El PSOE pide que los agentes ambientales sean policía judicial
Del 22% de las 1.042 plazas que contempla la relación oficial sólo se convocaron cinco
El PSCyL reclamó ayer a la Junta que impulse la creación de un cuerpo específico de agentes medioambientales que tenga reconocida la potestad de policía judicial, con el fin de que los funcionarios puedan ejercer sus funciones de investigación y persecución de los delitos contra la naturaleza con suficiente seguridad jurídica.
Esta propuesta se recoge en una proposición no de ley presentada está mañana por el procurador socialista segoviano José Luis Aceves, y se debatirá en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes del próximo miércoles. En la misma, también se reclama que el nuevo cuerpo se estructure en tres escalas -básica, ejecutiva y técnica-, y que se integre en el servicio de emergencias 112.
Además, en la proposición, que cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y de la Asociación Profesional de Agentes Forestales, también se reclama la elaboración de un reglamento, la creación de escuelas de formación y la elaboración de una orden que regule la uniformidad y los emblemas del cuerpo. Al mismo tiempo, en la PNL se insta al Gobierno al establecimiento de un régimen jurídico básico para todos los agentes del estado, con independencia de las potestades atribuidas por cada comunidad, y la modificación de la normativa para que los agentes puedan llevar armas.
Por otro lado, Aceves aprovechó la presentación de esta propuesta para criticar la precaria situación de estos trabajadores y denunció que a pesar de estar vacantes el 22 por ciento de las 1.042 plazas que contempla la relación oficial de puestos de trabajo, en la última oferta de empleo público sólo se convocaron cinco.
El procurador socialista también reclamó la convocatoria de la Mesa Técnica de Medio Ambiente, y volvió a denunciar que en los últimos años la Consejería Medio Ambiente sólo ha resuelto el 60 por ciento de los expedientes sancionadores tramitados por los agentes y por la Guardia Civil.
A su vez, argumentó que una comunidad con un patrimonio natural tan singular y de tanto valor como Castilla y León y en la que la mitad de su superficie es forestal, no se puede «quedar atrás». Por ello, reclamó al consejero que «pise el terreno» y escuche las demandas de los funcionarios. Por su parte, Pedro Bécares, representante de CSIF, criticó la falta de vehículos y argumentó la necesidad de que los agentes puedan volver a portar armas.