El CES pide un pacto de infraestructuras que permita agilizar el Corredor Atlántico
El informe anual alerta de una «desaceleración» de la economía de Castilla y León
Germán Barrios, flanqueado por Ángela de Miguel y Evelio Angulo, en la presentación del informe.-ICAL
La economía de Castilla y León se desaceleró el pasado año. «Crece, sí, pero a menor ritmo desde que se inició la recuperación en 2014». Ante esta situación, el Consejo Económico y Social, en su informe anual, concluye que para que Castilla y León acelere se requiere un «repunte en la inversión pública» que contribuya a «corregir desequilibrios sociales y territoriales».
«Existe margen de mejora», concluye. Y las infraestructuras juegan un papel decisivo. El CES recomienda que se sienten las bases para «un pacto de inversiones en infraestructuras», con criterios técnicos, económicos y sociales, y en el que estén incluidos a los agentes económicos y sociales más representativos.
El primer paso sería «colocar en la agenda política» el Corredor Atlántico por ser el elemento vertebrador «más importante de la Unión Europea», que uniría Castilla y León con los principales mercados, el francés, el alemán, llegando a los países Bálticos.
En paralelo, pidió más inversión para conectar el corredor Atlántico y el Mediterráneo. Sólo así «Castilla y León ganaría en logística y en productividad», sentenció el presidente del CES, Germán Barrios. A esto, Carlos Castelo, en representación de CCOO, añadió la necesidad de que existan también corredores ferroviarios de cercanías que conecten las capitales de Castilla y León entre sí.
La Comunidad tiene que estar conectada por carretera o por tren, pero también en la red. Por ello, este órgano consultivo reclama que se intensifique la implantación de la cobertura de internet ultra rápida.
«Donde no hay rapidez, no hay empresas, donde no hay empresas es difícil que se mantenga la población», sentenció Barrios.
«Estamos ante un momento crucial para consolidar la mejora económica», apostilló. Y, para ello, resulta «irrenunciable aumentar el tamaño de las empresas de Castilla y León». La primera medida sería, a su juicio, que la Junta realizara un «exhaustivo estudio» sobre los tipos de pymes que existen en Castilla y León, su peso, su contribución al empleo y el crecimiento.
Una vez analizado en profundidad el tejido productivo, el siguiente paso sería facilitar el acceso a la financiación a las microempresas innovadoras y a las pequeñas empresas. Al mismo tiempo, recomienda que se reduzca y simplifique la burocracia a todas aquellas empresas que quieran iniciar un negocio, y que se apoye a las empresas en su camino hacia la internacionalización, pero cada vez adaptándose más a sus necesidades y a su perfil.
De lo contrario, el CES augura una mayor deslocalización de empresas en la Comunidad.
Estas son sólo algunas de las recomendaciones que incluye un informe, formado por más de 1.600 páginas, que ha logrado alcanzar la unanimidad de todas las organizaciones que componen el CES. «Pedimos que este consenso se traslade ahora al ámbito político», subrayó Barrios. «Son deberes para todos», apostilló Evelio Angulo (UGT).
No en vano, en el informe anual han incluido la ‘receta’ de que se alcancen hasta cinco pactos políticos, entre ellos un pacto de Estado que propicie «un aumento del peso de la industria en el PIB» y otro pacto que permita lograr un «sistema energético estable, predecible y sostenible en el tiempo». A esto añade, la sustitución de tecnologías en la transición energética deberá hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental.
Con respecto al sector minero, solicita medidas para que las eléctricas «hagan las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la nueva normativa europea de emisiones y evitar el cierre de estas centrales». Y aunque está en la agenda que las cuencas mineras deberán prepararse para la supresión progresiva, esta deberá realizarse, en opinión del CES, en una planificación «a largo plazo» y con «medidas hacia una transición justa» que favorezca la adaptación del tejido productivo de las zonas mineras».
En el panorama laboral, el CES considera que la recuperación tocavía presenta «desequilibros» que podrían condicionar el crecimiento de la economía. La solución estaría en «crear más empleo y de mayor calidad», pero también en «incrementar los salarios», de tal forma que se fueran «gradualmente equiparando a los salarios medios» de España.
En este punto, la portavoz de la Ejecutiva de Cecale, Ángela de Miguel, apuntó que «hay que ser prudentes». «Esto es un juego de equilibrio», subrayó, mientras aseguraba que «la subida de salarios debe ir acorde a la propia capacidad de las empresas».
El amplio documento también incide en la necesidad de que las administraciones públicas diseñen polítcas integrales, que «perduren más allá de las alternancias políticas», para modificar el escenario de pérdida de población.
Entre esas políticas, propone que la Agenda para la Población esté más conectada con las políticas industriales, que cree un parque público regional de vivienda en régimen de alguiler más amplio, incrementando las viviendas sociales y estableciendo un sistema coordinado de gestión con criterios homogéneos.
«La reforma del modelo de financiación es urgente e inaplazable»
Castilla y León está «claramente infrafinanciada y lo estará aún más en el futuro» debido a que las características demográficas de la Comunidad tienen efectos negativos sobre los ingresos. Por ello, el CES reclama una «urgente e inaplazable» reforma del modelo de financiación. La solución debe ser «equilibrada y justa» para todos los territorios. A ojos del CES, el reparto de la financiación tendría que tener en cuenta que Castilla y León es una región exportadora de energía, y «así debería ponderarse», añadió el presidente del CES, Germán Barrios.
Esta reforma debería ir acompañada, según figura en el informe anual, por una «reforma integral del sistema recaudatorio», simplificado y homegéneo para todo el territorio.
Junto a esto, plantea un gran pacto de Comunidad, social y político, en el ámbito de la fiscalidad que plantee medidas encaminadas a favorecer la capacidad del sistema para obtener los recursos necesarios para un adecuado funcionamiento de los servicios y políticas públicas.