Ayudas para relanzar el empleo de los más vulnerables
RELANZAR LA CONTRATACIÓN de los más vulnerables es el objetivo que se busca desde la Junta de Castilla y León con el nuevo anteproyecto de ley, en el que se plantea el requisito de «un mínimo de un 2% de horas para trabajadores en riesgo de exclusión».
«Si un contrato de la administración sirve para promover una sociedad más inclusiva es obvio que la institución estará cumpliendo mejor sus fines, siendo más eficaz y eficiente». Para que esta filosofía empape el ámbito de las subvenciones públicas, la Junta de Castilla y León primará en el acceso a las mismas a aquellas empresas que hagan una apuesta activa por los colectivos más vulnerables y las medidas de conciliación.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico excluirá de sus ayudas a las compañías que hayan sido sancionadas por eludir sus obligaciones en esta materia. Este es el objetivo al que ser aspira en el marco de la nueva de Ley de Contratos de la Administración autonómica, que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia la incorporación de ese incentivo como uno de los principales retos de la Administración autonómica para los próximos meses.
Una marco legal en el que, además, se resalta el objetivo de aprobar un nuevo acuerdo en materia de responsabilidad social en la contratación destinado «incrementar el porcentaje de reserva» en la oferta pública a las personas con discapacidad, que en estos momentos es del 10%; establecer como «obligatorias para todos los contratos» las cláusulas sociales que ahora incorporan ocho de cada diez; y extender los proyectos de inclusión sociolaboral, que arrancaron a finales de 2017, a todos los contratos de obra «a partir de una determinada cuantía» con el requerimiento de «un mínimo de un 2% de horas ejecutadas por parte de trabajadores en riesgo de exclusión».
Unas políticas que desde el Ejecutivo autonómico se tiene la intención de ampliar a las entidades locales a través un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) que sirva para poner «en común modelos y pliegos-tipo que faciliten estas prácticas».
Sin duda, toda una serie de buenas ideas, medidas y planteamientos. Ahora el objetivo pasa por pasar de las palabras a los hechos. Todo esto debe plasmarse y ser una realizar que tenga como objetivo final el impulsar la entrada a ese mercado laboral tan difícil a las personas más vulnerables. Precisamente a aquellas a quienes les resulta aún más complicado el poder ocupar un puesto de trabajo en ese mercado.
El planteamiento es bueno y debe ser valorado como se merece. El reto de la Junta pasa por ponerlo ya en marcha y comenzar a aplicarlo.