La Junta suma 1.700 informes de víctimas de violencia a la Fiscalía

La Consejería de Familia ha remitido en dos años a los fiscales de violencia de género de la Comunidad más de 1.700 informes sociales de mujeres víctimas de malos tratos para profundizar más en la realidad de cada caso a la hora de determinar con más precisión las actuaciones a desarrollar con las perjudicadas y los autores de los delitos.

Así lo destacó ayer la consejera Alicia García antes de participar en un acto con la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, en un curso de formación a acusadores públicos celebrado ayer en la Facultad de Derecho de la UVA. Una jornada en la que ambas presentaron dos nuevas medidas contra la violencia de género: la activación de cauces para que los profesionales de los Servicios Sociales de Familia puedan derivar a los fiscales situaciones de violencia de género o de trata de mujeres y niñas con el fin último la prostitución.

García recordó que en solo dos años se han logrado «notables avances» en la comunicación entre las dos instituciones, pero, inconformista, apostó por dar una vuelta de tuerca más para terminar con la indefensión de las mujeres.

La consejera se refirió a la firma del protocolo en septiembre de 2016 de actuaciones conjuntas dentro del modelo integral de atención a víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’, que se sustenta en intercambio de información para optimizar recursos y ofrecer una «respuesta integral».

«Indicios o sospechas»

A raíz de este acuerdo, la Consejería ha puesto a disposición de los fiscales la historia social de las víctimas y los informes de valoración de la situación de violencia de género, lo que permite que en la actualidad se hayan elaborado ya más de 1.700 informes a los que tienen acceso los fiscales.

La nueva herramienta puesta en marcha de forma pionera en España y que se va a aplicar en noviembre de forma piloto en Burgos, León y Palencia durante unos meses, para luego extenderse al resto de provincias de Castilla y León, consistirá en trasladar posibles casos de malos tratos ante la existencia de indicios o sospechas. Lo harán los profesionales de los Servicios Sociales cuando interpreten que ciertas situaciones merecen un estudio.

«Que se entienda bien:en ningún caso se va a realizar el papel de la Fiscalía. Solo se trata de trasladar sospechas para que los fiscales realicemos un estudio de esos casos especiales», recalcó Rodríguez. En el caso de detección de casos de trata de mujeres, García recordó que durante 2017 las cinco entidades colaboradoras inervinieron con 2.529 mujeres y detectaron 41 casos.