Tres diputaciones, entre las diez más rápidas del país en abonar sus facturas

Pocos motivos de queja pueden tener las empresas que suministran sus bienes o servicios a las diputaciones de Palencia, Segovia y Valladolid. Las tres instituciones provinciales se sitúan entre las diez más rápidas del país en abonar sus facturas, según reflejan los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y referentes al pasado septiembre, que vuelven a coronar a Castilla y León como una de las comunidades más cumplidoras en lo que a pagar a los proveedores se refiere, una distinción que se extiende a sus entidades locales.

Lejos queda la estampa de hace poco más de un año, cuando la Administración autonómica se situaba en el extremo contrario –en junio de 2016, la demora media alcanzó casi 95 días– lastrada por la Gerencia Regional de Salud, cuya política de dar prioridad a los pagos del ejercicio corriente en detrimento de la deuda atrasada hizo que Castilla y León presidiese el ranquin de morosos y triplicase la tardanza máxima de 30 días que marca el Ministerio.

El panorama actual, pese a elevarse en cinco días respecto a agosto, deja en buena posición a la Comunidad, la octava más veloz en sacar la chequera para sus proveedores, algo que hace en alrededor de 16 días de media, diez menos que la del conjunto de regiones. Cabe recordar que, en este plazo, no se incluye el periodo de gracia de 30 días para dar conformidad a la factura, un tiempo al que se adelantan seis de las entidades locales castellanas y leonesas: las diputaciones de Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora y los ayuntamientos de Soria y Salamanca.

La institución provincial palentina es la más rauda a la hora de pagar las facturas, haciéndolo ocho días antes de que empiece a correr el reloj establecido por la legislación, una marca que le da el bronce del país al situarla sólo por detrás de la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo, que se llevan el oro y la plata, respectivamente. En el extremo contrario se sitúan, de nuevo, los consistorios de Burgos y Ávila, que exceden, en trece días el primero y en 16 el segundo, el plazo máximo permitido por el departamento que dirige Cristóbal Montoro y se convierten en las únicas instituciones locales de la Comunidad –sin contar los ayuntamientos de municipios no capitalinos– en incumplir la ley.

Destacado es el caso del Ayuntamiento de Ávila, que incrementó en doce días su tardanza media de septiembre respecto a la del mes anterior, cuando sólo sobrepasaba por un día el límite de un mes.

Entidades dependientes

También arrojan resultados positivos la mayor parte de las entidades dependientes del Gobierno regional, aunque un puñado de ellas todavía lastran los datos globales de la Comunidad. Vuelve a ser llamativa la ya endémica demora del Centro de Supercomputación de León, el más tardón en abonar sus pagos pendientes con casi cinco meses de media, unas cifras desproporcionadas que, sin embargo, suponen una reducción considerable frente a las registradas hace casi un año, cuando llegó a más de ocho meses.

La Fundación Villalar también se hizo de rogar a la hora de abonar sus facturas, tardando, de media, más de tres meses, mientras que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario y el Instituto Tecnológico Agrario acumulan importantes demoras de 60 y 45 días, respectivamente. Incumplieron también el Parque Científico de la USAL y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

En cuanto a las universidades públicas de la Comunidad, la de Valladolid fue la más cumplidora, pagando 18 días antes de que terminase el plazo para dar conformidad a la factura, mientras que sólola de Salamanca incumplió la legislación, aunque, en este caso, la demora apenas excedió la semana.