FOMENTO - DESCLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE

De 4.200 hectáreas para pisos a pastos

La Ley de Urbanismo de Castilla y León anula 503 sectores de suelo urbanizable y los recalifica como rústico común en 147 municipios / Elimina las previsiones fallidas de desarrollo sobre casi 11.500 hectáreas de terreno

-EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

Publicado por
Laura G. Estrada
Valladolid

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Los planes de expansión urbanística archivados en los cajones de los ayuntamientos de Castilla y León sin que se llegaran a culminar los trabajos de desarrollo, han caducado. Ya no hay posibilidad de llevar a cabo nuevas zonas residenciales o de impulsar los polígonos industriales previstos sobre el papel porque, si no se aprobó su ordenación definitiva, los terrenos ya no son aptos para la construcción. Son, de nuevo, campos de cultivo.

En total, podrían haberse levantado 90.000 nuevas viviendas, «que ahora figurarían en el stock de residencias vacías», repartidas entre los 147 municipios de la Comunidad que iniciaron la modificación de sus planes de ordenación urbana para favorecer la llegada de más vecinos y atraer la instalación de nuevos negocios, pero donde las previsiones no llegaron a materializarse.

Así lo recoge un estudio realizado por la Junta de Castilla y León tras la aplicación de una disposición transitoria de la Ley de Urbanismo de la Comunidad, por la que el pasado 19 de octubre todos los terrenos clasificados como suelo urbanizable se recalificaban como suelo rústico común «de forma automática» si no se habían aprobado los planes urbanísticos.

Una medida aprobada en el año 2014 que establecía un plazo de dos años para que los interesados pudieran desarrollar los proyectos dibujados en los municipios que habían habilitado espacio en pleno boom inmobiliario, pero donde finalmente no pasaron de ser una mera recreación tras el estallido de la burbuja.

En concreto, la disposición establecía que los proyectos ya iniciados tenían dos años para culminar la tramitación y demostrar así su viabilidad, bajo la pretensión de «acelerar la deseada reconversión del sector inmobiliario».

Transcurrido el plazo estipulado se han contabilizado 503 sectores afectados por la normativa repartidos entre las nueve provincias de la Comunidad, que en total suman 114.926.195 metros cuadrados, es decir, casi 11.500 hectáreas de erial que podría haberse transformado en paisaje de ladrillo.

A partir de ahora dicha superficie retorna a su condición previa y se materializa así el «compromiso» de la Junta con un «desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente, al eliminar las previsiones fallidas de desarrollo», que se habían convertido en «un lastre» para «los municipios afectados», destacó la consejería de Fomento.

«Los pueblos tienen que crecer, pero teniendo en cuenta un equilibrio racional», añadió la alcaldesa de la localidad vallisoletana de Mucientes, donde se habilitó la mayor superficie de Castilla y León para la construcción de nuevos sectores residenciales. «Por suerte», apunta la actual regidora, el problema se minimiza porque «no llegó a construirse ni un vial».

La situación no sólo suponía un contratiempo para los ayuntamientos, sino también para los propietarios de los terrenos, pues desde que se clasificaran como suelo urbanizable –como primer paso para el posterior desarrollo– estaban pagando una cuota más elevada del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI. Una situación que en algunos casos llevaban tiempo arrastrando, pues la modificación afecta al suelo urbanizable anterior a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, es decir, equivale a los proyectos previos al año 2000.

ÁVILA . La provincia abulense tiene 22 municipios donde ya no se construirán viviendas ni polígonos industriales tras la aplicación de la disposición en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. En total estaban previstos 85 sectores que suman una superficie de más de 2.800 hectáreas. Destaca el caso de Santa María del Cubillo, que acapara casi la mitad del total de los terrenos, con 1.684 hectáreas, distribuidas en ocho sectores.

A bastante distancia, en cuanto a superficie afectada, le siguen las localidades de Villanueva de Gómez (6 sectores en 368 hectáreas), Arenas de San Pedro (7 sectores en 139 hectáreas), La Adrada (otros 7 sectores en 131) y Peñalba de Ávila (2 sectores en 111 hectáreas).

BURGOS . Es la provincia de la Comunidad con más municipios afectados por la aplicación de la normativa, con un total de 25 casos, que suman 80 sectores sobre un total de 481 hectáreas de superficie, aunque ninguna localidad despunta de forma desmesurada en el largo listado. 

Por orden de extensión, destacan los casos de Cardeñajimeno, que suma 79 hectáreas repartidas en 7 sectores y Merindad de Montija, con 73,6 hectáreas también para el impulso de siete sectores que quedaron en el olvido. Por detrás, con cifras que se sitúan entre las 42 y las 48 hectáreas, están los casos de Revillarruz, Aranda de Duero y Briviesca.

LEÓN . La provincia cuenta con once enclaves que han tenido que reclasificar terreno urbano a rústico común ante la ausencia de proyectos de desarrollo, lo que afecta a 51 sectores sobre una superficie global de 501 hectáreas. Entre ellos destacan Santovenia de la Valdoncina y Astorga, que acapara un 40% del total de la superficie afectada en el cómputo provincial.

En el primer caso, Santovenia tenía previsto impulsar 11 áreas, residenciales o industriales, sobre las más de 100 hectáreas convertidas a urbanizables y, en el segundo, Astorga contemplaba siete sectores en las 96 hectáreas habilitadas.

