Dieciocho detenidos en una operación contra dos chatarrerías que habrían facturado 16 millones ilegales en cuatro años

Efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila han detenido a 18 personas, a las que se acusa de organización criminal y se les imputa, entre otros, delitos contra el medio ambiente, por blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, delito societario, usurpación de estado civil, tenencia ilícita de armas, hurto y cohecho. Todo ello estaría centrado en dos chatarrerías de la provincia de Ávila.

Según la Guardia Civil, en cuatro años facturaron legalmente 16 millones de euros, pero en aras a la documentación con la que cuentan hay indicios de que ocultaron dos millones de euros sólo en los dos últimos ejercicios de lo que se deduce un fraude fiscal de alrededor de 750.000 euros. Además estarían cometiendo un delito de fraude en las compras.

La operación, denominada Mediador Yuca, está vinculada con otras tres realizadas con anterioridad y que concluyeron con otros 12 detenidos y el esclarecimiento de más de 80 delitos y robos. El nexo común es que una gran mayoría de los efectos sustraídos en éstas iban a parar a una chatarrería con sede en Ávila y en El Tiemblo. Efectos sustraídos que pasaban por cable de cobre, herramientas agrícolas, elementos de grifería y fontanería, piezas procedentes del robo de vehículos además de frigoríficos, aparatos de aire acondicionado...

Lo cierto es que las chatarrerías habían sido inspeccionadas por parte del Seprona con anterioridad. Lo fueron en virtud de denuncias por infracciones de carácter medioambiental relacionadas “con carecer de autorizaciones para el tratamiento de residuos especiales, tóxicos y peligrosos”, además de chatarra en general. Entonces no fueron clausuradas pero aún así la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila ordenó la apertura de investigaciones para determinar una posible implicación de dicha empresa en actividades de origen criminal que finalmente han dado un resultado positivo.

En una primera fase, en verano de 2014, se detuvo a cuatro personas por delitos de robo en vivienda y una más por la apropiación indebida de varias vigas de hierro por valor de 200.000 euros, además de una sexta detención por el robo de una motocicleta. Los efectos fueron a parar a la chatarrería en cuestión para su tratamiento. Aunque con apariencia legal, se comprobó que recepcionaba lo sustraídos en los robos lo que incluía residuos peligrosos y especiales además de tóxicos sin autorización para ello. Los introducían en el mercado con apariencia legal y con el fin de blanquearlo.

En mayo de 2015, comenzó una segunda fase orientada a la investigación de un presunto delito de receptación y blanqueo de capitales y en ese marco se comprobó que la empresa contaba con una organización que le proporcionaba numerosas documentaciones sustraídas a fallecidos, o pagadas a terceros para imputarles a ellos la compra de lo robado. Claro que falsificaban los registros para darles apariencia de legalidad.

De hecho, según apuntó el capitán jefe de la UOPJ de Ávila, Luis Ángel Horga, en los registros se encontraron varios tipos de factura, las reales y las que eran “para la Guardia Civil cuando vengan”. El delito económico comenzaba con la compra se hacía por un precio muy inferior al de mercado y se vendía a precios normales, esto es, se generaban enormes plusvalías. Ahí se introducían supuestas compras que no se habían producido por parte de personas de las que conocían su filiación y que eran difíciles de localizar (por ser de origen extranjero o vivir en zonas marginales). Así justificaba adquisiciones que no se habían producido realmente pero que eran muy elevadas en aras a dar cuentas a la Hacienda Pública mientras seguían teniendo el material ilícito.

Queda mucho por investigar y para ello cuentan con expertos en economía y también de la Agencia Tributaria, igual que los han tenido hasta ahora. Están convencidos de que puede haber nuevas detenciones en el futuro e incluso más delitos relacionados con esta trama, explican desde la Guardia Civil, para precisar que las empresas relacionadas se han beneficiado de devoluciones fiscales incluso y, no sólo eso, sino que tenían contacto con una persona que se encargaba de contratos mercantiles con una empresa pública y que “mediante precio se habían hecho con un contrato público que en un sólo día les reporta plusvalías de más del 2.000 por ciento”.

Al recepcionar residuos peligrosos se les imputan los delitos medioambientales referidos no sólo por carecer de licencia para hacerlo sino también delitos contra los derechos de los trabajadores por exponerlos a esos residuos sin precaución y habiendo un grave peligro para su salud. El delito societario que se le imputa se debe a carecer de autorización y falsear los datos entregados en el registro en lo concerniente a sus fondos de reservas.

Las otras operaciones

Tres operaciones preludiaron y motivaron la operación Mediador Yuca. Fueron la Operación Esperanza en la que se desmanteló una organización criminal dedicada al robo de efectos agrícolas y cobre en diversas explotaciones de la provincia. Entonces hubo seis detenidos y se esclarecieron 12 delitos; la Operación Grifols, con tres detenidos por cometer 51 delitos en robo de viviendas y en el que se apoderaban de grifería y elementos de fontanería causando además graves y elevadísimos daños, y, por último, la Operación Zaca con tres detenidos y 23 robos de vehículos esclarecidos que terminaban en la venta al por menor de sus piezas. Mucho de lo sustraído en ellas acababa en las chatarrerías “ya precintadas”.