De Santiago-Juárez defiende que no hay “ningún atisbo de ilegalidad” en el proyecto de ley del alto cargo

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió hoy que no existe “ningún atisbo de ilegalidad” en el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León, según los tres informes “firmados” que lo acompañan, y añadió que la Abogacía del Estado no ha hecho ninguna advertencia por posible inconstitucionalidad, como hizo a ocho normas en fase de proyecto en la anterior legislatura.

De Santiago-Juárez tomó la palabra en el pleno de las Cortes para presentar el proyecto de ley en el debate y votación del dictamen de la Comisión de la Presidencia sobre este proyecto. El vicepresidente explicó que cuenta con tres informes, “firmados”, de los servicios jurídicos de la Junta, del secretario general de la Consejería y del Consejo Consultivo, que no hizo ninguna observación “sustancial” por lo que sentenció que no existe ninguna “duda de ilegalidad”.

Asimismo, el titular de la Presidencia recalcó que los servicios jurídicos de la Junta son al menos “de la misma calidad” que los que hicieron otro documento, “no firmado” y que exponía dudas sobre su legalidad y adecuación al Estatuto de Autonomía. Además exhibió los últimos documentos registrados en el expediente y que señaló no se firmaron, y que a su juicio generan “inquietud”. Todo ello ha provocado en los últimos 15 días -dijo- un debate en el que el Gobierno autonómico ha estado “al margen” y en el que los “actores” fueron los parlamentarios. “Quien haya entrado en ese juego es culpable” de haberlo hecho, aunque lo hayan “engañado”.

En ese sentido, el consejero remarcó los 57 días existentes entre que se publicó en el Boletín de las Cortes el proyecto de ley y la constitución de la Ponencia. Aunque señaló que comprende a quienes decidan “esconderse” o “escudarse”, “allá cada cual”, insistió en que los procuradores tendrán que decidir si apoyan la limitación de mandatos, el establecimiento de un Código Ético y de Austeridad, el endurecimiento de las incompatibilidades, la limitación de las “puertas giratorias” o la imposición de sanciones a los altos cargos.

De Santiago-Juárez rechazó también que los argumentos de que existen “prisas” para no apoyar la ley, y añadió que solo entrarán en vigor “dos cuestiones” en esta legislatura, para “no cambiar las reglas de juego a mitad de partido”. Además, sostuvo que no se debe confundir la pérdida de confianza con la presunción de inocencia. También rechazó que esta norma permita nombrar a un “golpista” como presidente de la Junta, algo que explicó tampoco lo impide nada ahora y advirtió de que en un escenario de suspensión de la legalidad democrática importará “poco” esta ley.

Finalmente, el vicepresidente señaló que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha recogido en la historia de la Comunidad la creación del Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común y el Diálogo Social, con posterioridad a que se pusieran en marcha. Además, advirtió de que para modificar la ley máxima de la autonomía es necesario “trabajo, esfuerzo, dedicación y constancia”, algo que echó en falta en algunos, así como “generosidad” y “mucho diálogo”.