Abre la puerta a una financiación ‘extra’ en sanidad y servicios sociales

Hay fundadas esperanzas de que el nuevo modelo pueda contemplar una financiación mayor y suficiente al menos para la sanidad y los servicios sociales. Seguramente también para la educación. Castilla y León registra un déficit de cerca de 500 millones anuales en sanidad y la financiación de los servicios sociales deja mucho que desear porque el Gobierno central no financia lo que le corresponde. Jaime Rabanal cree que hay bases en el informe para mejorar ambas, si se determinan adecuadamente las necesidades de gasto.

En primer lugar, porque la propuesta de los expertos plantea la población ajustada en sanidad y eso supone incorporar variables más favorables a la región y por encima de la actual población protegida. Además, «la comisión considera que sería aconsejable introducir algunas variables nuevas en la fórmula de necesidades de gasto o sustituir algunos indicadores actuales por otros que aproximen mejor la demanda de determinados servicios», señala el informe de los expertos.

En concreto, en sanidad la comisión recomienda mantener la variable de población protegida ponderada por el nivel relativo de gasto sanitario de cada tramo de edad, pero aconseja actualizarlos periódicamente y revisar dichas ponderaciones para adecuarlas al coste real;un concepto asimilable a la población ajustada.

La propuesta de financiación de los servicios sociales y la Dependencia aparece con más claridad en el informe. Si en el modelo actual se contempla sólo la población mayor de 65 años, los expertos plantean mejoras. En el caso de prestaciones de mayores, dividir la población de 65 años en dos tramos -de 65 a 79 y a partir de 80- y ponderar estos de acuerdo con la probabilidad relativa media de sufrir alguna discapacidad reconocida en el sistema de dependencia del Ministerio. En otras políticas de protección, sobre todo en la lucha contra la pobreza, aconseja mejorar la fiabilidad de la estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida e incluir a la población infantil.

EDUCACIÓN . Los expertos cuestionan el indicador básico que utiliza el modelo actual para financiar la educación, que es el de 0 a 16 años de acuerdo con el padrón. Alegan que no es el más adecuado porque no coincide ni con el tramo de edad de la enseñanza obligatoria (6 a 15 años) ni con el de las tasas de escolarización más elevadas (3 a 17 ó 18) y no prevé en absoluto el alumnado universitario.

Respecto a los de 0 a 3 años, propone considerar la población empadronada o los niños matriculados en centros públicos. Sobre la universitaria, aconseja una adecuada asignación que tenga en cuenta la movilidad de estos alumnos. Al respecto, propone dos opciones: computar los matriculados reales en las universidades públicas de cada autonomía, al margen de su origen, o la población potencial y articular mecanismo de compensación de gastos. Para el conjunto de la educación, propone combinar dos variables: la población empadronada de entre 0 a 18 años, a la que habría que añadir el alumnado que cursa en centros públicos algún ciclo formativo de grado superior y el alumnado universitario matriculado en centros públicos en cursos de grado o máster.

La población ajustada, que se tendría en cuenta para la sanidad, debería incorporar, según los expertos, dos factores diferenciales de costes: los niveles de precios y de renta per capita de cada comunidad autónoma.

Finalmente, recomienda estudiar la incidencia de otros factores en la demanda y los costes de los servicios, como la orográfica.Un factor importantes para precisar el coste de los servicios en Castilla y León.