Vuelco en la gestión de la Feria de Valladolid para someterse a la contratación pública
Habrá un cambio de estatutos y el Ayuntamiento tutelará a la institución ferial
Cambios importantes los que se avecinan en la gestión de la Feria de Valladolid, una entidad veterana en la ciudad que hasta ahora iba ‘por libre’ y que tendrá que someterse a las normas de contratación pública, similares a las que rigen para el Ayuntamiento.
La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, en vigor desde octubre del pasado año, y antes la polémica Ley ‘Montoro’, de 2013, obliga a los consorcios, caso de la institución ferial, a gestionarse como una administración pública. La nueva legislación implica un cambio radical en el funcionamiento de la Feria de Muestras, que pasará a estar tutelada por el Ayuntamiento, la administración territorial que tiene mayor capital, un tercio, en un consorcio del que también forman parte la Junta, la Diputación y la Cámara de Comercio.
Los cambios que se avecinan pasan por una modificación de los estatutos, una cuestión que se abordará en la reunión, todavía sin fecha, de los miembros que forman el consorcio.
El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, uno de los tres representantes del Ayuntamiento en el consorcio, lo definió ayer como «una adaptación a un nuevo entorno legal». Una adaptación que afectará también a la designación del director, cargo del que se jubilará Juan Useros en junio, y a la elaboración de los presupuestos. De hecho, las cuentas de la Feria, y esta es otra de las novedades, pasarán a formar parte del presupuesto del Ayuntamiento.
Los cambios se recogen en un informe elaborado por el interventor general del Ayuntamiento, que será el encargado de realizar todos los años una auditoría de las cuentas de la institución ferial. Gato recordó ayer que, además de la modificación de los estatutos y la adaptación a los criterios de contratación pública, urge la aprobación del presupuesto de la Feria para 2017.
El pleno del consorcio es el encargado de la aprobación del presupuesto, aunque luego habrán de pasar también por el plenario del Ayuntamiento.
La nueva legislación también recoge que el director de la Feria debe pertenecer a alguno de los miembros del consorcio, Junta, Diputación, Ayuntamiento y Cámara de Comercio. En caso de que no haya candidato de ninguna de las administraciones o de la entidad cameral se habilitará un procedimiento de designación excepcional que está por concretar.
De todas las modificaciones, la adaptación al sistema de contratación pública es la que puede acarrear mayores problemas. El principal, la compleja tramitación del procedimiento hasta la adjudicación del contrato, mucho más simple en el caso de la actividad privada.
El concejal de Hacienda admitió que «puede dificultar algunos procedimientos que requieren mayor agilidad», pero añadió que las nuevas normas «no se las inventa el interventor» sino que ya estaban en la Ley de Racionalidad y Estabilidad de la Administración Local, la Ley ‘Montoro’, pero no se habían aplicado a la Feria.