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El Tribunal de Recursos Contractuales dicta 202 resoluciones en sus dos años en activo
El Consejo Consultivo aprueba este miércoles la memoria de actividad que refleja que el 40% de los recursos admitidos y resueltos fueron estimatorios
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCYL) se reunirá este miércoles en pleno en una de las salas del Parlamento autonómico para aprobar su primera memoria de actividad desde el inicio de sus funciones, en marzo de 2012. Hasta 2014, dictó 202 resoluciones, 230 si se incluyen las dictadas hasta ahora, según informaron fuentes del Consejo Consultivo de la Comunidad.
Una vez aprobada la memoria, el Tribunal tiene previsto dar traslado de la misma en distintos actos a los poderes adjudicadores y al mundo de la empresa, según aseguró su presidente, Mario Amilivia. En cualquier caso, el documento íntegro se podrá consultar a partir del miércoles en formato PDF a través de la web http://www.cccyl.es. Este documento informa de la actividad y de la doctrina fijada en las actuaciones para corregir las prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
El Tribunal, con sede en Zamora, está formado por Mario Amilivia como presidente y los también consejeros del Consejo Consultivo Fernando Rey y Ángel Velasco, siendo asistidos por el secretario Luis Gracia, y por la letrada jefe María García. El establecimiento de este órgano, que desarrolla su actividad a coste cero para la administración, y en un ámbito distinto al que le es propio al Consejo Consultivo, tiene su origen en la normativa de recursos de la Unión Europea (UE).
Las 230 resoluciones aprobadas hasta la fecha se han llevado a cabo sobre una cuantía aproximada de 2.000 millones de euros que totalizaron los contratos recurridos, una cifra que da idea de la trascendencia de las decisiones adoptadas, que “han garantizado la libre concurrencia e igualdad de trato, generando ahorro público y depurando la contratación administrativa”, subrayó Amilivia.
El presidente de este órgano aseguró también que “ejerce una tutela rápida y efectiva, obstaculizando lo mínimo imprescindible el proceso de contratación, de manera que se resuelvan adecuadamente, en el plazo más breve posible, las cuestiones planteadas tanto por particulares como por los órganos de contratación, permitiendo crear un cuerpo doctrinal preciso y próximo”.
Actividad de dos años
El Tribunal aprobó 202 resoluciones y 67 acuerdos, todas ellas sobre recursos especiales. En dicho periodo no se presentó ninguna cuestión de nulidad. Se dictaron 31 resoluciones en 2012; 75 en 2013 y 96 en 2014, a las que se suman las 28 dictadas en lo que va del actual ejercicio. Lo que supone un incremento de actividad del 67% en el periodo 2012-2014. De las 202 resoluciones, 82 fueron en sentido desestimatorio, 55 estimatorio y se inadmitieron 64 recursos.
Durante el referido periodo, aproximadamente el 52% de los recursos presentados eran dirigidos a contratos de servicios, seguido de los de suministros. El principal acto recurrido fue la adjudicación (en el 48% de los casos).
Los contratos de la administración autonómica –especialmente la Consejería de Sanidad- generaron 90 recursos. Además, este departamento produjo diez recursos en 2012, 14 en 2013 y 38 en 2014.
Los contratos de la administración Local (diputaciones, ayuntamientos y otras entidades locales) generaron 85 recursos; y los de las universidades y otros poderes adjudicadores 27.
De 29 meses a 24 días
Asimismo, el Tribunal subrayó que hasta ahora los litigios contra las contrataciones presentaban una duración aproximada de 29 meses de media, puesto que se debe probar la causalidad y responsabilidad de los daños alegados. Con la puesta en marcha del Tribunal de Recursos de Castilla y León se ha reducido el plazo en la actualidad a los 24 días.
Tal y como se recoge en la memoria, en todo el periodo 2012-2014 se estimaron un 27,2% de los recursos presentados, porcentaje que se eleva al 40% si se excluyen los recursos que fueron inadmitidos, aquellos en los que el Tribunal no entra en fondo del asunto, lo que puede ser considerado un “éxito” dada la práctica ausencia de litigiosidad contenciosa frente a las decisiones del Tribunal.
El Tribunal ha logrado reducir el periodo medio de resolución de un recurso de 32 a 24 días, plazo que depende esencialmente de la diligencia del órgano de contratación en cumplir los trámites. No obstante, con el objetivo de reducir dicho plazo, el Tribunal implantará en breve un sistema que permitirá la presentación telemática de los recursos y alegaciones.