Economía

Cuentas acusa al Ecyl de vulnerar la ley y discriminar a las academias

Advierte trato de favor con Cecale, CCOO y UGT por la adjudicación directa sin concurso de la formación

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J. Luis F. del Corral

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El Servicio Público de Empleo (Ecyl) vulnera la ley estatal, discrimina a las academias privadas y otorga un trato de favor a Cecale, CCOO y UGT al adjudicarles los millonarios cursos de formación directamente y no por el sistema de concurrencia competitiva como los centros privados. Así lo asegura el Consejo de Cuentas de Castilla y León en su primer informe sobre la eficiencia de las políticas activas de empleo del Ecyl.

«Estas diferencias implican un trato discriminatorio, vulnerándose el principio de igualdad del artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones, en el que se fundamenta la concurrencia competitiva», añade.

De acuerdo con el informe, los sindicatos y los empresarios reciben al menos 20 millones anuales de la Junta para formación de parados y ocupados. Una tercera parte va destinada a los trabajadores con empleo. Sobre la partida que gestiona la Fundación Anclaje, el tribunal pide a la Junta que no admita que este organismo adjudique cursos porque más de la mitad de sus patronos son sindicatos y empresarios, a la vez que solicitantes de la formación.

El informe es una enmienda a la totalidad de la gestión del Servicio Público. El organismo que preside Jesús Encabo le advierte de que incumple la ley al no disponer de un plan estratégico de subvenciones que evalúe la eficacia y asocie las medidas a los objetivos. También le reprocha que carezca de objetivos cuantificables para medir los resultados, redefinir políticas y corregir errores. Tampoco posibilita planificar medidas para una mayor inserción laboral.

El Consejo trata de verificar la adecuación a la legalidad de las bases reguladoras y de la orden de convocatoria de las distintas líneas de ayuda, analizar los indicadores existentes de seguimiento de las políticas activas de empleo y comprobar los sistemas se seguimiento y evaluación implantados.

Considera «discriminatorio» que el único criterio para valorar la calidad de los centros sea la experiencia de convocatorias anteriores porque academias que no hayan concurrido en anteriores ediciones pueden tener la misma o mayor capacidad técnica.

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Echa en falta en el programa de orientación, formación e inserción profesional un mapa de necesidades formativas o de prioridades como existe en la formación de parados.Y sobre todo mecanismos de coordinación entre ambas líneas de subvenciones. En ese programa de inserción también cuestiona el trato desigual en favor de los agentes sociales, al tiempo que advierte de que reciban el 71% de las subvenciones.