EDITORIAL

Avanzar en la igualdad para acabar con los delitos sexuales

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CASTILLA y León mantiene la tendencia de 2016 de reducción de los hechos delictivos.Se puede decir que es una de las comunidades autónomas del país más seguras. El conjunto de infracciones desciende un 1,5% en el primer semestre, mientras que aumentan ligeramente en el conjunto del país.

Sin embargo, esta buena noticia resulta empañada con el aumento de los delitos contra la libertad sexual, dentro del los cuales se registra un repunte de las violaciones.

Son datos oficiales del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de los primeros seis meses. Hay que tener en cuenta que se producen agresiones sexuales que por distintos motivos no llegan a denunciase.

Que se produzca este repunte puede deberse en parte a la creciente conciencia de las mujeres de que hay que denunciar para acorralar a los agresores. En cualquier caso, la sociedad no puede permitirse que estos delitos vayan en aumento. Son infracciones muy graves que atentan contra la libertad de las personas y que ponen de manifiesto la necesidad de intensificar todo tipo de medidas para conseguir acabar con las causas que llevan a considerar a las mujeres personas de segunda clase.

El camino hasta poner fin a este tipo de delitos va a ser largo. Y en ese camino deben implantarse medidas de todo tipo: educativas, laborales, sociales, económicas... Ysobre todo ir evaluando su eficacia en la medida en que se ponen en marcha.

El primer paso es que las víctimas tomen conciencia de que deben denunciar. Que quien abusa una vez es muy probable que vuelva a hacerlo y hay que ponérselo cada vez más difícil para que la seguridad de las personas, sobre todo de las mujeres, sea una realidad más pronto que tarde.

Se trata también de extender más la conciencia de los ciudadanos de que nadie puede condenar a las mujeres a vivir con miedo y a pensar que su seguridad está en peligro.

Castilla y León debe avanzar más y mejor en la lucha contra los delitos penales. En este objetivo, deben implicarse todas las administraciones. El caso de la pequeña Sara en Valladolid, donde falló la coordinación institucional, debe servir para profundizar en el análisis de lo ocurrido. No valen las actitudes autoexculpatorias, sino admitir errores para corregirlos.

Este caso pone sobre el espejo la necesidad de dar protección a las víctimas y en mayor medida a las más indefensas. Hay mucho por hacer, empezando por el ámbito educativo para que los alumnos tomen conciencia de la igualdad desde pequeños. Acabar con este tipo de lacras pasa por dar un gran salto en la igualdad de oportunidades y en la idea de que es inadmisible atentar contra la libertad y la seguridad de los demás.