Un accidente mortal en la mina que pudo evitarse
CONTUNDENTES. SÓLO ASÍ puede calificarse el escrito del fiscal sobre el accidente minero de la Hullera, que en octubre de 2013 segó la vida de seis mineros y dejó heridos a otros ocho. Pero, además de contundentes, son concluyentes porque vienen a determinar con claridad que este accidente mortal en la mina pudo evitarse.
Habría bastado con que se hubieran tenido en cuenta, según detalla la Fiscalía, las innumerables irregularidades que presentaba el macizo en el que se produjo el fatal accidente, en el pozo Emilio del Valle de la minera que preside Antonio del Valle.
Sin ir más lejos, en 2009, la autoridad minera calificó el lugar donde murieron los seis mineros en 2013 como «sospechoso de desprendimeintos instantáneos». Y lo hizo justo después de «un desprendimiento de metano –grisú– con arrastres de carbón». Pero es que en marzo de 2010 tuvo lugar otro accidente. A esto se le añade que la mina de la Hullera estaba calificada como «de categoría 3 de grisú, muy grisuosa», sin que se adoptaran «mayores medidas de seguridad».
Pero es que, según desvela el fiscal, «donde tuvo lugar el accidente no existía proyecto de explotación», sin que la autoridad minera lo paralizara. Al contrario aprobó el plan de labores en 2013. La Fiscalía señala que «existían claros avisos que imponían desde muchos días antes del accidente paralizar la explotación».
La ventilación era «insuficiente e inadecuada» por la mala ubicación de los ventiladores. Es más, el Ministerio público, no duda en reconocer que de haber estado bien colocados eso sistemas de ventilación, «alguno de los accidentados no hubiesen fallecido». Desde la Fiscalía se deja claro que no se tomaron «las medidas adecuadas para hundir la bóveda».
Estas son algunas, las más importantes, de las irregularidades que presentaba el pozo y contra las que no se actuó por parte de la Hullera, a cuyos representantes acusa directamente de no adoptar las medidas para evitar el accidente. Pero es que tampoco la autoridad minera ejerció su obligada labor de control.
Resulta muy difícil de entender, y seguramente mucho más de explicar, como desde esa autoridad minera de la Junta se permitiera seguir trabajando en una galería que, a la vista de lo que ahora se conoce a través del fiscal, presentaba estas anomalías. Cómo es posible que no se ejerciera esa labor de vigilancia y control, y sí se llevó a cabo, alguien deberá explicar por qué no se paró de inmediato la actividad en ese lugar.
El escrito del fiscal no admite lugar a dudas, ni siquiera a interpretaciones. Su contundencia se resume en esta afirmación: «El accidente era evitable y previsible».