Los acusados «incumplieron» con la labor de «proteger a los mineros»

«El accidente era previsible y evitable, y se produjo debido a que los trabajos de explotación en ese taller, que se había iniciado el 11 de octubre, se estaban realizando por los trabajadores en unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad, y a la omision por los acusados de las medidas necesarias para vigilar la seguridad en el taller, y para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajares accedieran a dario a su puesto, lo que habuiera evitado el accidente».

Así de contundente se muestra el fiscal en su informe de calificaciones, que le lleva a asegurar que «los acusados incumplieron el proteger la seguridad de los trabajadores».

Y es que ellos, «como integrantes del órgano de administración de la empresa decidieron la explotación del taller en una zona en la que no existían antecedentes anteriores y para la que no se contaba con proyecto de explotación», remarca el fiscal en su escrito, en el que continúa: «Omitieron que por el director general, el director facultativo del grupo y los restantes cargos inferiores se vigilaran y se comunmicaran los riesgos que desde muchos días antes del accidente existían».

Uno riesgos que para el la Fiscalía «debían haber determinado la paralización de la explotación».

Quince acusados, que se enfrentan a un delito contra los derechos de los trabajadores, seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y siete delitos de lesiones por imprudencia grave, y que encabezan el presidente de la Hullera, Antonio del Valle; el vicepresidente Arturo del Valle; el jefe de personal Aurelio del Valle. A ellos se les añaden: el director general Mario Calvo; el director facultativo del grupo Tabliza, José Eliseo Solís; el ingeniero jefe de Tabliza, David Toribio; los subjefes Javier Martínez y Jairo Gómez; los vigilantes Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez y Alberto Rivero; y, por último, los jefes de seguridad minera, José Marcos Ulecia y José Carlos Jarrín.

Desde la Fiscalía se pide para Antonio, Arturo y Aurelio del Valle y los otros 12 acusados tres años y medio de cárcel, además de tener que hacer frente al pago de más de dos millones de euros a las familias de los fallecidos y a los heridos.

Acusados que además deberán hacer frente al pago a partes iguales de las costas judiciales.

Investigados –antes imputados– que como consecuencia de las diferentes omisiones denunciadas por el Ministerio público, «pusieron en grave peligro la vida, la salud e integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió, materizándose el riesgo en la producción del accidente en el que resultaron seis trabjadores fallecidos y otros ocho heridos».