La España ‘vacía’, una cuestión de Estado que no puede esperar
LA DESPOBLACIÓN y la sostenibilidad de los pueblos son las problemáticas más notorias en el ámbito rural. Según los últimos datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 8.125 pueblos que existen en nuestro país, 4.955 tienen menos de 10.000 habitantes. Los datos son elocuentes: el 90% de la población vive en el 30% del territorio, en concreto en Madrid y las zonas de litoral (incluida Barcelona). Un problema que se ve aumentado por la elevada esperanza de vida de los españoles junto al mayor envejecimiento de la población rural.
Entre las razones principales de la despoblación de nuestros pueblos podremos encontrar elementos esenciales que han deteriorado la capacidad de retención y de atracción de personas al entorno rural. Creo que habría que destacar al menos cinco. La primera es de carácter social: el envejecimiento de la población, a causa de las pocas oportunidades de trabajo para los jóvenes con alta formación. La segunda de índole administrativa: la existencia de normativas que dificultan o directamente impiden el emprendimiento en zonas rurales. Una tercera de naturaleza económica y a gran escala, señalando una inversión desigual tanto en infraestructuras como en promoción de lo urbano en detrimento de lo rural. La cuarta, existe un importante déficit tecnológico en relación a la conectividad, puesto que en los núcleos rurales es frecuente encontrarnos con zonas con muy poca accesibilidad a internet y redes de comunicación. Por último, la quinta es el déficit en lo relativo a la sanidad, educación, ocio y cultura.
Sin duda, estos son elementos que azotan el desarrollo poblacional español en el marco rural, a los que se podría añadir otros como las estructuras de convivencia familiar menos avanzadas, los problemas de movilidad… La percepción sobre la realidad rural de cara a sus habitantes se va afectada muy estrechamente por todo ello.
Sin embargo, no todo es pesimismo soportado en una percepción decadente. Ante nosotros surgen otras realidades luminosas cuando ponemos lo rural bajo el foco, fluctuando entre la visión idealizada del contacto con lo auténtico y la menos idílica y más fiel en mi opinión de un entorno informado y que entronca con la modernidad, con una mayor participación en el espacio público, una ‘red’ familiar, la posibilidad de movilidad residencial de quienes no encuentran trabajo en las ciudades, … Y un común denominador: la globalización que alcanza a todos a partir de la sociedad de la información.
Es evidente que hoy la agricultura no es ya solo la principal fuente de actividad económica en buena parte de los territorios rurales. Servicios, industria y comercio han tomado posiciones con gran consistencia donde adquiere un relevante peso específico la calidad de vida sustentada en valores medioambientales.
La sociedad rural ya no es tan distinta a la urbana ni refractaria al cambio. No obstante, seguimos hablando de las dificultades de desarrollo de las áreas rurales. Fundamentalmente basadas en las condiciones de sostenibilidad social por la despoblación y la existencia de mercados de trabajo poco dinámicos. En España, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 enmarca iniciativas de intervención en las áreas rurales con la puesta en valor de los compromisos medioambientales, el empleo rural y la calidad de vida para alcanzar el desarrollo rural sostenible.
A los factores que atenazan el desarrollo sostenible de lo rural es oportuno enfrentar posibles acciones desde diversos ángulos de lo público, lo económico y empresarial, lo comunicativo y lo tecnológico: Crear planes de desarrollo rural para fijar población, enfocados en facilitar la formación y el emprendimiento de la gente joven; potenciar el turismo como una oportunidad de dar visibilidad a los núcleos rurales y generar flujo de habitantes hacia las zonas rurales; implicar a los medios de comunicación, como una herramienta de difusión de las oportunidades en el mundo rural; incentivar la acogida de trabajadores a distancia, bajo el formato de teletrabajo, aprovechando el cambio de filosofía laboral de muchas empresas; y, por último, dar cobertura y conectividad a las zonas rurales con difícil acceso a la red telefónica y a internet.
El problema de la despoblación en España está en la agenda política nacional porque nos afecta a todos como país. A partir de la Conferencia de Presidentes celebrada a principios del año 2017, el reto demográfico ha adquirido aparentemente la naturaleza de cuestión de Estado. Sin duda, al menos un rayo de luz sobre lo que algunos llevamos reivindicando de forma fehaciente desde hace muchos años. El Gobierno socialista se ha comprometido a presentar antes de las elecciones la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Antes o después de la primavera, lo que se evidencia es lo imprescindible de un plan de actuación sólido y que su aplicación sea inmediata.
En mi opinión, la despoblación rural es la garantía del fracaso de las ciudades porque es síntoma del reto que deben asumir estas grandes áreas metropolitanas: garantizar la calidad de vida de una población que no para de crecer. Una meta que pasa por solucionar los altos niveles de contaminación y los problemas de transporte, las dificultades de acceso a la vivienda y el aumento constante de su precio, o incluso la falta de oportunidades laborales. El resultado del éxodo rural, de la pérdida de pueblos, es la creación de macrociudades cuya gestión sostenible es prácticamente una quimera, preludio del fracaso integral tanto de lo uno como de lo otro.
Comparto la visión de expertos en ciencias sociales que consideran que las posibles soluciones tienen que venir desde dos ángulos diferenciados: una paliativa, que asegure la calidad de vida del ciudadano, viva donde viva, y otra de acción, que camine hacia la promoción de los pueblos como vía para emprender un negocio o una vida.
Pero el problema de la despoblación no es endémico de España. Se produce en nuestro entorno europeo y se hace necesario mirar alrededor para encontrar planes de actuación eficaces, como pasa en Escocia y Francia, e incluso en España con los programas de Inversión Territorial Integrada o la Red Ibérica de Ecoaldeas que buscan invertir las dinámicas demográficas negativas a partir de evitar la degradación medioambiental.
Sin riesgo a equivocarme, diría que la mejora de las comunicaciones tecnológicas es en el siglo XXI el elemento más determinante en comparación con cualquier otro concepto a analizar para resolver la brecha socioeconómica de la despoblación rural. Si hay una medida necesaria para todos los que vivimos y operamos en el ámbito rural es garantizar un servicio universal de telefonía móvil, de banda ancha y de cobertura adecuada para todo el territorio. Sin este mínimo requisito, no hay actividad empresarial rural que pueda desarrollarse en condiciones competitivas.
Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de 14 millones de viviendas en España, tan solo 1,49 millones corresponde a viviendas en localidades de menos de 10.000 habitantes. De entre estas últimas, la fibra óptica alcanza solo al 24%, es decir, algo más de 350.000 hogares, frente al 71,5% en ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que suponen 4,5 millones de hogares. Las diferencias de capacidad con estas cifras son abismales a pesar que la evolución desde 2010 hasta 2018 ha sido positiva en relación a los hogares con acceso a internet. Sin embargo, la brecha digital en los municipios del medio rural sigue perdurando y eso condiciona indudablemente las oportunidades de vida y empresariales.
Para revertir esta situación se debe partir con una planificación integral del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, con actuaciones firmes, generosas y concretas apostando sin dudar por el fomento de la creación de un tejido empresarial y, por extensión, económico, de empleo y social en el ámbito rural.
No es posible relatar todas las líneas concretas de actuación, pero estas son las que pueden dar salida y pueden invertir la tendencia y conseguir que los pueblos vivan con las mismas condiciones que las ciudades, trabajar con mejores condiciones y disfrutar de una vida, ocio y cultura, igual o mejor que las que gozan las zonas urbanas.