Aumentan los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León

El número de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León se incrementó el pasado año en 1.031 personas, hasta alcanzar los 38.560, según anunció hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que resaltó que el pasado ejercicio 4.245 perceptores de esta ayuda lograron encontrar un trabajo, de los 1.200 lo hicieron gracias a los planes de empleo de la Junta.

La consejera también recalcó que el presupuesto de su departamento para atender esta prestación social, que de media alcanzó los 536 euros mensuales, se incrementó hasta los 76,5 millones de euros, 3,5 millones que en el ejercicio de 2015 y casi el triple que en 2011 cuando fueron 27 millones de euros, y apuntó que la cuantía de la ayuda supera la media nacional. En este sentido, matizó que la cuantía mínima en la Comunidad es de 426 euros, seis más que la media nacional, mientras que la ayuda máxima alcanza los 692 euros, por los 664 de la media nacional.

Alicia García realizó estas declaraciones en Valladolid tras la firma de un convenio con el Procurador del Común, Javier Amoedo, que tiene como objetivo reforzar este derecho y agilizar la respuesta a los ciudadanos en su tramitación, también explicó que el perfil del perceptor de la renta garantizada corresponde al de una mujer (58, por ciento) que vive en el medio urbano (62,5 por ciento), de entre 25 y 45 años (53,1 por ciento), con cargas familiares (58,8 por ciento).

A su vez, la consejera también se refirió a la Red de Protección a las Familias, puesta en marcha en 2013 para ayudar a las personas más vulnerables que se vieron afectadas por la crisis, asegurando que de media ha ofrecido respuesta concretas y urgentes a una media 180.000 castellanos y leoneses al año a través 23 programas y con un gasto que el pasado año ascendió a 180 millones de euros.

Con relación al convenio, García explicó que su departamento se compromete a facilitar periódicamente al Procurador del Común datos sobre la gestión de la prestación de la Renta Garantizada, creando un “canal directo” de comunicación que permitirá recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones que sean admitidas por el Procurador, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación.

Quejas

Por su parte, Javier Amoedo indicó que este convenio es fundamental para lograr una tramitación más rápida, ya que la Consejería de Familia se compromete a reducir los plazos para responder a los requerimientos de la Institución, y resaltó que también contempla la creación de una comisión de seguimiento.

Además, también hizo referencia a la importante caída de las quejas relacionadas con la Renta Garantizada de Ciudadanía, que pasaron de las 52 de 2015 a las 36 del pasado ejercicio. En este sentido, explicó que la mayoría de las quejas son reiterativas y tienen que ver con la demora en la tramitación de los expedientes, con la dificultad de los extranjeros a la hora de aportar todos los documentos y con el excesivo rigor a la hora de aplicar los criterios para denegar la ayuda.

Así, explicó que fue aceptada una resolución referente a la denegación de una ayuda de una persona que había practicado la mendicidad, y también reclamó que se reduzca el plazo de seis meses que se ha establecido desde que una persona pierde el derecho a la ayuda por no cumplir los requisitos hasta que puede volver a la solicitar la ayuda una vez que vuelve a cumplir los mismos.

A preguntas de los periodistas, Amoedo también se refirió a las quejas recibidas por familias en situación de necesidad que han sufrido cortes en el suministro energético o de agua, confirmado que se ha incoado una queja de oficio para reclamar que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que ninguna familia en apuros económicos sufra cortes en estos servicios esenciales.