El PP frena la regulación por ley de los procedimientos de urgencia en la concesión de las ayudas

La proposición de ley de Podemos para establecer un procedimiento de emergencia ciudadana y reducir a la mitad el tiempo del pago de las ayudas para evitar la exclusión social no seguirá su tramitación en las Cortes al recibir el voto en contra del PP, pese a que toda la oposición se manifestó a favor de su debate y mejora para conseguir una norma de "todos”.

“Es un conjunto de ocurrencias sin orden ni rigor, un texto lleno de generalidades que olvida el territorio en el que se presenta, Castilla y León”, rebatió de entrada la popular Mar González, que rechazó que la propuesta de Podemos hable de priorizar ayudas en el marco social ante gastos y asignaciones para los expresidentes, que no existen en la Comunidad, o frente a grandes infraestructuras.

González enumeró medidas y planes de la Junta, entre ellas la renta garantizada de ciudadanía o la red de atención a las familias, para manifestar que gracias a ellos la incidencia de la crisis ha sido menor en la Comunidad. “Su texto no añade nada que no se haga”, resumió.

En la iniciativa, Carlos Chávez planteó ‘un mínimo vital’ por ley a través de la declaración como procedimiento de emergencia ciudadana que suponga en la práctica acortar los plazos a la mitad para recibir las ayudas y los recursos y evitar la vulnerabilidad y exclusión social de la coyuntura derivada de la crisis

“La desigualdad y la pobreza, junto con el elevado desempleo, corren el riesgo de convertirse en un problema estructural si no se abordan como situaciones de emergencia social y, por tanto, como una cuestión de Comunidad”, defendió. El procedimiento de emergencia sería en las áreas de servicios sociales, igualdad, drogodependencias, migración, educación, sanidad y empleo, explicó.

Tales casos, estarían en educación las ayudas a la escolarización; en igualdad ayudas de pago único a víctimas de violencia de género; en servicios sociales resoluciones en la concesión de la renta de ciudadanía o subvenciones de protección social urgentes; en sanidad acceso a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas básicas mediante la tarjeta sanitaria individual y en empleo incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años y menores de 30.

La socialista Marta Olmedo saludó la propuesta pero observó “carencias que requieren matices” a través de enmiendas para “enriquecerla”, ya que se sintió “decepcionada” tal y como está planteada. “No es fácil plasmar discursos sensacionalistas en la realidad”, valoró.

Por su parte, Manuel Mitadiel consideró de “sentido común” regular las prioridades marcadas en el texto de Podemos y apeló a la “generosidad” del PP para que la tramitación siguiera adelante y poder hacer, a través de mejoras, una “ley de todos”.

“De justicia” calificó Luis Mariano Santos (UPL) que se prioricen los casos de emergencia en la concesión de las ayudas por lo que también respaldó la tramitación de la norma, igual que José Sarrión (IU), que se refirió a una realidad social donde ha aumentado la pobreza energética y la desnutrición infantil a causa de la crisis.