La Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación verá la luz en esta legislatura

Era uno de los compromisos de investidura de Juan Vicente Herrera y ahora llega a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. El Consejo de Gobierno aprobó ayer proyecto de ley que regulará la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, así como el Estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los plenos. Este visto bueno es el paso previo a una andadura «para construir Comunidad» cuya meta de salida se contempla dentro de esta legislatura, bien a finales de este año o bien principios del siguiente, según estimó el vicepresidente del Ejecutivo autonómico.

José Antonio de Santiago-Juárez, quien desgranó el contenido de la normativa en rueda de prensa, remarcó que este foro de encuentro basado en la pluralidad política y territorial tiene como labor fundamental buscar «nuevos marcos de colaboración y nuevas sinergías que puedan beneficiar al conjunto de la Comunidad». De este objetivo principal derivan otros tres específicos, uno por cada capítulo en los que se estructura el proyecto de ley.

Su primera finalidad es la creación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación como «órgano de cooperación política entre la Junta y los gobiernos de las entidades locales», puntualizó el también consejero de la Presidencia. El segundo propósito atañe a lo simplificado como el Estatuto del concejal y persigue «homogeneizar el ejercicio de sus legítimos derechos de acceso a la información» para que puedan desarrollar su trabajo «de forma efectiva y acode a su cargo público».

Precisamente el carácter informativo es el imperante en el tercer y último apartado, cuya meta pasa por garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y los medios de comunicación a las sesiones plenarias de las corporaciones locales así como la grabación de las mismas.

«El objetivo fundamental de la Conferencia es construir y hacer Comunidad, con la implicación de todas las administraciones», remarcó De Santiago-Juárez, quien situó en la diana de actuación de este foro problemáticas como la despoblación o la financiación local y autonómica. «Se trata de fijar posición y estrategias, puntos de unión para abordar asuntos que nos afectan a todos», matizó.

El presidente de la Junta de Castilla y León encabezará este «foro de encuentro de alto nivel». Junto a él estarán el máximo responsable de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), como vicepresidente; y el titular de la Consejería competente en materia de Administración local. Asimismo, serán miembros los 14 alcaldes de las UBOS rurales –tras la adhesión de Benavente–, los nueve presidentes de Diputación y un vicepresidente de la FRMP para «dar cobertura al resto de municipios que no están contemplados».

De Santiago-Juárez subrayó que en la Conferencia, que se reunirá una vez al año previa convocatoria de su dirigente, «no cabe la sustitución», aunque admite «invitados» como representantes de otras entidades locales, de la Administración general del Estado o de la Unión Europea.

En cuanto a sus funciones, el vicepresidente las sintetizó en el objetivo último de «hacer Comunidad». Así, insistió en que las cuestiones que abordará este órgano «no son problemas puntuales de una provincia, sino que trascienden de su ámbito territorial y afectan a todos». Tal y como recoge el propio proyecto de ley, entre sus competencias estará analizar las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales, que tengan repercusión autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local, requiriendo actuaciones conjuntas de carácter estratégico; así como estudiar los asuntos de importancia relevante para la región e intercambiar información sobre las actuaciones programadas en las administraciones públicas, buscando la coherencia y con el fin último de facilitar la cooperación.

Además de un pleno anual, la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de la Diputación también podrá convocar reuniones extraordinarias y contará con un Comité Permanente que tendrá como objeto preparar los siguientes encuentros así como realizar un seguimiento de las decisiones adoptadas por el foro, ya sean acuerdos o recomendaciones.

«Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes», apuntó el vicepresidente de la Junta, matizando que serán vinculantes para los asistentes al entender que el tratamiento de «grandes temas» y la convocatoria anual serán avales de la presencia de todos los miembros. Mientras que las recomendaciones, según concretó De Santiago-Juárez, requerirán el voto favorable del presidente y de dos terceras partes de los miembros que hayan asistido al encuentro, comprometiendo sólo a quienes las respalden. En cualquiera de los casos, el titular de la Consejería competente dará cuenta en las Cortes, de la misma manera que los representantes de las entidades locales lo harán en sus respectivas sesiones plenarias.

Estatuto

Mientras la entrada en vigor de la Conferencia se espera a finales de este año, el vicepresidente del Gobierno regional consideró «sensato» que la segunda parte de la ley, relativa al Estatuto de los miembros de las entidades locales y a la información en los plenos, «arranque en la próxima legislatura».

De Santiago-Juárez recordó que el capítulo que recoge el denominado Estatuto del concejal toma como base el consenso, tras el acuerdo alcanzado en esta materia entre la Junta y la FRMP, a petición de esta última, para que los ediles «pudiesen ejercer bien su trabajo».

Esta carta magna regional regulará las condiciones para la constitución de un grupo mixto, las circunstancias para ser miembro no adscrito y el régimen supletorio de la junta de portavoces, entre otros. De la misma manera, contemplará sanciones para los concejales que incumplan, reiteradamente y sin justificación, su obligación de asistir a los plenos municipales. Las multas serán equivalentes a lo que percibirían en caso de ir.

Junto al acceso a la información anteriormente mencionado se incorporará, como novedad, el requisito indispensable de grabar las sesiones en función del tipo de entidades locales: en las de más de 20.000 habitantes, en audio y vídeo; en las que superan los 5.000, en audio; en las que tienen más de 1.000, en audio si se acuerda por el pleno; mientras que las de menos de 1.000 no están obligadas.

El Estatuto reflejará también el derecho de participación a distancia en casos de embarazo, maternidad y paternidad o enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida la ausencia personal.

Por último, el tercer capítulo el proyecto de ley ‘abrirá’ los plenos a los ciudadanos y medios de comunicación. «Las sesiones serán públicas, es decir, los vecinos podrán asistir salvo que por mayoría absoluta se acuerde el carácter secreto del debate y votación de aquellos asuntos que afecten al derecho el honor, a la intimidad personal y familiar, o su propia imagen», especificó el consejero de la Presidencia.

Esta parte de la nueva norma también regulará el derecho de los medios de comunicación a disponer de un espacio reservado para cumplir con su labor. Además, las entidades locales podrán promover la grabación de las sesiones en Internet o redes sociales.