fernández, esta politización quedó patente en la frustrada creación de un ‘músculo financiero regional’, impulsado por Herrera y el entonces secretario general del PSCyL, Óscar López, que chocó con las reticencias de sus propios partidos en el ámbito provincial. «Herrera no fue capaz de poner orden en su propia casa y López tampoco tuvo mucho mando en plaza, concluyó el portavoz de Podemos.

Para Manuel Mitadiel, cuando la Junta intentó la fusión «se enfrentó a partidos y sindicatos porque nadie quería perder su cortijo».

El Grupo Popular se limita a indicar en sus conclusiones que la creación de una entidad regional única no salió adelante «por los distintos intereses que tenían las cajas, que buscaron otras fusiones que entendieron que eran mejor para sus intereses». En cuanto al PSOE, solo menciona a mencionar el intento de integración sin entrar en más comentarios.