Respaldo a que los partidos paguen de su bolsillo en casos de corrupción

Los cinco grupos de las Cortes respaldaron ayer un cambio normativo para que los partidos paguen de su bolsillo los daños ocasionados cuando uno de sus miembros incurre en un caso de corrupción. Con todos los votos a favor salió adelante la proposición no de ley, llevada al pleno por Ciudadanos, que insta a la Junta a solicitar al Gobierno central una modificación legal para incluir esa responsabilidad patrimonial subsidiaria de las formaciones políticas.

El portavoz de la formación naranja, Luis Fuentes, aseveró que el actual sistema democrático no funciona«con la higiene que exigen los ciudadanos» y mostró su intención de que «esta Cámara asuma el liderazgo nacional» por la regeneración democrática, con impulsos como el ayer aprobado. Convencido de que los casos de corrupción no pueden ser considerados como «hechos aislados» sino como resultado de «tramas organizadas y grupales», Fuentes insistió en la importancia de que «la ciudadanía tenga la garantía de que ese dinero se recupera».

Tanto él como el procurador popular Salvador Cruz recordaron que este punto es uno de los compromisos incluidos en el acuerdo suscrito por ambos partidos para facilitar la investidura de Juan Vicente Herrera. Así, Cruz justificó su voto a favor desde la «coincidencia plena» con la propuesta de Ciudadanos y por su «convencimiento en la necesidad de avanzar en transparencia y regeneración democrática» para terminar con esta «lacra».

También el resto de las formaciones respaldaron la proposición de la formación naranja, aunque todas ellas consideraron insuficiente la medida para frenar la corrupción.

Muy crítica se mostró la procuradora de Podemos,Adela Pascual, ante un propuesta que consideró «liviana» y que llega a las Cortes planteada por Ciudadanos, un partido que permite en Castilla y León el Gobierno del PP, que es «el primer partido imputado por corrupción en la historia de España». De hecho, la formación morada presentó una enmienda –que fue rechazada– con medidas más ambiciosas, como un plan nacional para perseguir la corrupción, introducir el enriquecimiento ilícito como figura delictiva y crear un departamento en la Administración dedicado a la recuperación de activos, así como exigir al Gobierno central que «fortalezca los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal».

Desde el Grupo Mixto, el procurador de IU, José Sarrión, matizó que la corrupción siempre consiste en «entregar dinero a un político que lo recibe». Por esa razón, se mostró partidario de que respondan patrimonialmente «tanto el corrupto como el corruptor». Esta cuestión está contemplada en un paquete de 42 medidas diseñado por su formación y que incluye también a «los bancos que colaboren con el blanqueo de capitales», «un registro de lobbies» y otro de «tenedores de billetes de 500 euros», entre otras iniciativas.

Desde el PSOE, Virginia Barcones lamentó la escasa precisión del «genérico» texto presentado por Ciudadanos, que «no delimita» el «ámbito» de la responsabilidad, ni «los efectos» ni el «espacio temporal» de los casos sobre los que pretende actuar, carencias que podrían dejar fuera, señaló la procuradora socialista, casos como el del diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna. En este contexto, Barcones exigió «medidas más contundentes» para zanjar que surjan nuevos episodios.

El procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, también alertó de que abordar la regeneración democrática corre el riesgo de «convertirse en una cortina demagógica sin representación real».