Sáez estudiará implantar una tarjeta para «mejorar» la garantía de la asistencia médic

Los pacientes excluidos con el fin de la Sanidad universal solo podrán usarla en Castilla y León

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Alba Camazón

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La universalidad de la Sanidad Pública fue suprimida en abril de 2012 a través del Real Decreto del Gobierno estatal. A partir de ese momento, «los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España» sólo podrán tener acceso a las urgencias para casos de «enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica», refleja el BOE.

Ante esta legislación, la Junta de Castilla y León trasladó una instrucción para que todas las personas que se vieran excluidas «debían mantenerse en nuestra base de datos de historial clínica», con un médico y un enfermero asignados en Atención Primaria, como tenían previamente, explicó ayer el consejero, Antonio Sáez. Se estableció el mismo procedimiento para aquellas personas que llegaron de forma ilegal a la Comunidad posteriormente.

Sin embargo, las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León propusieron crear una tarjeta sanitaria propia para estas personas durante su reunión con el consejero del ramo y el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera.

La idea es que esta tarjeta sirva para «acceder a asistencia sanitaria y hospitales», como la que tienen autonomías como el País Vasco, comentó ayer el portavoz de las plataformas, Luis Ocampo. Por su parte, el titular de la cartera sanitaria regional aseguró que estudiará esta propuesta –una tarjeta u otro tipo de documento o fórmula– con la que se «reforzará» la garantía de atención a quienes la requieran.

Esta tarjeta tendría únicamente validez en Castilla y León y supondría la «restitución de la sanidad universal» para Ocampo. El objetivo, según expuso Sáez, sería «organizar la atención» a los pacientes. «Nos hemos comprometido a analizar si ha habido algún problema para garantizar la atención de las personas cuando lo necesiten», sentenció.

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«No nos corresponde como Comunidad regular ese derecho, pero sí podemos garantizar la asistencia sanitaria», concluyó.