Los abogados de la Comunidad reclaman una única asistencia para las víctimas de violencia de gnéro
La representante del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y presidenta de la Agrupación Mujeres Abogadas de Valladolid, Rosa María Gil López, reclama una única asistencia jurídica integral especializada y pública para las mujeres víctimas de violencia de género prestada por los colegios de abogados y la implicación de las administraciones regional y locales para llegar hasta dónde no lo hace la ley estatal, más restrictiva que la autonómica.
La Comisión no permanente para evaluar el cumplimiento y efectividad de la ley contra la violencia de género escuchó hoy la comparecencia de la letrada de la Secretaría del Juzgado de Violencia número 1 de Valladolid, María José Anocibar, y de la presidenta de la Agrupación Mujeres Abogadas de Valladolid, Rosa María Gil López, también representante del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
Ambas incidieron en la importancia de la especialización para dar una respuesta más rápida a las víctimas en el proceso judicial, en la sensibilización e implicación de toda la sociedad cuando observa agresión física o psicológica hacia las mujeres y en la falta de medios materiales y personales, aunque destacaron su profesionalidad y su formación. “La mayor recompensa es cuando la víctima te dice: salí”, afirma Gil López.
Igualmente, resaltaron las diferencias entre la ley autonómica y la estatal, porque la primera es más amplia en la consideración de formas de violencia y favorable a las víctimas aunque no presenten denuncia al existir la certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios de la Comunidad, mientras que la segunda es más restrictiva y sólo lo acredita cuando hay orden de protección, informe motivado del Ministerio Fiscal o sentencia condenatoria.
Gil López explica que todos los colegios de abogados de Castilla y León tienen turnos especializados de violencia de género y prestan la asistencia jurídica las 24 horas y 365 días del año, aunque recordó que cubre lo que dice la norma nacional -violencia doméstica-, de ahí que solicitó la implicación de las instituciones autonómica y local para cubrir todo los que dice la ley autonómica.
En este punto, calificó de fundamental el convenio entre la Consejería de Familia y el Consejo de la Abogacía para la formación de los profesionales que intervienen en este proceso y confió en que exista un asesoramiento jurídico previo aunque no haya una denuncia para evitar la doble victimización.
Propuestas
La abogada lanzó una batería de propuestas como que sean los colegios de abogados los que presten una asistencia integral porque tienen la infraestructura, medios y profesionales para asesorar y defender a las víctimas, que la asistencia sea incluso anterior a la denuncia, que la víctima se pueda personar como acusación particular, que exista una educación en igualdad para acabar con esta “lacra” o la sensibilización de los menores.
Por su parte, María José Anocibar destacó la importancia de juicios rápidos en estos procesos -en lo que va de año ha habido 235 en Valladolid- para que la víctima no se retracte o dé un paso atrás, reclamó más equipos psicosociales -hay cuatro en la provincia-, entró en las diferencias entre la asistencia en el mundo rural y urbano -también lo mencionó Gil López- e incidió en la prevención en menores, donde recordó que fotos íntimas colgadas en la red son o un delito o que no todos los actos de celos no son una manifestación de amor.
"Sería deseable que la mujer que denuncia la mantenga y no se retracte, nos da mucha rabia y luchamos en el juzgado contra ello", afirmó María José Anocibar, que apuntó las 88 solicitudes de ordenes de protección en el segundo trimestre de las que se han concedido 43, donde reconoció un aumentó sin saber por qué causas.
En nombre de los grupos, Belén Rosado preguntó si es bueno o malo el aumento de las denuncias -1.042 en 2016 y 1.315 en la comparativa de 2017- y en las cusas, si bien ninguna de las dos comparecientes se atrevió a indicar por qué el mayor número y, en relación a las causas, Gil López apuntó incluso a la crisis económica y la dependencia de muchas mujeres de sus parejas.
Laura Domínguez (Podemos) consideró fundamental que sea la mujer la que denuncie, la sensibilización, en particular, y preguntó directamente sobre lo que se puede hacer para acabar con la violencia de género. La socialista María Josefa Díaz Caneja consideró que las estadísticas no reflejan la realidad y sólo lo hacen las denuncias.
Igualmente, señaló el déficit en equipos psicosociales y en puntos de encuentro -también indicado por Anocibar- y lamentó que se dé más importancia a las cláusulas suelo respecto de los juzgados que atienden estos casos que a la violencia hacia las mujeres, al existir sólo dos en la Comunidad -Burgos y Valladolid- exclusivos y el resto comparten las funciones, algo que para ella se agrava en el ámbito rural.
Por último, la popular Mar González afirmó que ambas leyes tienen que “ir de la mano”, preguntó por la retirada de denuncias -motivos económicos y miedo, dijo Anocibar- y subrayó la importancia de la prevención de los adolescentes en un mundo digital.