Un impulso a la protección de las familias más vulnerables
EL CONSEJO de Gobierno conoció ayer el anteproyecto de ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección de personas y familias que reconoce nuevos derechos y recursos para atender a los colectivos más vulnerables.
El texto normativo seguirá ahora una vía de tramitación interna antes de que la Junta lo remita a las Cortes regionales para su debate y posterior aprobación parlamentaria.
El documento representa un nuevo impulso a la protección de las personas y familias más necesitadas y con menos recursos. Este avance sobre la red creada en 2013 implica, entre otros derechos, el pago hasta la mitad del alquiler o la hipoteca a familias con ingresos inferiores a 530 euros mensuales, el equivalente al IPREM. Además, establece también como un derecho reconocido legalmente un servicio de provisión inmediata de alimentos a los que tienen menos recursos. El nuevo anteproyecto de ley supone un avance respecto a la situación actual porque, cuando lo apruebe el Parlamento regional, ya no será una medida coyuntural, sino un derecho para las personas y familias más desfavorecidas de la Comunidad. En definitiva, se trata de «un arma» más potente contra la pobreza que el actual, que llegará a más personas con el fin de que la salida de la crisis no favorezca sólo a los que tiene ya un empleo de calidad o perciben la recuperación económica.
El texto que ayer conoció el Gobierno de Castilla y León fue acordado el pasado 10 de marzo en el seno del Consejo del Diálogo Social. Refuerza con once nuevos recursos los 23 implantados en el momento más duro de la crisis. Su carácter netamente social pretende también prestar atención a numerosos colectivos con dificultades más extremas; entre ellos, las mujeres víctimas de violencia machista, las personas con discapacidad, los mayores más desamparados y los parados de larga duración con dificultades de inserción.
La fortaleza de este nuevo impulso a la red de protección de la Comunidad también radica en que se refuerzan los fondos de solidaridad, los planes de inserción y se prevén acuerdos contra la pobreza energética, al tiempo que se establece una comisión de seguimiento y se crea un mapa de recursos para conocimiento público.
La crisis económica está aún lejos de desaparecer para muchas familias y personas, lo que implica que la tramitación de esta ley debe hacerse con agilidad y su cumplimiento debe sortear con facilidad los frenos de la burocracia administrativa. La Junta debe acelerar al máximo este positivo nuevo marco normativo que reconoce derechos que hoy no están contemplados.La oposición debe favorecer también esa agilidad y facilitar, incluso con aportaciones que mejoren el texto, el acuerdo adquirido con sindicatos y patronal.