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UPyD apuesta por una administración pública transparente
Unión Progreso y Democracia apuesta por una administración pública “despolitizada, profesionalizada y transparenten, para hacer frente al clientelismo en las instituciones y evitar que los servicios públicos se mercantilicen a costa de los derechos de los ciudadanos”.
La formación magenta defiende en su programa un sistema público de calidad, en el cual “los principios de mérito, igualdad, capacidad y publicidad no se vean alterados por el interés de unos pocos”, e incide en la necesidad de que sean los empleados públicos y no entes externos privados o semiprivados (empresas mixtas, fundaciones, consorcios, etc.) los que presten los servicios.
Del mismo modo, este partido rechaza la “duplicidad de actuaciones” y el “despilfarro” que conlleva la existencia de un sector público paralelo, ajeno a la profesionalidad de los funcionarios. Por ello, UPyD suprimirá la llamada ‘administración B’ y los órganos duplicados de Castilla y León para favorecer el funcionamiento transparente de las instituciones y eliminar cualquier sombra de duda respecto a las adjudicaciones de contratos y el funcionamiento de estos entes.
Para este partido, “no ha sido la función pública la que ha agravado el impacto de la crisis económica en la ciudadanía, sino la mala gestión política”; y destaca la necesidad de una “regeneración autonómica de Castilla y León” con medidas como: reforma de la Iniciativa Legislativa Popular, una drástica eliminación de los puestos de libre designación o potenciar mecanismos que mejoren el acceso a la información de la gestión autonómica.
La candidata a la Presidencia de la Junta, Carolina Martín, afirma que “la única forma de garantizar la imparcialidad y la legalidad en las instituciones es a través de una función pública independiente”. Martín, que se ha reunido hoy con la Plataforma para la Defensa de lo Público (Pladepu) en Valladolid, también propone poner en marcha un mecanismo legal para proteger a los trabajadores de la administración que denuncien posibles prácticas irregulares o ilegales.