Un «paso más» para hacer frente a lo «indigno de tener muertos en las cunetas»

«No es digno que un país tenga muertos en sus cunetas. Y tampoco lo es que sus familiares no puedan enterrarles con honor». Bajo estas palabras anunció el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, el decreto de la Memoria Histórica y Democrática de la Comunidad que a lo largo de hoy aparecerá en el Portal del Gobierno Abierto.

Antes de explicar su contenido, el consejero de la Presidencia retrocedió hasta septiembre de 2015 cuando, a propuesta del procurador Álvaro Lora, se creó un grupo en esta materia que funcionó «unos meses y luego se bloqueó», recordó, eximiendo de cualquier culpa al socialista.

La Junta de Castilla y León decidió continuar con este trabajo que, finalmente, se materializa en un decreto centrado en «actividades de localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas» de la dictadura franquista. Fruto de esta labor es, además, la convocatoria en febrero de una línea de subvenciones de 100.000 euros destinada a las asociaciones que luchan por este fin. «Una ayuda que no solo irá destinada a las excavaciones en sí, sino también para ejercicios de investigación o los costosos estudios de ADN», aseguró el vicepresidente del Gobierno regional.

De Santiago-Juárez tildó de «buena» la intención que reviste la primera ley puesta en marcha en este sentido por Zapatero, «pero se equivocó al presentarla», por lo que «ahora nos toca a nosotros» plantarle cara a «una Guerra Civil y 40 años de dictadura que fueron un desastre», aseveró.

Esta norma, que surge como una mejora al procedimiento recogido en una orden estatal de 2011, creará un consejo técnico formado por un representante de la Consejería competente, tres técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta, dos representantes de las asociaciones de la Memoria Histórica y otros dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

Además, también habrá un consejo asesor encargado de sugerir sobre las actuaciones a acometer así como dirigirlas, aprobar los mapas de intervención o conocer las diferentes ayudas convocadas que se puedan aprovechar. Este órgano estará conformado, además de por el titular de la Consejería competente, por una persona de prestigio que ostentará la presidencia. Junto a ellos, un representante de Patrimonio Cultural, uno de la Memoria Histórica y otro de la FRMP, dos procuradores de las cortes, cuatro expertos de las universidades y otros tantos de las asociaciones, así como uno por cada sindicato, a quienes De Santiago-Juárez trasladó un sentido agradecimiento por su ayuda en la elaboración del decreto.

Otro de los elementos recogidos en esta norma es la regulación de los accesos a los terrenos donde se encuentran las víctimas. En el caso de aquellos de titularidad pública, «el incumplimiento podrá llegar incluso hasta los tribunales»; mientras que en los privados se procederá, como en caso de las carreteras o de la extracción minera, a «una ocupación temporal previa autorización», diferenció.

En cuanto al mapa de fosas existentes en Castilla y León, que el Ministerio cifra en 219, De Santiago-Juárez informó de «actualizaciones pertinentes que serán remitidas al Gobierno».

El vicepresidente de la Junta aseguró que las asociaciones ya son conocedoras de este decreto, tras una reunión mantenida el miércoles con ellas, en las que además plantearon cuestiones que se recogerán como alegaciones tales como «educar en la verdad de la historia de España».