Adavas pide evaluar el “drástico” descenso de las órdenes de protección a las víctimas de violencia de género en los últimos años

La Asociación de Ayuda a las Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas) pidió hoy evaluar el “drástico” descenso de las órdenes de protección a las víctimas de maltratos en algunas provincias de la Comunidad. La abogada de la entidad, Manuela Torres, puso el ejemplo de Salamanca, donde las órdenes de protección han caído entre un 30 y un 40 por ciento en los últimos años. De ahí que demandara un papel “más activo” del Ministerio Fiscal en el procedimiento.

Torres, que compareció en las Cortes para evaluar el cumplimiento y la efectividad de la Ley autonómica 13/2010 contra la Violencia de Género y formular propuestas para luchar contra los maltratos, demandó una optimización de los recursos materiales y humanos así como un incremento de los servicios. Además, solicitó una supervisión y un control de los servicios, los protocolos de actuación y el trabajo de los profesionales para lo que planteó un mayor protagonismo de las comisiones de territoriales contra la violencia de género. “Deben reunirse con más frecuencia para que haya más coordinación porque, en la actualidad, tienen una escasa utilidad práctica”, afirmó.

Y es que solicitó “mecanismos de control y sanción” cuando los mecanismos previstos no funcionen. No en vano, apuntó que Adavas ha constatado las “duplicidades” de servicios. “No queremos más victimización de las víctimas por un desconocimiento de las prácticas de actuación o por realizar una mala valoración del riesgo”, precisó.

En ese sentido, planteó la necesidad de realizar evaluaciones pormenorizadas para conocer el impacto de las campañas y la calidad de los servicios de atención a las víctimas, tanto los que prestan las administraciones públicas como las asociaciones y los colegios profesionales. No en vano, insistió en la coordinación “adecuada” en los recursos en el medio rural para que existan puntos de encuentro familiar en el medio rural.

Al igual que otros comparecientes anteriores, Manuela Torres subrayó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León está pendiente de contar con un reglamento y advirtió que la “dispersión” de decretos no es “lo deseable”.

También criticó la desaparición de la red de centros de día para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que ahora los recursos se reducen a las casas de acogida, los centros de emergencia y los pisos de acogida. Además, expuso que la asistencia social a las víctimas debe ser prioritaria en los Centros de Acción Social (CEAS), puesto que son la puerta de entrada al sistema de ayudas.

La abogada de Adavas recordó que su asociación presta una asistencia directa, gratuita e integral las 24 horas del día que va desde la atención psicológica y jurídica hasta social y la intervención de los hijos de las víctimas. También hizo hincapié en la prevención y sensibilización que presta la entidad con cursos de formación y campañas.

Más formación

En ese sentido, Torres demandó una mayor y mejor formación de los profesionales especializados con perspectiva de género. Puso el ejemplo, de los abogados del turno de oficio que atienden a las víctimas de maltrato que solo han recibido un curso de 10 horas, lo que a la postre genera “quejas” de las mujeres asistidas.

También abogó por que el personal que realiza sustituciones conozca los protocolos de actuación en la materia y que todos los forenses acudan a los hospitales cuando son avisados de un presunto delito de violencia sexual.

Los grupos de la oposición como el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos (Cs) mostraron interés por el teléfono 24 horas de Adavas para la atención a las mujeres víctimas. Manuela Torres explicó que es un servicio que supone una carga de trabajo “importante”, pero que supone una alternativa a los teléfonos 016 y 112 ya que, en muchas ocasiones, los profesionales de estos números derivan al recurso de la asociación. “Muchas víctimas que sufren una nueva agresión nos vuelven a llamar porque somos más cercanos y tratamos de solucionar su problema al ofrecer prestaciones integrales”, manifestó.

La portavoz del PSOE en la Comisión No Permanente, Ana María Agudíez, alertó de que solo la mitad de las mujeres que denunció en el primer semestre del año maltratos recibió una orden de protección pero también del elevado porcentaje de la retirada de denuncias. Además, demandó un incremento de los recursos materiales y humanos para llevar a cabo un abordaje integral y una mayor coordinación entre instituciones y profesionales.

Belén Rosado, de Cs, demandó más medidas en el medio rural para que las víctimas de violencia de género dispongan de los mismos medios y servicios que las mujeres que residen en el ámbito urbano. En ese sentido, planteó la posibilidad de que las diputaciones cedan espacios y personal para la puesta en marcha de puntos de encuentro familiar en los pueblos.

