Javier Izquierdo sostiene que el PP pretende "dar carpetazo" a la investigación de la trama eólica
La Comisión de Investigación se traslada a Soria para comprobar los expedientes de autorización de al menos once parques eólicos tramitados presuntamente de forma irregular
Los procuradores del Grupo Socialista, José Francisco Martín (I) y Javier Izquierdo, acompañados por el alcalde de la ciudad y secretario provincial del Psoe, Carlos Martínez (C), se dirigen a la sede del Servicio Territorial de Industria en Soria para re-Ical
El representante socialista de la Comisión de Investigación sobre la Trama Eólica en Castilla y León, Javier Izquierdo, aseguró hoy que al PP le está entrado prisa por dar carpetazo a la investigación, ya que es evidente lo que ha ocurrido y las implicaciones en este caso de corrupción del que fuera consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.
Los representantes de dicha Comisión se personaron hoy en la Delegación de la Junta en Soria para hacerse con las copias de los expedientes sobre la autorización e instalación de cinco parques eólicos de manera presuntamente irregular en esta provincia.
Asimismo avanzó que la Comisión se desplazará próximamente a Palencia para hacerse con los expedientes de los parques eólicos, tras haber hecho lo propio en Burgos, Valladolid y León. En el resto de provincias la instalación de parques eólicos fue residual, según Izquierdo, quien aprovechó su comparecencia para pedir al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que reconozca la situación y haga pública una declaración de que “le da asco el proceder” del que fuera su exconsejero.
En lo que respecta a la tramitación irregular de los parques eólicos en Soria, de momento, el PSOE contabilizó cinco, en concreto los correspondientes a Bullana, Morón de Almazán, Radona I, Radona II y Ventosa del Ducado. Todos ellos fueron iniciativa de Iberdrola, “pero en un momento dado se atascan, se paraliza su tramitación y se vuelven a reanudar, en el momento, en el que la multinacional acepta la compañía del consejero delegado de la Empresa de Exportaciones de Castilla y León (Excal), Alberto Esgüeva.
Esta persona era “muy conocida” por parte del consejero, según Izquierdo, quien recordó que la Agencia Tributaria denunció que esta persona se lucró de manera injustificada. “Aportó 24.000 euros a una empresa y se puso al lado de Iberdrola en la tramitación de esos parques eólicos. Tras ello consiguió vender esas acciones de la empresa Energía Global Castellana por 47 millones de euros, sin hacer nada”, destacó.
El socialista sostuvo, además, que las tramitaciones de estos parques iban lentas y estaban atascadas y solo cuando se produce el cambio de la empresa (Energía Global Castellana), que solicita la autorización y participa en ella Alberto Esgüeva la autorización obtiene el visto bueno. “En el caso del parque eólico de Ventosa del Ducado se autoriza el mismo día el cambio de titularidad en la solicitud y la autorización administrativa”, puntualizó.
En Soria hay cinco casos vinculadas a Energía Global Castellana de un total de 18 en toda la Comunidad. Sin embargo, a estos hay que sumar otros vinculados a la empresa Eólica de Medinaceli como son los parques eólicos correspondientes a Caramonte, Carabuenas, Escaravela, Parideras, Carrascalejo Monte Alto e Hiperión II que empezaron siendo tramitadas por Preneal y a la que “se fuerza a asumir un socio al grupo InverDuero, vinculado a una constructora Collosa, lucrado por la autorización de estos parques eólicos y otros como Diamantes, Rubíes y Rea I y Rea II, que, a su vez, empezaron a tramitarse por Danta Energías y a las que se obliga a acoger como socios a Cronos Global. Esta última empresa participaba Alberto Esgueva así como los administradores de Parque Olid, Luis María García Hidalgo y Germán Martín Giraldo. El primero conocido, según el PSOE, por su condena de fraude fiscal con 12 años de cárcel y 39 millones de euros de multa por impago de impuestos.
“Esta trama está vinculado a otros casos que también investigamos como es la compra de un edificio de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda y unos terrenos de un parque empresarial que no se hizo en Portillo. Por ambas operaciones la Junta pagó unos sobrecoste 55 millones de euros y estaban los administradores de Parque Olid como vendedores del inmueble y como propietarios de los terrenos”, argumentó.
La Comisión de Investigación, “a la que el PP quiere dar carpetazo lo antes posible”, según Izquierdo, surgió tras la denuncia de un inspector de la Agencia Tributaria que puso en evidencia que en la tramitación de la autorización de los parques eólicos de la Comunidad, algunos responsables de empresas próximas al Gobierno regional se pudieron lucrar con hasta 110 millones de euros por hacer de intermediarios.
Izquierdo denunció que el PP se ha dedicado a “entorpecerles” el acceso a la información, y añadió que, a pesar de que intentará que comparezcan pocas personas, llamarán a declarar a políticos y responsables públicos de todas las provincias.
Los socialistas tildaron el proceso de “turbio y vergonzoso” en el que se ha comprobado como los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y de Economía mandaban notificaciones a los jefes de Servicio de Industria encomendándoles la misión de paralizar o dar vía libre a la autorización de parques eólicos, siempre cuando aparecía un nuevo socio vinculado a la trama.
Por su parte, el secretario de los socialistas sorianos, Carlos Martínez, recordó el "engaño” que supuso para los sorianos la aprobación en noviembre de 1999 del Plan Eólico Regional que contemplaba la creación 2.987 puestos de trabajo en Soria, vinculados a la creación de parques eólicos. “Tenemos muchos parques vamos a ver cómo se produjeron las autorizaciones pero no sabemos nada de la creación de empleo prometidos”, insistió.
Martínez aseguró que la Junta de Castilla y León “tiene acostumbrada a la ciudadanía” a hacer las cosas de forma “inmoral” y en el caso de la Ciudad del Medio Ambiente de forma “ilegal”.