PLENO EN LAS CORTES

Apoyo unánime a las readmisiones en Tragsa

Las Cortes exigen la mediación del Gobierno para que los 68 despedidos vuelvan a la empresa pública

Los trabajadores del Grupo Tragsa secundan una nueva jornada de huelga y protestan frente a las Cortes de Castilla y León-Ical

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E.N
Valladolid

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Mientras fuera de las Cortes un centenar de personas protestaba contra los despidos de Tragsa, dentro, en el hemiciclo, los cinco grupos parlamentarios apoyaron de forma unánime a la plantilla de esta empresa pública al aprobar una resolución para exigir «la readmisión» de los 68 empleados afectados por el ERE «en las mismas condiciones en las que se encontraban», toda vez que han cambiado «las causas económicas, productivas y organizativas» que en 2013 motivaron el expediente regulador.

La proposición no de ley, presentada por el PSOE y consensuada con el PP, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto, insta a la Junta a exigir al Gobierno central que emplace a Grupo Tragsa a «entablar las negociaciones necesarias para dar fin al conflicto laboral» que ha supuesto un total de 555 extinciones en España.

El procurador socialista José Luis Aceves criticó tanto el fondo como las formas con que la sociedad planteó los despidos a los trabajadores, muchos de los cuales se enteraron en Navidad al encontrarse con la indemnización en su cuenta bancaria antes de recibir el burofax con la notificación. Y echó «en falta» mayor apoyo del Ministerio de Agricultura ante las «justas reivindicaciones» de la plantilla.

El parlamentario de IU, José Sarrión, no dudó en calificar el conflicto como «uno de los mayores atentados laborales de nuestro país». «Y mira que ha habido», apostilló al censurar que la empresa haya sacado «a los pocos días» las ofertas de empleo «para los mismos puestos» pero en condiciones «precarias». «Eso es reírse de los trabajadores», agregó. Tampoco ocultó su «vergüenza» su compañero de la UPL, Luis Mariano Santos, quien recordó que uno de cada tres contratos rescindidos en la Comunidad afecta a trabajadores en León.

David Castaño, de Ciudadanos, justificó su voto a favor de la resolución porque la empresa ha aumentado «un 70% su facturación» en estos dos años.

El popular Raúl de la Hoz agradeció a la Junta su «trabajo discreto» como mediadora en la búsqueda de soluciones ante el ERE

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Ricardo López, de Podemos, cargó contra los directivos de Tragsa por «arruinar esta empresa pública» al mantener sus «enormes pluses» y por su deficiente gestión. Según destacó, «“bastaría haber dedicado el 25% de los 260 millones del fondo de reserva» de la compañía para evitar el conflicto laboral.