Amoedo califica de ridículas las ayudas de 20 o 30€ por cuidados a familiares de dependientes

El Procurador del Común, Javier Amoedo, certificó hoy que se ha producido “una notable disminución” de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar de personas dependientes por la fórmula de cálculo acordada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y calificó de “ridículas” ayudas en algunos casos de entre los 20 y 30 euros mensuales.

“Somos conscientes de que esta drástica reducción ha ocasionado un dramático impacto en las personas beneficiarias de este tipo de prestaciones”, afirmó Amoedo en la presentación del informe de quejas de 2013 ante el pleno de las Cortes, sobre un problema en el que abrió una actuación de oficio y emitió una resolución que no fue aceptada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El procurador explicó que la apertura del expediente de oficio se abrió al constatar que la fórmula matemática establecida por la Consejería que dirige Milagros Marcos para determinar el importe de la prestación no se adapta a la fijada por el Consejo Territorial del sistema de autonomía y atención a la dependencia, como criterio mínimo y común para todas las comunidades autónomas.

Precisamente, en la resolución no aceptada, el Procurador del Común sugiere a Familia que adapte la normativa de Castilla y León al acuerdo del Consejo Territorial, de manera que se modifique el cálculo establecido para determinar la cuantía de las prestaciones. A la misma Consejería, se dirigió para pedir un cambio en el decreto que fija los precios públicos de los servicios sociales.

El Procurador del Común recibió 3.300 quejas en 2013, de las que 1.945 fueron contra la Administración autonómica y 968 contra las corporaciones locales, de ellas León (634), Zamora (629) y Valladolid (584) encabezan la lista, mientras que Ávila (86) y Soria con 895) fueron en las que menos se presentaron. Fuera de la Comunidad, el defensor autonómico destacó las 98 registradas en Madrid.

El Común dictó 991 resoluciones, de las que las administraciones públicas asumieron ocho de cada diez, archivó 396 y formuló recomendaciones en 595, de las que 125 no han sido aceptadas. La Administración autonómica recogió el 78% de las recomendaciones y la local el 75%.