SANIDAD

Sanidad abre una investigación tras rechazar el Río Hortega de Valladolid el aborto de un feto con malformaciones

La paciente recibió la interrupción del embarazo de 20 semanas en Miranda, después de que la clínica privada, concertada por Sanidad, le advirtiera de complicaciones y le creara una alarma "inaceptable"

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.EUROPA PRESS - Archivo

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Valladolid

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La Consejería de Sanidad abre una investigación al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid tras su rechazo a practicar un aborto a una paciente que llevaba 20 semanas de gestación y cuyo feto tenía malformaciones. Si bien acudió al Servicio de Urgencias en varias ocasiones, desde el complejo ubicado en la calle Dulzaina rechazaron practicar el procedimiento de interrupción de embarazo solicitado, lo que obligó a la afectada a buscar por su propia cuenta una solución, acabando en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, donde sí le practicaron el aborto.

La apertura de esta ‘información reservada’ se produce tras conocerse el trato recibido por la paciente, cuyo testimonio directo desveló El País. Al respecto, el departamento dirigido por Alejandro Vázquez pretende esclarecer toda la secuencia de los hechos, desde las primeras atenciones médicas hasta la interrupción del embarazo, y determinar si la actuación del Río Hortega se ajustó al procedimiento establecido.

Fue en la última ecografía, realizada el pasado 17 de junio, cuando el ginecólogo que la atendió le indicó que debía interrumpirse el embarazo a raíz de las distintas anomalías que presentaba su bebé. Por aquel entonces, la paciente llevaba 20 semanas y un día de gestación, pero en anteriores fechas se le había detectado que el embarazo presentaba «riesgo elevado», según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Tras recibir la noticia del profesional sanitario, la mujer fue derivada a la trabajadora social del Río Hortega, quien le indicó que el aborto no iba a ser realizado en el propio complejo hospitalario, sino que ella misma debía acudir a un centro privado, concertado por Sanidad, para recibir el tratamiento ya que aún había latido del bebé. En este punto, conviene apuntar que el caso de la afectada se ajustaba a los supuestos previstos por la ley para interrumpir el embarazo al no haber llegado a la semana 22 de gestación y presentar el feto anomalías que justificaban la intervención médica.

Con el rechazo por parte del Río Hortega, donde los integrantes del Servicio de Ginecología se declaran objetores de conciencia a la práctica de abortos –es un derecho fundamental y responde a una decisión individual, no colectiva–, a esta mujer embarazada no le quedó más opción que seguir las indicaciones facilitadas por la asistencia social y acudió a una clínica privada, concertada por Sanidad, de Valladolid. Pero igual que en el complejo hospitalario de la calle Dulzaina, no pudo conseguir su objetivo, pero esta vez ante las complicaciones que advirtió la clínica que podía conllevar la intervención, que debía ser un procedimiento quirúrgico ante la avanzada fase de gestaciones y las malformaciones del feto. 

Con la doble negativa, además la alarma «inaceptable» generada, la paciente decidió buscar una solución alternativa por su propia cuenta. La encontró, y no en un hospital de otra región, sino en Miranda de Ebro. Allí, en el centro hospitalario de Santiago Apóstol pudo interrumpir su embarazo, sin ningún obstáculo de por medio.

Frente a esta secuencia de hechos, la Consejería de Sanidad quiere dar un paso más en este caso en el que no se aplicó el derecho al aborto a una paciente que requería, por motivos médicos, interrumpir su embarazo. Si bien desde el departamento de Alejandro Vázquez entienden las objeciones de los ginecólogos del Río Hortega, la apertura de la investigación se centra en conocer el trato recibido por la afectada, a quien se le llegó a decir que había diferentes protocolos en función de si había latido fetal o no.

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Por otro lado, ante la derivación realizada a una clínica privada, desde fuentes de Sanidad abogan por «no externalizar» los procedimientos de aborto y seguir el tratamiento en el mismo hospital en el que solicite, como es el Río Hortega en este caso. De esta forma, la investigación deberá esclarecer si la paciente recibió la atención que le correspondía y si los protocolos aplicados durante el proceso se ajustaron a la normativa vigente.