La Comunidad reclama un gran pacto industrial para toda España

El diálogo social en Castilla y León funcionó también ayer a la hora de llevar una posición conjunta de la Comunidad a la Conferencia de Presidentes. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los representantes de la patronal y los sindicatos mayoritarios consensuaron las reivindicaciones que presentará la Comunidad en la cita, entre las que destaca la demanda de un gran acuerdo industrial para toda España, al estilo del que se ha hecho en Castilla y León.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, resaltó al término del encuentro que las políticas industriales deben ser una prioridad, de ahí que el planteamiento acordado con Cecale, UGT y CCOO sea reclamar un pacto industrial a nivel nacional. También se demanda una «reflexión política sobre las política activas y pasivas» de empleo, con la petición al Gobierno central de que se involucre más.

Una cuestión que también preocupa a los integrantes del Diálogo social es la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que caduca en 2020. Por ello, Castilla yLeón exigirá en la Conferencia de Presidentes que «se defienda el mundo rural», ya que de la PAC llegan casi mil millones de euros anuales a la Comunidad, por lo que es mucho lo que está en juego en la negociación para la política agrícola que se establecerá a partir de 2020.

Esa es una de las demandas sectoriales, pero hay otras, como la que se refiere a la minería del carbón, donde se reclaman medidas para la dinamización de las cuencas mineras y que el Gobierno fije una política energética en la que se clarifique el futuro del carbón nacional.

Además, tanto la Junta como los agentes económicos y sociales coinciden en demandar la conclusión de infraestructuras que consideran claves para la Comunidad. Son varias las peticiones en este sentido y ya se han formulado ante el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pero Juan Vicente Herrera insistirá en la Conferencia de Presidentes, especialmente en dos casos concretos, la Autovía del Duero y la que tiene que unir León con Valladolid.

El Ejecutivo autonómico consiguió ayer el último espaldarazo, tras la reunión con los integrantes del diálogo social, a las demandas que sostiene en relación a la mejora de la financiación autonómica para poder prestar unos servicios de calidad y lograr la cohesión social.

En este sentido, sindicatos y patronal volvieron a dar su apoyo a la reivindicación de un nuevo modelo que tenga en cuenta la población rural y el coste que supone la prestación de servicios en este ámbito, así como la edad de la población, dado que el envejecimiento en Castilla y León provoca unos mayores gastos.

También hay acuerdo total con los representantes de UGT, CCOO y Cecale en demandar una flexibilización de la tasa de reposición de los funcionarios, tal y como explicó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo. Las limitaciones actuales están provocando falta de personal y un aumento ya preocupante de la interinidad.

En cuanto al nuevo modelo autonómico, los sindicatos y la patronal coincidieron en que el problema de la financiación «no está tanto en el gasto como en los ingresos», tal y como explicó el secretario general de CCOOen Castilla y León, Ángel Fernández. Par el sindicalista, el modelo actual «se aleja de la igualdad y la equidad», por lo que es necesario un cambio, en el que además los mayores recursos se obtengan a través de una reforma fiscal, cuyo principal objetivo debe ser hacer «aflorar los 90.000 millones que se defraudan cada año en España», según Hernández.

El representante de CCOO también reclamó la creación de una agencia de evaluación de la calidad y los costes de los servicios públicos, así como un catálogo de servicios común para todos los ciudadanos. Asimismo, Hernández apoyó la reclamación de Castilla yLeón de pedir la incorporación de los servicios a los dependientes en el modelo de financiación autonómica.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, también coincidió en que el modelo actual de financiación autonómica «no sirve», porque «solo tiene en cuenta la población». Por ello, considera imprescindible que el nuevo modelo permita que haya igualdad a la hora de contar con servicios en el medio rural y en el urbano. Para alcanzar ese nuevo modelo, no es posible la negociación bilateral, sino que deben realizarse «acuerdos multilaterales con todas las Comunidades Autónomas», afirmó.

Temprano también asumió la necesidad de conseguir un acuerdo sobre la financiación local, que definió como «uno de los grandes problemas de nuestro municipios y provincias».

Para el representante de UGT, el Estado tiene que «volver a invertir en políticas de empleo». A su juicio, las Comunidades Autónomas deben complementar esas inversiones y no al revés, que es lo que está sucediendo en la actualidad.

Por su parte, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, coincidió en que el modelo de financiación actual «no sirve», «es injusto». También compartió con los sindicatos la necesidad de actuar contra el fraude fiscal «de forma contundente». «Es necesario actuar contra las personas que están fuera del sistema», dijo, para lo que abogó porque se hagan caso a las denuncias de empresarios y sindicatos, aunque estos no puedan aportar el nombre de quienes están cometiendo el fraude.

Además, dentro de la apuesta por la industria, pidió que «poco a poco» se vaya consiguiendo llegar al 3% de inversión en Innovación y Desarrollo.

Cecale pide copago sanitario y Carriedo lo rechaza

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, se mostró partidario de establecer el copago sanitario e incrementar el farmacéutico. A su juicio, «hay que estudiar de manera clara el copago», porque el sistema actual es deficitario «incluso en los tiempos de bonanza económica». Para ello, propuso la elaboración de un catálogo de servicios y hacer así una valoración de los costes, con lo que «sacaríamos el copago que debe tener» el sistema. «Es esencial el estudio, porque puede ayudar a la solución», afirmó. Lo que no soluciona nada, señaló, son medidas como el céntimo sanitario, que «ha sido un fracaso».

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, se desmarcó de la posición de Cecale. «Hemos apoyado que no se implante el modelo del copago», dijo. Además, afirmó que se ha producido una reforma del modelo del copago farmacéutico para que no afecte a colectivos sin ingresos como los parados. A su juicio, es necesario esperar a conocer el resultado de la reforma y ver si es necesario o no introducir algunos cambios, al tiempo que recordó que el copago afecta solo a la receta de medicamentos de la farmacia no hospitalaria.