Pacto para triplicar el gasto global en I+D con más peso y «reequilibrio» en la industria

La industria es un sector económico estratégico para Castilla y León. Constituye una fuente de riqueza y empleo para laComunidad y ejerce un efecto tractor de la actividad en otras áreas productivas». Así arranca el primer Acuerdo de Reindustrialización de Castilla y León de la legislatura firmado ayer en las Cortes por todos los grupos parlamentarios más el procurador del Mixto Luis Mariano Santos y con la única excepción de su colega de grupo José Sarrión de Izquierda Unida.

El pacto político pretende reformar el peso de la industria en la economía regional, reequilibrar territorialmente su implantación, elevar el gasto en I+D+y mejorar la financiación.

Para llegar a estos retos, los firmantes acuerdan impulsar la industria movilizando 836,6 millones de euros entre 2017 y 2020 para que el sector manufacturero represente el último año del acuerdo el 20% del PIB regional, lo que supone un salto de 2,2 puntos respecto a 2016 cuando equivalía al 17,8%.

Estos recursos no son comparables con los de años anteriores porque las vías de ingresos futuras carecen de homogeneidad, según explicó Herrera a preguntas de los periodistas.

Para alcanzar este objetivo, los grupos firmantes acuerdan un impulso sin precedentes en la historia de la Comunidad de incremento del gasto en I+D+i y lo que es más incierto triplicar en cinco años la inversión privada y pública de Castilla y León. De tal forma que la Junta se ve obligada a elevar para 2019 en un 109,5% el gasto presupuestario en investigación, desarrollo e innovación. Este avance supondrá pasar de los 167 millones de euros de 2016 a 350 en el penúltimo año del acuerdo (2019). Con este esfuerzo inversor, Castilla y León debería pasar del 2,19% de gasto no financiero del presupuesto de las consejerías pasando del pasado ejercicio al 3% en 2019.

Pero no es este el compromiso más llamativo, sorprendente y casi imposible de cumplir. PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos acuerdan que la Comunidad autónoma llegue en 2020 al 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) en gasto en I+D+i. Hay que tener en cuenta que la propia Estrategia de Especialización Inteligente, suscrita por la Junta con el beneplácito del Gobierno y de la CE, contempla llegar al 2% en 2020. Y sin embargo, Castilla y León ni siquiera llegó al 1% en 2015, último año sobre el que hay datos oficiales del INE.

Se da la circunstancia de que en 2015, el gasto retrocedió del 1% al 0,99% y que la Comunidad nunca sobrepasó el 1,1%. Si mantuviera el ritmo actual Castilla y León tardaría 101 años en llegar al 2% y muchísimo más en alcanzar el 3% pactado ayer por todos los grupos.

El presidente de la Junta reconoció que era un «reto ambicioso» y el líder del PSOE, Luis Tudanca, presumió de haber sido el autor de esta alegación al plan de la Junta.

El Gobierno regional estima que podrá aportar 690 de los 1.433 millones previstos en cuatro años para Ciencia y Tecnología.

Al reto del 20% de la industria manufacturera regional contribuirá el compromiso ambiguo y sin indicadores concretos de «abordar el reequilibrio territorial de la implantación industrial en Castilla y León para favorecer su cohesión social y territorial». Ningún grupo explicó ayer ni cómo se va a lograr este deseado reto para las provincias con menor peso industrial y mucho menos el peso industrial que tiene o debe tener cada territorio.

Junto a los tres «objetivos generales», el pacto político firmado ayer en el Parlamento añade otros tres de distinto calado y concreción. «Impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos, incluidos los ambientales, como fuente de riqueza y reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio», es el cuarto objetivo del que tampoco existe demasiada precisión, salvo la promesa de la Junta de «dejar fuera del modelo industrial de Castilla y León el desarrollo de las técnicas de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas».

El acuerdo hace una defensa también genérica del sector del carbón y de los proyectos de la Ciuden en Ponferrada.

La quinta pata del acuerdo es la financiación. Se marca el objetivo de «mejorar la financiación de proyectos industriales, propiciando la paulatina conversión de Sodical en un Instituto Financiero de Castilla y León, mediante la captación de recursos públicos de toda índole y de ahorro privado».

Herrera advirtió de que esta vieja reivindicación del PSOE no supondrá, al menos hasta 2019, la conformación de un banco público, algo a lo que sí aspiran tanto el Partido Socialista como Podemos.

«Sodical tiene mucho que decir en la financiación pública a 15.000 pymes a las que no llega la financiación privada», recordó Herrera al tiempo que anunció un reforzamiento rápido de esta empresa «que no es pública» y donde la Junta controla ahora el 42,5% de su capital.

El jefe del Ejecutivo regional admitió que asumir este instituto es una «cesión» y una «renuncia» de su grupo, y dejó para más allá del 2020 otras posibilidades de evolución de esta histórica iniciativa socialista.

El séptimo objetivo de este pacto político aborda la necesidad de «aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial». Sin más precisión.

El documento de cuatro páginas escasas contempla también una declaración de principios de impulsar los parques tecnológicos de Valladolid y León «y la finalización del de Burgos».

La Junta aprobará en breve en Consejo de Gobierno el Programa de Reindustrialización con el desarrollo concreto de los seis objetivos.

El Gobierno regional «se compromete a informar anualmente del grado de ejecución del Plan Director de Promoción Industrial». La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, comparecerá cada año en la comisión permanente de las Cortes. Su primera comparecencia servirá para «proponer» y «debatir» con los grupos políticos «la propuesta de programas territoriales de Fomento tendentes a promover el reequilibrio territorial» en la implantación industrial de Castilla y León.

El pacto político suscrito ayer es la consecuencia del acuerdo de julio de 2015 por el que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometían a «negociar un pacto» para que la industria llegue a alcanzar «un peso del 20% de nuestro PIB en el horizonte de 2020».

El pacto «no ha sido fácil», según Herrera, y se ha gestado en base a la inclusión de «aportaciones» y «renuncias». Todos los grupos menos el PP pidieron ayer agilidad y rigor en su cumplimiento.