La Fiscalía desvela una cascada de ilegalidades en el pozo de la Hullera que murieron 6 mineros

«El accidente era evitable y previsible». Así de contundente se manifiesta la Fiscalía en su informe de calificaciones, justo antes de desvelar una cascada de ilegalidades en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa, en el que murieron seis mineros y otros ocho resultaron heridos de diversa consideración por un escape de grisú.

Un accidente que sentará en el banquillo, por un delito contra los derechos de los trabajadores, seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y siete delitos de lesiones por imprudencia grave, a 15 acusados: el presidente de la Hullera, Antonio del Valle; el vicepresidente Arturo del Valle; el jefe de personal Aurelio del Valle; el director general Mario Calvo; el director facultativo del grupo Tabliza, José Eliseo Solís; el ingeniero jefe de Tabliza, David Toribio; los subjefes Javier Martínez y Jairo Gómez; los vigilantes Carlos Conejo, José Ramón González, Óscar Luis Dopazo, Andrés Rodríguez y Alberto Rivero; y, por último, los jefes de seguridad minera, José Marcos Ulecia y José Carlos Jarrín.

Un trágico suceso el de aquel 28 de octubre de 2013, marcado ya en negro en la historia de la minería castellana y leonesa y española, «que tuvo su origen en el incumplimiento por parte de los acusados de las normas de seguridad en la forma de explotación de ese taller, en el que los trabajos se estaban realizando por los trabajadores en unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad», asegura el informe del fiscal Luis Antúnez, quien concluye: «La actuación de los acusados para evitar el accidente debía haber sido la de paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto y después variar la forma de explotación, cosa que no hicieron».

A partir de aquí, el grueso de las 38 páginas del escrito del Ministerio Fiscal, excepción hecha de las últimas en la que se describe el cargo, la actividad a desarrollar y el grado de imputación de los acusados, comienza a describir esa retahíla irregularidades e ilegalides que existían en la mina de la Hullera.

Las primeras ilegalidades tienen que ver con lo que da en denominar «los antecedentes de la zona en la que se desarrolló el taller». Y es que, según detalla el fiscal, ya en 2009, la autoridad minera declaró que el macizo 7 entre las plantas 740 y 865, lugar donde se produjo el accidente, como un lugar «sospechsoo de desprendimientos instantáneos», justo después de que se produjera «un desprendimiento de metano –grisú– con arrastre de carbón». Apenas un año después, el 4 de marzo de 2010, y sin que nadie en la autoridad minera, que ejerce la Junta a través de minas cuya dirección general ostenta Ricardo González Mantero, comprobara que la Hullera hubiera llevado a cabo alguna de la modificaciones que se le exigieron, se produjo en ese mismo macizo 7 «un derrabe con arraste de carbón y desprendimiento de metano». Todo en una mina calificada «de categoría 3 grisú, muy grisuosa», que exigía «mayores medidas de seguridad», en palabras del fiscal.

La gravedad de este elenco de ilegalidades a la que apunta la Fiscalía en el pozo de la Hullera, se demuestra en el hecho de que «donde tuvo lugar el accidente no existía proyecto de explotación». Y pese a todo, la autoridad minera de la Junta no lo paralizó. Al contrario, le aprobó el plan de labores en 2013.

Según el fiscal, «se trataba de una explotación en zona virgen sin minados –galerías– superiores». Pese a esto, «el taller se realizó en sutiraje –metodo de explotación por el que se provoca el hundimiento de los bloques de carbón hacia un nivel inferior, donde se recogen–, generando con ello una bóveda cada vez mayor y sin cumplir todas las medidas que imponían la Disposición Interna de Seguridad de la explotación de talleres en virgen sin minados superiroes, que había sido aprobada por la autoridad minera».

Desde la Fiscalía se indica con claridad que «existían claros avisos que imponían desde muchos días antes del accidente paralizar la explotación y replantear el taller». Entre ellos fija nada menos que «los altos niveles de metano, la velocidad de desorción del taller que era de 3,5, cuando la autoridad minera había impuesto que había que vigilar por encima de 1,5, había bóveda y no acaba de hundir, y los datos de los metanómetros por los que se comprobaba que el metano no salía por la planta sexta, con lo que no había ningún tipo de comunicación».

Tampoco, siempre según el fiscal, se tomaron «las medidas adecuadas para hundir la bóveda» y, además, «la ventilación del taller en el que ocurrió el accidente era insuficiente e inadecuadamente ubicada». A eso se añadió que la concentración promedio de metano «siempre superó el 1,5%». Y no sólo eso porque «dede el 12 de octubre –es decir apenas 16 días antes del accidente– hubo 9 días en los que el límite establecido se sobrepasó en más de la mitad de la jornada».

Una concentración que se agravó aún más a causa de la ubicación de los ventiladores de la galería. Las calificaciones del fiscal evidencia que «si lo ventiladores hubieran estado ubicados correctamente, evitando el reflujo y tomando el aire que circulaba entre la octava y la séptima planta, se hubiese podido renovar el oxígeno en el lugar donde habían caído los trabajadores en un tiempo aproximado de 66 segundos».

El fiscal es claro y contudente cuando afirma que «existe la posibilidad de que alguno de los accidentados no hubiese fallecido en el caso de que la ventilación hubiese estado adecuadamente ubicada». Eso y que «no se adoptaron las medidas necesarias respecto del control de los niveles de metano».

Ilegalidades, pese a las cuales no se hizo nada «por impedir la entrada de los trabajadores fallecidos y de los lesionados, algunos de los cuales fueron a trabajar y otros entraron para rescatar y socorrer a sus compañeros», remarca el fiscal en sus conclusiones.