Cimientos de transformación de la Comunidad

El Parlamento autonómico baja la persiana de la octava legislatura, una de las más intensas por la trascendencia cualitativa de las iniciativas aprobadas. Bajo seis grandes epígrafes pueden ampararse las más de cuarenta leyes aprobadas por las Cortes: económico, social, político, administrativo, territorial y municipal. Ya sea por sus efectos inmediatos o por el legado que dejan, son normas de alto impacto en Castilla y León.

El imperativo de la estabilidad presupuestaria, elevado a rango de ley en la Comunidad, ha marcado la legislatura de los recortes. La Junta prorrogó los presupuestos de 2011, lo que en 2012 se concentraron en la Cámara dos proyectos legislativos: el de las cuentas de 2012, en julio, y el de las de 2013, en diciembre. Ambos fueron modificados durante su ejecución. El de 2012, mediante una ampliación de crédito, tras acogerse el Gobierno autonómico al Fondo de Pago de Proveedores del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para liquidar 1.052 millones en facturas atrasadas a sus proveedores. El de 2013, fue también ampliado en 277 millones, tras autorizar Bruselas una ampliación del objetivo de déficit, que el Ministerio administró a la carta de las autonomías. Para Castilla y León pasó del 1 al 1,27% del PIB.

Con los ingresos tributarios en caída libre y un modelo de financiación autonómica agotado, el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera ejerció, por primera vez en la historia de la Comunidad, sus competencias para regular tributos propios. Así nacieron, con efectos desde el 1 de marzo de 2013, el impuesto de vertederos y el de afecciones medioambientales; y así se aprobó el polémico ‘céntimo sanitario’ con una tarifa de 4,8 céntimos por litro, rebajada a 1,6 desde el 1 de enero.

Mariano Rajoy llegó a la Moncloa aplicando la tijera con alcance autonómico. En mayo de 2012, la Junta envió al Parlamento para su convalidación sendos decreto-ley con «medidas para la sostenibilidad» de la Sanidad y la Educación.

A esos ajustes siguieron otros, que dispararon las listas de espera, elevaron el precio de las matrículas universitarias y mermaron la plantilla de sanitarios y docentes.

La oposición se pasó la legislatura denunciando sus consecuencias, entre ellas, el deterioro de la calidad de los servicios. La Junta y el PP, replicando, avalados por informes independientes, que su «núcleo esencial» quedó a salvo.

La tercera pata del Estado del bienestar, los servicios sociales y la Dependencia, también sufrieron recortes. Sustancial fue el de las prestaciones a cuidadores familiares, a favor de un modelo basado en la profesionalización. Sin embargo, en el momento de mayor emergencia social, el Gobierno de Herrera puso en marcha la red de protección a las familias en riesgo de exclusión y amplió, en dos ocasiones, la cobertura de la Renta de Ciudadanía. En materia social, y por acuerdo con los agentes sociales y económicos, la Consejería de Fomento llevó a las Cortes un decreto-ley de medidas urgentes en vivienda para responder a situaciones de emergencia.

En materia territorial, ésta que toca a su fin ha sido la legislatura de la Ordenación del Territorio, el proyecto de ley que consagra y deja en herencia la arquitectura de la Castilla y León del siglo XXI. En septiembre de 2013, las Cortes aprobaban la ley con el sí del Grupo Socialista, de cuya mano, Junta y PP siguen trabajando en su desarrollo.

Por el camino, el ministro Montoro se empeñó en poner zancadillas. El Gobierno de Juan Vicente Herrera logró modificar el texto original de la controvertida reforma local. Y, una vez aprobada, legisló vía decreto-ley para neutralizar sus efectos sobre la Comunidad.

Fruto del acuerdo con los socialistas, la Junta elaboró el último proyecto de ley de Medidas Tributarias de la legislatura creando un título específico que regula la participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad. La financiación local queda blindada por ley.

Si la crisis económica ha dado lecciones domésticas de austeridad, también ha enseñado mucho a quienes gestionan el dinero público. Por ejemplo, a reducir el aparato administrativo. El periodo 2011-2015 ha sido el de la reforma de la administración, supresión de entes o reforma de su funcionamiento en aras de una mayor eficiencia.

Sometida a mucho más que sacrificios, la ciudadanía pasó del hartazgo al cabreo creciente a medida que se sucedían graves escándalos de corrupción. La clase política adoptó medidas. La Junta envió a las Cortes un proyecto de ley de Transparencia, que fue aprobado en solitario por la mayoría popular, tras rechazar un texto alternativo del PSOE.

Entre medias, se debatieron iniciativas de regeneración. Las del PSOE no prosperaron. Sí una del PP, que heredarán los parlamentarios elegidos el 24 de mayo. Tarea pendiente para la novena legislatura será reformar la ley electoral o el reglamento de la Cámara para reducir procuradores, limitar su aforamientoo poner coto a sus mandatos.