La Junta hace números para que en 2019 haya un nuevo presupuesto, el último de la ‘era Herrera’

La Junta de Castilla y León pone en marcha antes del parón estival la maquinaria para elaborar la arquitectura que sostendrá el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2019, el último de la era de Juan Vicente Herrera. Lo hace con la publicación hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de las cuentas que, en principio deben debatirse y aprobarse en el Parlamento autonómico antes del 15 de octubre, según marca el Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

La orden establece que el 80 por ciento del gasto no financiero se destinará a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y de Dependencia, y la asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto se realizará conforme a las directrices de la Junta de Castilla y León, “garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya adquiridos y la realización de las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter finalista, tanto de la Unión Europea como de otras administraciones”.

En función de la nueva senda marcada por el Gobierno central, la Autonomía contará con mayor margen de endeudamiento, dos décimas más, al pasar del 0,1 al 0,3 por ciento el objetivo de déficit, lo que podría implicar para Castilla y León una partida adicional de entre 100 y 120 millones de euros, en función de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). En cuanto a los objetivos de deuda, el Estado ha fijado, a la espera del trámite parlamentario, un reparto del 23,7 para las autonomías.

El texto fija el 24 de agosto como fecha límite para que las consejerías envíen sus propuestas para la elaboración de los presupuestos, que estarán sujetos al límite de gasto no financiero y a la regla de gasto que deben ser aprobados por las Cortes de Castilla y León.

A falta de conocer novedades fiscales y tributarias, la Junta ya ha anunciado la puesta en marcha en 2019 de una desgravación fiscal para la compra de vehículos de energías alternativas. También, se prevé que la futura Ley de Conciliación de la vida familiar, laboral y contra la brecha salarial incluya desgravaciones fiscales por cuidado de hijos, así como que entre en vigor el tributo vinculado a los residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña, que podría reportar a las arcas de la Comunidad unos diez millones de euros.