El CES pide eliminar de la ley la incompatibilidad que impide a Aparicio presidir la Cámara

El presidente de la patronal de Castilla y León, Santiago Aparicio, busca ya sin disimulos aliados para ganar peso en las cámaras de comercio. Primero ganó la batalla para que solo las patronales adscritas a Cecale y a CEOE fueran consideradas representativas del empresariado, eliminando cualquier competencia en la convocatoria de elecciones y consiguiendo cambiar el criterio inicial de la Junta. Ahora va más allá en algo en lo que se juega personalmente más. El también presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) anunciaba este miércoles su intención de presidir la Cámara de Soria, pero el nuevo anteproyecto de ley incorpora un régimen de incompatibilidad que impide al presidente de una patronal ser titular de una Cámara.

Para ganar esta segunda batalla Aparicio ya cuenta con la alianza del Consejo Económico y Social, donde están sindicatos, patronales y expertos nombrads por la Junta. El borrador del informe del CES a esta polémica ley, que debatirá el lunes la comisión permanente, sostiene que esa prohibición podría ser anticonstitucional y reclama «la eliminación del régimen de incompatibilidades».

Se da la circunstancia en este caso de que Aparicio, vicepresidente del CES, miembro de su comisión permanente e interesado personalmente en el cambio de la ley, es en esto juez y parte. El presidente de la patronal regional ha influido en esta pretensión de cambio del anteproyecto consciente ahora de que si gana esta segunda batalla tiene posibilidades de presidir la Cámara de Soria, con la que hasta ahora mantiene «malas relaciones», pero si no lo logra y prospera la ley no podrá encabezar la entidad cameral.

Es previsible que Aparicio no acuda el lunes a la permanente del CES. El presidente de Cecale tiene delegadas sus funciones en su secretario general, David Esteban. Fuentes conocedoras de la institución consideran que Esteban será estricto en defender los intereses marcados por su jefe y solo hará lo que él le indique. En el caso de que sindicatos y expertos nombrados por la Junta avalen en la permanente el borrador actual, se tramitará por vía de urgencia y ya no pasaría al pleno, cuya convocatoria retrasaría también la aprobación de la norma, y donde podría encontrar resistencia en alguno de los grupos pequeños..

Convencer al CES de retirar la incompatibilidad por inconstitucional no equivale en sentido estricto a doblegar de nuevo la voluntad de la Junta, pero si la patronal logró hacerlo en el caso de la designación de los vocales, las posibilidades de influir y cambiar la norma ahora son altas.

Más difícil será después convencer a todos los grupos de las Cortes regionales de eliminar la incompatibilidad, dada la fragmentación del Parlamento regional y la necesidad de sacar la ley por mayoría. Sobre todo, porque las cámaras y las patronales provinciales llevan tiempo intentando presionar a los procuradores en favor de sus posiciones en torno a la ley.

El plazo para la presentación de candidaturas a las Cámaras expira el 11 de junio, una semana después de la permanente del CES. Las votaciones serán el 24 de julio, pero la elección de presidente y comités ejecutivos podría celebrarse en agosto o septiembre. Si se mantiene el régimen de incompatibilidad, ésta sería manifiesta en el momento de entrar en vigor, salvo que una disposición transitoria, inexistente en el texto actual, diga algo distinto. Entonces, los elegidos que fueran incompatibles deberían dejar el cargo.

La incompatibilidad se extiende a a las vicepresidencias de las cámaras. «Esta incompatibilidad afectaría a numerosos presidentes y vicepresidentes que en la actualidad están ocupando dichos cargos». Y lo hace por «cumplir con la debida independencia y transparencia». Sin embargo, el CES cree que esto «no es justificación suficiente», «altera el ordenamiento básico de Cámaras y su regulación unitaria» y «vulnera competencias estatales». Según el CES, atenta contra la igualdad constitucional de todos los españoles porque ninguna cámara de España lo ha declarado incompatible. Un argumento que la nueva norma extiende al secretario general y al director gerente.