Las denuncias por violencia de género crecen un 10,9 % en Castilla y León durante el tercer trimestre

Los juzgados de Castilla y León recibieron en el tercer trimestre del año un total de 1.406 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 10,9 por ciento. En el conjunto del país, se contabilizaron 42.571 con un aumento del 11,7 por ciento, según los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, un total de 1.371 mujeres figura como víctimas de violencia de género en Castilla y León. Este dato supone un incremento porcentual del 22,3 por ciento en la variación interanual, ya que en el segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 1.121.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional (17,2) las comunidades de Baleares (ratio de 25,7), Murcia (23) y Comunidad Valenciana (22,5), mientras que la ratio en Castilla y León es la tercera más baja del país (11,3), por detrás de Galicia (10,7) y Asturias (10,9).

Durante el tercer trimestre del año, se solicitaron en Castilla y León 460 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales. Un total de 4113 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 49 lo fueron en los juzgados de guardia. Según la información recogida por Ical, el incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2016 fue de un 8,2 por ciento.

Por su parte, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, subrayó la mayor visibilidad del fenómeno de la violencia de género. Citó como “datos muy positivos” como el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar en el marco del proceso judicial (un 21,1 por ciento menos en Castilla y León, hasta las 142) y el incremento de las órdenes de protección concedidas por los jueces españoles.

Carmona se refirió a la “esperanza” que la sociedad ha depositado en el Pacto de Estado contra la violencia de género pero advirtió que puede truncarse “si no somos capaces de mejorar la respuesta global de instituciones y de ciudadanos, si no logramos potenciar los recursos sociales y asistenciales a disposición de las mujeres maltratadas, para que ninguna sienta desamparo y soledad en el difícil proceso que se abre tras la denuncia”.