Compromiso e implicación frente a la despoblación

La lucha frente a los retos demográficos se puede ganar, en Castilla y León y en España. No es tarea fácil, por eso hay que poner todos los recursos y políticas al servicio de esta meta, que tiene capacidad para articular un modelo de buen gobierno para Castilla y León. Un Gobierno capaz de poner en activo todos los enormes recursos de esta tierra al servicio de la creación de empleo, dispuesto a garantizar una buena sanidad, una buena educación y los mejores servicios sociales en todos sus territorios; un Gobierno capaz de escuchar y de ganarse la confianza de la ciudadanía «a pie de obra».

¿Qué menos le pueden pedir los jóvenes al Gobierno de su Comunidad que la garantía del derecho a vivir y trabajar en su propia tierra? Eso ya se lo exige a la Junta el Estatuto de Autonomía. Y hay que cumplirlo.

La (des)población es el problema de la Comunidad más sentido por la ciudadanía, con un tratamiento más sensible en la agenda pública y omnipresente en la agenda política, desde hace algunos años.

En el arranque de la autonomía, dos eran los problemas estructurales que estaban sobre la mesa: los desequilibrios demográficos y la desvertebración territorial. El Gobierno de Demetrio Madrid puso en pie el autogobierno y empezó a sentar las bases de una política demográfica y territorial, impulsando la cooperación entre ayuntamientos a través de mancomunidades y poniendo los cimientos de un plan de comarcalización.

Más tarde, a pesar de que empezaron a generalizarse los saldos vegetativos negativos, el PP decidió mirar para otro lado, centrarse en la política sectorial e ignorar sus efectos demográficos, apuntándose a las maduras, cuando el ciclo económico lo ha permitido y jugando al agravio comparativo y a buscar culpables cuando las cosas han venido peor. No ha gobernado, ha gestionado malamente el presupuesto y ha asistido al esfuerzo colectivo para sacar adelante Castilla y León y cada uno de sus territorios. Gobernar es otra cosa, es imaginar y crear futuro, y liderar el esfuerzo por conseguir la Comunidad que queremos.

Castilla y León nunca ha tenido una política de población seria. En 2005 llegamos a un acuerdo en las Cortes para sacar adelante una Estrategia de Lucha contra la Despoblación. Descubrimos que lo único que pretendía el PP era sacar el tema del debate político, sin compromisos, sin presupuestos, sin seriedad. No tuvieron palabra. Desde entonces, no han sido capaces de demostrarnos que se lo tomaban en serio.

En el esfuerzo por amagar que se estaba trabajando en ello, en 2010 el PP sacó de la chistera una Agenda que situaba el problema en el «imaginario colectivo». Desde ahí, las cosas han ido muy a peor. Hoy, Castilla y león pierde población a un ritmo superior que el de los años 60, la década del éxodo rural más duro.

El último descubrimiento del PP al frente de la Junta fue declararse incompetente e imputar el problema al Gobierno de España y a la UE, sin demostrar qué se estaba haciendo para abordar la cuestión demográfica, en ejercicio de las amplísimas competencias de autogobierno de la Comunidad. En esta legislatura, con los peores datos de pérdida de población, ni se han preocupado por simular que se trabajaba en alguna dirección para atajar este problema.

En esta, como en cualquier otra política, la clave es un buen diagnóstico.

Algunos datos son inevitables: Al inicio de este siglo XXI Castilla y León suponía el 6,12% de la población española, mientras que en la actualidad ya no somos más que el 5,21% y, si se cumplen las proyecciones del Institucional Nacional de Estadística (INE), seremos el 4,77% del total nacional en el año 2033. Perderíamos 206.000 habitantes en los próximos 15 años, la comunidad autónoma que más mermada vería su población, hasta quedarnos en 2.211.747 habitantes.

Gobernar Castilla y León hoy es evitar que esas proyecciones se cumplan. No son profecías. Nos dicen cómo pueden ir las cosas si no se cambia la dinámica actual. Pero se puede cambiar. Hablan más del presente que del futuro, un futuro que no es inevitable.

Nuestro proyecto de Gobierno pone la lucha contra la despoblación en el centro en torno al cual tienen que pivotar el conjunto de las políticas públicas de la Junta. Sabemos que solo se puede recuperar la confianza de la ciudadanía en el autogobierno si los responsables públicos nos hacemos cargo del abandono en que se ven los jóvenes. De ahí nuestro Plan de Retorno del Talento Científico y Profesional presentado recientemente a la sociedad.

Castilla y León hoy sufre no una sino dos despoblaciones. La que tiene que ver con los saldos vegetativos negativos, que produce un desequilibrio en el modelo de poblamiento y su sostenibilidad social, que afecta en mayor medida al ámbito rural; y la que expulsa a la población joven en edad de trabajar, con más incidencia en las áreas urbanas y municipios intermedios, que pone en riesgo la sostenibilidad económica. El resultado, en términos demográficos, es una densidad baja y decreciente, el sobre-envejecimiento, la caída de la natalidad y la pérdida continua de población. Algo que sólo podremos comenzar a frenar si la ciudadanía ve una firme voluntad política por garantizar servicios públicos básicos; por ejemplo, como he propuesto, blindando en nuestro Estatuto de Autonomía los servicios sociales.

La clave para abordar estos retos es una política de Comunidad que implique compromiso político y económico de la Junta, acuerdo político y pacto social, porque las políticas de población tienen que mirar, al menos, al medio plazo y poner en marcha un Pacto por la Reindustrialización con la implicación de toda la sociedad. O medidas fiscales adecuadas y reequilibradas y justas.

Es preciso también tener bien claros los principios de cohesión social y cohesión territorial y los objetivos intermedios, porque en primer lugar hay que parar la pérdida insostenible de población y los desequilibrio, fracturas económicas y demográficas que se han visto profundizadas por la crisis y el (des)gobierno del PP.

Las políticas de cohesión social hay que abordarlas en términos de igualdad de oportunidades y estatutarios, con independencia del lugar en que se viva. Eso implica dotación de servicios e infraestructuras como la banda ancha en el medio rural, crucial para el asentamiento de pymes.

Las de cohesión territorial tienen que partir del derecho de todas las comarcas de la Comunidad a desarrollar su vocación territorial; es decir, a poner sus singularidades y sus mejores recursos al servicio de la promoción de la actividad económica y la creación de empleo.

Eso exige otro estilo de gobierno, otra estrategia política. No nos votan para engañar a nadie, como ha hecho el PP, pensando que cuando los jóvenes votaban con los pies –marchándose- aseguraban sus mayorías. Nos votan en las comunidades autónomas para activar gobiernos de proximidad, con capacidad para sentir el pulso de la gente. Con humildad para gobernar con los ayuntamientos, las juntas vecinales y las diputaciones que representan el mejor capital institucional de esta Comunidad. Con valentía para exigir al Gobierno de España y a la UE el cumplimiento de todas las aspiraciones de Castilla y León, con la autoridad que da cumplir con el desempeño de las propias competencias. Y, finalmente, con orgullo de esta tierra, que alberga los recursos para competir en la economía sostenible, y de sus gentes con capacidades, voluntad e inteligencia para aprovechar las oportunidades, como las que se nos presentan en las próximas convocatorias electorales. Con los mismos políticos y las mismas políticas públicas no esperemos resultados diferentes.