UGT alerta de la precariedad laboral y el elevado número de subcontratas de empresas que prestan la ayuda a domicilio

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Castilla y León alertó hoy de la precariedad laboral y el elevado número de subcontratas de empresas que prestan la ayuda a domicilio en la Comunidad que redunda en las malas condiciones socio laborales y económicas del personal que es, en el 90 por ciento de los casos, mujer. Por ello, los responsables del sindicato denunciaron la discriminación que sufren las trabajadoras al formar parte de un plantilla que siempre debe estar disponible, sufre una alta temporalidad y está empleada muy pocas horas. Ante esta situación, UGT exigió que la Junta de Castilla y León tome “cartas en el asunto” porque recuerda que es quien paga el servicio aunque la gestión corra a cargo de las empresas privadas.

La secretaria autonómica de FSP-UGT, Carmen Amez, recordó hoy que la asistencia y ayuda a domicilio es un servicio público, integrado en la Ley de la Dependencia, que presta una plantilla de un sector muy feminizado. A su juicio, es una actividad laboral “silente”, “poco visible”, “desvalorizada”, “discriminatoria” y “poco regulada”, lo que entraña una “riesgos específicos” en las condiciones de trabajo. “Ser mujer no significa que se juegue con nosotras para hacer más viables los negocios de dependencia”, añadió la secretaria regional, Fonsi Bonafonte.

En cuanto a la subcontratación, Amez mencionó que Castilla y León cuenta con 157 empresas dedicadas a actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, de las que 34 funcionan sin asalariados; un centenar de compañías cuenta entre 1 y 20 trabajadores; 15 empresas con menos de 500 empleados y dos con más de medio millar de asalariados.

Añadió, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que se trata de una actividad plural al abordar tareas personales, del hogar y de acompañamiento. “Se parece a la labor que prestan los trabajadores del hogar y no es así porque los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio está dirigido a personas con dependencia, ya sean mayores, usuarios con discapacidad o familias que lo requieran por una eventualidad”, aseveró.

Ley estatal

Amez insistió en la necesidad de que la prestación servicios sociales en España cuente con una ley estatal que regule este tipo de actividades. Frente a eso, hay legislaciones por cada una de las 17 comunidades autónomas, con sus propias competencias pero también reglamentos, ordenanzas y pliegos de condiciones en ayuntamientos y diputaciones. Todo ello provoca que cada municipio disponga de diferentes prestaciones, gestiones, precios, ratios de personal, baremos de acceso o de copago.

La responsable sindical abogó por un aumento de la calidad del servicio de ayuda a domicilio por ser “imprescindible” y con un gran valor para la sociedad. Y eso pasa, a su juicio, por comprobar que el servicio se presta lo mejor posible y en las mejores condiciones. “De nada sirven las inspecciones por la administración si la representación sindical no participa en el seguimiento”, sentenció. No en vano, rechazó la excusa de que la ayuda a domicilio se desarrolle en hogares privados donde es difícil establecer controles. Una de las trabajadoras del servicio, Raquel González, explicó que cuando se detecta un problema con un usuario se opta por cambiar a la trabajadora al ser un empleo en el ámbito privado.

En el mismo sentido se pronunció Bonafonte al apuntar que las administraciones son las responsables de preservar las desigualdades del sector. La secretaria regional de FSP criticó a la Junta por “silenciar” los problemas y por que la la igualdad no esté en el centro de las políticas del Ejecutivo regional.

Precios temerarios

También lamentó el interés que tiene la administración para que el servicio continúe con un precio a bajo coste para cubrir las “carencias” del sistema de dependencia, además del incremento del copago. “Hay un riesgo físico y psíquico al aceptar precios temerarios porque son recortes que afectan a los empleados”, precisó. Y citó el caso de acoso sexual que ha sufrido una compañera, en el que la administración “se ha puesto de perfil”.

La responsable del sector en la provincia de Valladolid, Isabel Lobato, advirtió las quejas de empleadas de residencias pequeñas que trajo consigo la presentación de 40 denuncias por el incumplimiento de convenios, acosos laborales y bajos ratios de personal. Una situación que empeoró con la reforma laboral al permitir que muchas empresas pudieran descolgarse de los convenios. Todo ello ha traído consigo situaciones de estrés y depresiones que han paliado el gabinete psicológico de UGT.

Raquel González lamentó las jornadas parciales “eternas” con tres o cuatro salidas al día, con muchos tiempos de espera, lo que provoca que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una “sueño y una utopía”.