El juez se empecina en no meter en la cárcel a Gago pese a los 14 años de pena

Raquel Gago, la policía local condenada por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PPde León, Isabel Carrasco, junto a su amiga Triana Martínez y a la madre de ésta y asesina confesa, Montserrat González, continúa en la calle.

El juez presidente del jurado popular de la Audiencia Provincial de León, Carlos Álvarez, se empecina en no meter en la cárcel a Gago, pese a los catorce años de condena que le acaba de imponer el Tribunal Supremo. Doce años como cómplice de asesinato con el agravante de atentado contra la autoridad y dos más por tenencia ilícita de armas.

Pues ni por esas. Álvarez se escuda ahora en lo que da en llamar «incompetencia funcional», para no mandar a prisión a la condenada, tal y como le piden el fiscal jefe de León, Emilio Fernández, y las acusaciones.

El juez ignora «el riesgo evidente de fuga» de Raquel Gago, que sostiene el fiscal, y celebra una vista oral y dicta un auto posterior sólo para declararse incompetente.

Alude a una posible incompetencia, pese a que en ese mismo auto señala que la Sala segunda del Tribunal Supremo remitió, vía fax, una comunicación de la Audiencia en el que ya le anticipa el fallo, que «no sólo confirma la condena de la misma, como cómplice del delito de asesinato en concurso ideal con el delito de atentado, a la pena de doce años de prisión, sino que, estimando en este punto el recurso del fiscal, la condena, como autora de un delito de tenencia ilícita de armas, a la pena de dos años de prisión».

Añade incluso una «coletilla final». «El Tribunal Supremo indica que ello se participa a esta sección tercera de la Audiencia Provincial a los efectos oportunos». Efectos que el fiscal tiene claro que son el inmediato ingreso en prisión de Raquel Gago.

Es más, el auto del propio magistrado-presidente del jurado constata que el anticipo del fallo del Supremo, tras la deliberación por parte de sus magistrados y la difusión pública de su contenido, «convierte en prácticamente seguro e inamovible tal resultado condenatorio para dicha acusada».

Con todo y con eso, Carlos Álvarez se acoge ahora a su argumento para esquivar decidir sobre esta condenada por el crimen de Isabel Carrasco, pese a reconocer que la ejecución del fallo le compete «indudablemente» a la Audiencia, es decir, a la Sala que preside.

En su escrito, Álvarez se acoge a lo dispuesto en los artículos 985 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y asegura que «no ocurre lo mismo respecto de la competencia para conocer de la situación personal de la condenada, cuando la causa está pendiente».

Por esto, remata el auto asegurando que «esta Audiencia perdió la competencia sobre la causa y sobre la situación personal de las acusadas en la misma con motivo del recurso de apelación contra la sentencia».

Todo para concluir que tomar la decisión de mandar a Gago a prisión, después de que lleve un año y once meses en la calle, «corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ –presidido por José Luis Concepción– en tanto no sea declarada firme y ejecutiva la sentencia condenatoria en la presente causa».

Una firmeza que primero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Supremo, después, ya han dejado patente con sus dos sentencias condenatorias contra Raquel Gago a doce años de cárcel, el primero, y a catorce, dos más por tenencia ilícita de armas, el segundo.

Gago pedirá el indulto: «La decisión no es justa»

Raquel Gago interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y presentará una solicitud de indulto con suspensión de la condena en cuanto se haga pública la sentencia del Tribunal Supremo que eleva de doce a catorce años de prisión la pena, según explicó ayer, en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de León, el letrado Felipe Lozano, que representa a la policía local .

El abogado se sumó al planteamiento del presidente del Tribunal que juzgó a Gago y a las otras dos acusadas por la muerte de Isabel Carrasco, y considera que es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en cuyo poder obran las piezas de situación del caso, el que debe decidir si Gago ingresa o no en prisión, tal y como solicitan el fiscal y las acusaciones, informa Ical.

Raquel Gago rehusó de su derecho a tomar la palabra y en consonancia con lo anunciado por su abogado aseguró que van a seguir «con todas las medidas que nos permita la ley».

La policía local condenada por el crimen de la presidenta de la Diputación y del PP de León subrayó, antes de pedir al Tribunal que mantenga en la medida de lo posible su situación actual de libertad bajo fianza, que «la decisión no es justa». «Seguiremos recurriendo hasta que se nos permita», añadió.

Al eludir el Tribunal esa decisión, el ingreso se produciría una vez que se publique la sentencia del Tribunal Supremo.