La portavoz de Podemos, Laura Domínguez, incidió en la lucha contra la violencia sexual puesto que está tipificada en la ley autonómica pero que no cuenta con un presupuesto específico. Por su parte, María del Mar González, del PP, habló de la necesidad de mejorar la formación de los formadores y prestar los mismos servicios en el ámbito rural.

En cuanto a las campañas de sensibilización, Manuela Torres apostó porque la divulgación sea “constante” en el tiempo y no en fechas puntuales con motivo de la conmemoración de días internacionales.

Plena Inclusión

Otro de los comparecientes en la comisión fue el presidente de de Plena Inclusión Castilla y León, Juan Pérez, quien recordó que una macroencuesta de Cermi en 2015 alertaba que el 31 por ciento de las mujeres con discapacidad había sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. También apuntó que una gran mayoría de estas personas no es consciente de padecer un abuso lo que, a su juicio, es “especialmente grave”.

Plena Inclusión, que representa a más de 7.000 personas con discapacidad intelectual en la Comunidad, apostó por abordar de forma integral la prevención de la violencia de género y el fomento de la igualdad y de las oportunidades entre hombres y mujeres. Y es que valoró la importancia de incorporar a los varones para avanzar en los modelos igualitarios, que eviten las conductas de superioridad. Puso como ejemplo la experiencia pionera llevada a cabo por la federación, en colaboración con la UNED, con los cursos de violencia de género y discapacidad intelectual. Cursos que ya han contado con la participación de más de 60 hombres y mujeres con discapacidad que luego pueden asesorar a otros compañeros en el maltrato.

Pérez abogó por contar con una información adaptada y materiales de la lectura fácil para llegar a las personas con dificultades lectoras. No en vano, recordó que muchas personas con discapacidad intelectual desconocen lo que es la violencia de género. También citó el estudio de Feaps que recogía que el 30 por ciento de las mujeres en etapa escolar reconoció que había sufrido abuso físico o psíquico. Además, el 43 por ciento de ellas no hizo nada ni comentó la existencia de esos maltratos.

En cuanto a las medidas a adoptar de cara al futuro, el presidente de Plena Inclusión planteó la elaboración de estudios de investigación sobre el estado de las mujeres con discapacidad para luego adoptar acciones y desarrollar políticas. También mencionó la importancia de las políticas de inserción laboral para facilitar la integración de estas mujeres.

El Partido Socialista reclamó un incremento de los recursos para que los servicios lleguen a todas las personas, con independencia de su condición. Abogó por mejorar la formación de los profesionales sociales, jurídicos y sanitarios para abordar con garantías la violencia de género. María Josefa Rodríguez, de Podemos, preguntó si la información en la materia está suficientemente publicitada y accesible para el colectivo de la discapacidad. También pidió más cursos de formación para las mujeres con discapacidad y para el resto de personas del colectivo.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos denunció las diferencias entre el ámbito urbano y rural, por lo que planteó acuerdos de colaboración con las policías locales y los ayuntamientos. Por su parte, el PP incidió en la sensibilización de la sociedad y la coordinación entre administraciones.

Consejo de la Juventud

La vocal de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Castilla y León, María de Diego, aseguró que la sociedad es incapaz de detectar, en la actualidad, los micromachismos, la violencia sutil y la relegación de la mujer a un segundo plano. De ahí que demandara leyes para evitar este tipo de situaciones y, de llevarse a cabo, contar con herramientas para luchar contra ellas.

De Diego puso el acento en la sensibilización y la prevención que deben ser el “pilar indiscutible”, sobre todo tras comprobar las nuevas amenazas y las formas de control en las redes sociales que son poco percibidas por la ciudadanía. En ese sentido, incidió en utilizar un lenguaje común y trabajar en la igualdad, la tolerancia y el respeto desde edades tempranas y no como ocurre ahora a partir de los 12 años. No en vano, expuso que “las jóvenes de hoy serán las víctimas del mañana”.

También pidió incluir la violencia instrumental sobre los menores y las personas dependientes que están a cargo de la mujer víctima así como establecer un mayor control de la publicidad y los medios de comunicación para evitar la desigualdad.