Malestar en León y Burgos por la supresión de los secretarios vecinales

Las diputaciones provinciales de León y Burgos comparten su preocupación por la aplicación del Real Decreto que liquida la figura del vecino secretario y obligará a los secretarios de los Ayuntamientos a encargarse también de las funciones de secretaría de las entidades locales menores que dependen de cada municipio. En el caso leonés, la respuesta ha sido inmediata y su presidente ya ha anunciado que la Diputación leonesa solicitará una «moratoria» que abra un «periodo transitorio» en la aplicación de este real decreto. Por el contrario, el presidente burgalés confirmó ayer que aplazará su decisión hasta que se analice el impacto concreto en los 371 municipios de esta provincia.

Ambas instituciones, la de León y la de Burgos, representan a los dos territorios españoles más afectadas por esta normativa que acaba de ser aprobada por el Gobierno central, dado que entre las dos provincias concentran prácticamente la mitad de las 3.704 pedanías registradas en España. Además, Castilla y León, con 2,223 pueblos que dependen de un ayuntamiento mayor, es la comunidad con mayor número de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que es como tiene registradas el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a lo que popularmente se conoce como pedanías.

En León, con 1,231 entidades menores el mayor número del país, el presidente de la Diputación provincial, Juan Martínez Majo, se ha reunido ya con los grupos políticos de la institución, técnicos y Colegio de Secretarios para abordar posibles modificaciones a la normativa, bajo la premisa de que «no se puede hacer un decreto de hoy para mañana».

Por su parte, el burgalés César Rico, entiende la petición de moratoria de su homólogo leonés, «ya que Burgos igualmente con un gran número de entidades locales menores (650)», pero confirmó que «siempre desde la prudencia ante una normativa recién aprobada» lo primero es analizar su contenido por si llega «acompañada de notas aclaratorias» con el fin de «saber con detalle cómo debe ser aplicada», explicó.

Rico ya cuenta con que los secretarios municipales tendrán que supervisar de forma efectiva y personal a las entidades locales menores, pero en el caso de «las que estén exentas intentaremos hacérselo desde la Diputación con el servicio de asesoramiento jurídico a municipios», avanzó. En cuanto a la valoración de este real decreto, que ha sido criticado desde León y desde la Junta de Castilla y León, el presidente burgalés entiende que la intención del Gobierno es «dotar de cierto grado de profesionalidad a la hora de gestión de la tesorería, pues no dejan de ser los pagos que se hacen desde una entidad local menor, que sin ser normalmente grandes cuantías sí son un elemento más de la gestión administrativa».

Esa misma voluntad de aclarar las dudas y colaborar con los pequeños pueblos la recalcó ayer Juan Martínez Majo, quien explicó que las primeras consultas que tanto el Colegio de Secretarios como la propia Diputación harán llegar al Ministerio tendrán que ver con «temas puntuales que preocupan de manera inminente», como las ayudas de la PAC o las certificaciones de obra de los trabajos para los que la institución provincial ya ha adelantado financiación a las juntas vecinales. «Vamos a intentar echar una mano, pero no es fácil en este momento», explicó el presidente provincial en declaraciones que recoge Ical.

Administración digital

El diputado provincial de Ciudadanos (Cs), Juan Carlos Fernández, reclamó al equipo de Gobierno de la Diputación de León «se deje de medias tintas» y ponga «de inmediato» soluciones para evitar la desaparición de las Juntas Vecinales de la provincia de León. «Pedimos que se incrementen los medios económicos y humanos a disposición de las Juntas Vecinales ya que son consideradas una de las bases del municipalismo», señaló Fernández.

La formación naranja reclamó también un «periodo de transitoriedad» para poder adaptarse al Real Decreto y evitar así la parálisis en la actividad de las Juntas Vecinales «de cara a asuntos tan importantes como la PAC o el plan de Cooperación», recordó Fernández, que consideró «imprescindible» la modernización de los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales a través de la administración electrónica. «No podemos olvidar que son entes locales y por tanto deben cumplir una serie de parámetros para su funcionamiento», señaló Fernández, que reiteró que «la administración electrónica es un medio eficaz para dar cobertura a estos entes y a los Ayuntamientos más pequeños».

Martínez Majo, por otro lado, será el anfitrión de las federaciones de entidades locales menores de Galicia, Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Castilla y León, así como varias federaciones provinciales que se citan mañana en León para analizar la situación en los distintos territorios y decidir qué actuaciones van a desarrollar.

Milagros Marcos al Gobierno estatal: «España es mucho más que Atocha»

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, replicó ayer al Gobierno que «España es mucho más que Atocha», en referencia al Real Decreto, e insistió en que «desde Madrid no se puede plantear este tipo de cuestiones». La consejera portavoz demandó al Gobierno de España que se mantenga «lo que está funcionando» y recordó que la Junta de Castilla y León fue la «primera» que demandó que no se aprobara la denominada ‘Ley Montoro’ sobre las administraciones territoriales y, por tanto, este decreto. Así, Marcos recordó que la Junta se dirigió a los grupos políticos para demandar que no apoyaran la aprobación de la ley. Por ello, reiteró que el Ejecutivo castellano y leonés no está de acuerdo con esta regulación que afecta a los secretarios de las juntas vecinales, según recoge Ical. La portavoz saludó la iniciativa de la Diputación de León cuyo presidente, Juan Martínez Majo, ha demandó una «solución económica» que permita la puesta en marcha del Real Decreto 128/2018, puesto que reconoció que muchos secretarios municipales no podrán ejercer sus funciones, ya que tendrán que encargarse también de la Secretaría de las Juntas Vecinales.

Los socialistas apoyan la moratoria y una modificación de la normativa

El PSOE de León exigió ayer que el Real Decreto que anula las funciones de los actuales secretarios de las Juntas Vecinales se adapte a la realidad leonesa, en palabras del portavoz socialista en la Diputación de León, José Pellitero. Tras la reunión que tuvo lugar para abordar este problema, Pellitero apoyó la petición de la institución provincial al Ministerio de Hacienda para que aplique una moratoria y modifique la nueva normativa. En cualquier caso, Pellitero exigió que la nueva normativa conlleve una financiación suficiente de la Junta y del Gobierno para poder garantizar su puesta en marcha en condiciones efectivas. En el mismo sentido, el también secretario de Política Municipal del PSOE de León señaló que «los problemas a los que nos enfrentamos son siempre los mismos: la ignorancia de los legisladores sobre la peculiaridad de las Juntas Vecinales y la falta de financiación para abordar los cambios normativos». Pellitero recordó que 1.200 de las 3.700 pedanías que existen en España están en la provincia de León y reclacó que «eso tiene que tener algún tipo de consideración; las administraciones deben estar para resolver los problemas, no para crearlos», informa Ical.