La Audiencia duda que haya juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia

La Audiencia Provincial de Segovia, a través de dos autos fechados en los últimos días, desestima los recursos de apelación presentados por seis ex altos cargos y directivos de la desaparecida Caja Segovia, acusados de administración desleal y apropiación indebida en el llamado Caso de las Prejubilaciones millonarias de Caja Segovia.

Los autos de la Audiencia conocidos ayer, rechazan las peticiones de los investigados que solicitaban poder aportar más documentación relativa a la compañía aseguradora Caser, con la que suscribieron las pólizas que les garantizaban recibir 17 millones de euros con cargo al ejercicio de 2010.

El magistrado ponente, que en este caso es el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando Echevarría, da por concluido el proceso de instrucción y lanza el caso hacia un juicio oral que después pone en duda que se llegue a celebrar. «Nos hallamos en la fase intermedia», recuerda, al tiempo que recalca: «El momento de aportación de diligencias para valoración por la instructora ya ha preconcluido»”.

No obstante, el magistrado recuerda que los investigados podrán solicitar la prueba en el momento que se celebre el juicio oral, «si es que dicho momento llega», incide.

Esta «puntualización» para la acusación popular, que ejerce el letrado de IU Alberto López Villa, «resulta ciertamente sorprendente». «¿Y por qué no va a llegar a celebrarse el juicio?», se pregunta el letrado de la acusación popular que pide para los encausados (investigados, según la nueva terminología) un total de 42 años de prisión y una cuantía económica de más de 18 millones de euros como resultado de solicitar para ellos la pena máxima de ocho años prevista para el delito de administración desleal y por la responsabilidad civil que tienen que asumir los ex directivos de Caja Segovia.

Los seis ex altos cargos que habían recurrido la decisión de revocar el sobreseimiento de la causa y continuidad del proceso, pidiendo que se aportara más documentación de la aseguradora, son Atilano Soto, que fue presidente de Caja Segovia; Manuel Agudíez ,vicepresidente; Elena García Gil, vicepresidenta segunda; Manuel Escribano, su director general; Antonio Tapias, secretario general, y Enrique Quintanilla, ex director de Recursos Humanos.

En los autos se hace referencia a la desestimación de retirar los indicios de criminalidad contra los investigados, como estos pedían. «Aquella resolución era y es firme por lo que la sala en este momento no entrará en su revisión como pretenden los apelantes», señala.

El auto por el que continúa le proceso judicial les acusa de haber diseñado en su exclusivo beneficio un plan de retiros anticipados con abuso de las funciones sociales que tenían encomendadas y en perjuicio de la entidad, por importe superior a los 17 millones de euros, con cargo al ejercicio de 2010, garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguro con la Compañía Caser.

El magistrado recuerda en los fundamentos de Derecho que fue la Audiencia quien decidió revocar el inicial sobreseimiento acordado por el juzgado número dos y ordenar la continuación de las diligencias. Como se recordará, iniciados los trámites judiciales por el Caso de las Prejubilaciones de Caja Segovia, se acordó el archivo del caso con el apoyo de la Fiscalía provincial.

Dicho archivo fue recurrido y, en marzo de este año, la Audiencia decidió revocar aquella decisión de cerrar el caso, tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que enjuició prejubilaciones de los directivos de NovaCaixa Galicia.

Para el abogado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, que ejerce como acusación popular, a partir de los dos autos conocidos ayer, las defensas y la fiscalía tendrán ahora que presentar sus escritos y se podría anunciar la apertura de juicio oral para finales de la primavera de 2018.

López Villa se pregunta «por qué no va a celebrarse el juicio oral si ya están hechas las acusaciones por las partes –IU y la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorros– y solo falta que los imputados presenten su escrito de defensa y se ponga fecha al juicio».

Esa ‘duda’ sobre la celebración del juicio oral, solo la entiende el letrado de IU en relación a lo sucedido en el caso del Torreón, cuya causa, instruida por el juzgado número 5 ha sido archivada tras una investigación de cinco años.

«El fiscal no comparece; la acusación particular que era la Fundación Caja Segovia se retira y desaparece el caso. Estamos ante el mismo ministerio fiscal, idénticos actores y delitos», señala. «Finalmente, el consejo de administración y los directivos que llevaron a Caja Segovia a asumir la deuda tributaria de Navicoas (7 millones) no fueron juzgados», advierte.

Sin embargo insiste en que «el juicio por el caso de las prejubilaciones debe celebrarse».