A más distancia se encuentran Carrizo (58 hectáreas en 3 sectores), Benavides (43,6 hectáreas para un sector) y Ardón (40,5 para dos sectores).

PALENCIA . Es la provincia de Castilla y León con menor número de municipios afectados por este cambio de uso de suelo, pues cuenta únicamente con cuatro casos, aunque es el tercero del ránking regional por extensión de superficie. Las 1.209 hectáreas donde no han llegado a entrar las grúas corresponden a cuatro localidades.

La más significativa es Villamediana, pues engloba la mayor parte de los proyectos inacabados. De hecho, acapara el 97% de la superficie de la provincia, con 1.180 hectáreas reservadas para la construcción de dos sectores.

Después se encuentra Saldaña, con 15,3 hectáreas y 3 sectores, Barruelo de Santullán, con 5,28 hectáreas y 2 sectores, y por último está Alar del Rey, que había previsto un sector sobre una superficie de poco más de una hectárea.

SALAMANCA . Se trata también de una provincia de contrastes, pues aunque es la segunda de la Comunidad en cuanto a número de municipios donde ha tenido que aplicarse de manera automática la Ley de Urbanismo, y la primera teniendo en cuenta el número de sectores, la extensión afectada es de las más bajas del cómputo regional.

En total suma 529 hectáreas, repartidas en 23 localidades que habían previsto el impulso de 73 sectores. Destacan los casos de Galindo y Perahuy (6 sectores en 65,4 hectáreas) y de Vega de Tirados (4 sectores en 58 hectáreas).

SEGOVIA . La recalificación como suelo rústico común se acaba de aplicar en 19 enclaves, donde los ayuntamientos habían habilitado 1.151 hectáreas de terreno para el impulso de 57 sectores. El caso más significativo, a tenor de la superficie reservada, es el de Palazuelos de Eresma, que tenía previstos dos sectores gracias a la clasificación como urbanizable de 432 hectáreas.

Dentro de esta provincia, a bastante distancia en cuanto a superficie pero encabezando el listado por número de sectores se encuentra el caso de El Espinar, que quería desarrollar 17 sectores sobre las 195 hectáreas clasificadas como suelo urbanizable. A poca distancia están Santa María la Real de Nieva (131 hectáreas), Riaza (126) y Condado de Castilnovo (116).

SORIA . En el análisis de los terrenos que vuelven a ser pastos porque no se ha llegado a culminar el proceso para la promoción de sectores industriales o residenciales, Soria es la provincia que menos superficie suma, ya que tiene 181,7 hectáreas, la cifra más baja de la Comunidad tras la aplicación de la disposición que recoge la Ley de Urbanismo. Eso sí, en total son 12 los municipios y 50 los sectores.

Por extensión destacan las 37,4 hectáreas de Garray para el impulso fallido de tres sectores y las 31,3 de Cabrejas del Pinar, también para tres sectores. Le sigue el municipio de Los Rábanos, con 24,6 hectáreas, aunque resulta más llamativo el caso de Santa María de Huerta, que había recalificado 23,7 hectáreas para desarrollar 16 sectores.

VALLADOLID . Es la provincia de la Comunidad que más pensaba expandirse a nivel urbanístico y donde ahora se registran más proyectos frustrados. En total, 11 municipios han tenido que dar marcha atrás y borrar los 59 sectores que se habían planeado sobre casi 4.247 hectáreas de terrenos. El ejemplo más significativo, no sólo de Valladolid, sino de oda Castilla y León a tenor de la superficie es Mucientes. Situada en el alfoz de la capital, en este enclave se planteó convertir 3.900 hectáreas de cultivo en cuatro nuevas áreas residenciales, pero el Tribunal Supremo ‘tumbó’ el pasado año su planeamiento urbanístico.

Destaca también, aunque a bastante distancia, Tudela de Duero, que planeó 21 nuevos sectores, cuya superficie alcanzaba las 152 hectáreas y, por detrás, Cigales, con 84 hectáreas para 6 sectores y Zaratán, con 33,5 hectáreas para 5 planeamientos.

ZAMORA . Es la tercera provincia de Castilla y León donde menor incidencia ha tenido la aplicación de la disposición de la Ley de Urbanismo, pues las hectáreas afectadas se cifran en apenas 340, repartidas en 14 localidades que pensaban impulsar un total de 40 nuevos sectores urbanísticos.

Los dos ejemplos que despuntan en el listado son Roales y Morales del Vino, donde se habían previsto 10 sectores sobre 70 hectáreas y 8 sectores sobre 66 hectáreas, respectivamente.

Preguntas y respuestas

Zulueta «contra el agresor del imperioricano»

El cambio de suelo urbanizable a rústico común se produce de manera automática porque ha concluido el plazo sin que culminase la tramitación de los planes urbanísticos previstos sobre el papel.

¿Cuál es el origen de la medida?

La aprobación de la Ley 7/2014 de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

¿Cuál es su objetivo?

Garantizar un crecimiento urbano sostenible, pues daba dos años de plazo justificar la viabilidad de los sectores. Si no se impulsaban, se entendían como previsiones fallidas de desarrollo.

¿Cómo afecta el cambio de uso?

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Ya no se pueden construir viviendas o polígonos. A partir de ahora esos terrenos sólo sirven para uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético u otros análogos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. De forma excepcional se pueden autorizar actividades de explotación o extracción (como minas o canteras) o construcciones agrícolas o viviendas unifamiliares aisladas que resulten necesarias para los usos permitidos.