Campesinos farrucos
QUIENES SOMOS de pueblo y lo llevamos con orgullo, sabemos bien hasta qué punto pueden encebollarse los asuntos más nimios cuando se atizan rivalidades fronterizas. Lo inusual es que esto ocurra en un espacio sin más fronteras que las artificiales, como es Tierra de Campos, que engloba pueblos de Palencia, Valladolid, León y Zamora. Y sin embargo, la bronca ha prendido en Villafrechós, el pueblo garrapiñado de Valladolid que fue señorío de los Osuna, con una señal de tráfico que anunciaba la iglesia románica de Santa María del Río en el vecino pueblo de Castroverde de Campos. En el litigio, su alcalde popular Miguel Ángel Gómez ha mostrado un arrojo que ojalá reservara para los asuntos mollares de sus vecinos, arrancando la indicación de la iglesia románica de Castroverde.
Aunque el gesto mereciera, en primer lugar, una severa admonición gerundiana, porque ambos pueblos se encuentran en la ruta campesina de fray Gerundio de Campazas, lo que ha recibido el munícipe fructuoso es una educada comunicación de Javier Ramírez, director general de Turismo, haciéndole ver que la señal arrancada estaba instalada en la zona de dominio público de la carretera autonómica y por tanto no precisaba permiso municipal. Y ahí asoma lo peor de esta gresca peregrina. Porque el alcalde garrapiñado y su arquitecto municipal replican, en lugar de avergonzarse y taparse prudentemente el bochorno, que la señal indicadora de la iglesia románica se instaló en una acera y no sobre el asfalto, por lo que hubiera requerido autorización municipal.
Lo que no cuenta en su informe el arquitecto inductor al intrépido munícipe es que las travesías urbanas de las carreteras son dominio público de la vía y por eso las urbaniza, las paga y señala la administración titular de la carretera. Al contrario, atiza la revancha pueblerina frente al pueblo vecino hablando de «usurpación de la acera», que ha obligado al ayuntamiento a «la protección del bien usurpado» arrancando la señal. Y lo peor es el estrambote, que trata de amparar una miserable venganza en la autonomía local garantizada por la Constitución.